Corrupción política

El juez de 'Púnica' rastrea los sobrecostes de obras que la Comunidad de Madrid adjudicó en cinco años por 1.000 millones

Tono Calleja | Alicia Gutiérrez

El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, rastrean entre la "ingente" documentación sobre las obras en los municipios obtenida de la Comunidad de Madrid los sobrecostes de las adjudicaciones del Plan de Inversión Regional (Prisma).

En concreto, el magistrado y los agentes peinan todas las obras, cuyo montante total entre los años 2006 y 2011 supera los 1.000 millones de euros, para determinar los beneficios que han podido obtener las empresas de la trama liderada por el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.

El 24 de febrero pasado, Velasco reclamó con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción a la sociedad pública Nuevo Arpegio SA, dominada por Granados, "la relación de contratos adjudicados con cargo al plan Prisma entre los años 2006 y 2011". El instructor pedía además a la empresa dependiente de la Comunidad de Madrid que especificara toda la información "que resulte de los registros informáticos".

Amañadas adjudicaciones

"La documentación incautada en los registros, los volcados informáticos y las declaraciones de testigos e imputados han patentizado amañadas adjudicaciones desde Arpegio", completa el juez en el auto de 24 de febrero, que recuerda que la declaración del arrepentido David Marjaliza, uno de los cabecillas de la trama, desmuestra que Granados utilizó su poder como consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid para controlar las adjudicaciones del Plan Prisma: "Lo que le permitió poder solicitar a los empresarios que iban a resultar adjudicatarios, una cantidad de dinero en efectivo en concepto de comisión por tal adjudicación", destaca el juez en el mencionado auto, que ha permanecido secreto hasta hace menos de un mes.

De esta forma, el Gobierno de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes aportó, a requerimiento del juez, según consta en el sumario al que ha tenido acceso infoLibre, un listado de las licitaciones y los contratos modificados del Plan Prisma, muchos de ellos vinculados a las empresas de Granados y sus socios.

Entre los documentos de 2007 aparece, por ejemplo, la rehabilitación en la urbanización Santo Domingo, en el municipio de Algete; dos adjudicaciones de renovación de asfalto y alumbrado en Aranjuez; y mejoras en glorietas en Majadahonda. Sólo en estas obras, la sociedad Virton Construcciones y Proyectos se benefició de sobrecostes por 221.148 euros.

Según Marjaliza, Virton fue una de las empresas beneficiadas por Francisco Granados en su etapa como máximo responsable de Nuevo Arpegio. Además, la Fiscalía Anticorrupción investiga si esta empresa aportó 100.000 euros del millón que supuestamente reclamó en 2007 el número dos de Esperanza Aguirre a una veintena de alcaldes del PP de la Comunidad de Madrid.

El Plan Prisma es como se denominan las obras y servicios que la Comunidad de Madrid realizaba en todos los municipios de menor población con la empresa Nuevo Arpegio. Pese a ello, los Ejecutivos del PP invertían en ellos importantes cantidades de dinero. Y según el juez, "la presidencia por parte de Francisco Granados de Arpegio y de la Fundación en un primer momento permitió a dicho investigado controlar la venta de suelo público de la Comunidad".

Adjudicaciones de suelo

En su auto de 1 de junio pasado, el juez Velasco apunta que se están estudiando "las adjudicaciones de suelo público a través de los consorcios urbanísticos, aflorando indiciariamente la obtención de elevadas ganancias ilícitas por la trama investigada. Se revela un uso indiscriminado de la empresa pública de la Comunidad de Madrid Arpegio Áreas de Promoción empresarial SA y de la Fundación Arpegio dependiente de dicha sociedad", destaca el instructor.

El propio Marjaliza reconoció haber abonado dinero negro tras resultar adjudicatario de vivienda pública en el municipio de Getafe, gobernado entonces por el socialista Pedro Castro. Un informe de la Agencia Tributaria investiga las cooperativas de viviendas Lares del Sur Sociedad Cooperativa Madrileña y de Altamira Sociedad Cooperativa.

Según Hacienda, estas cooperativas abonaron en total 4.281.677 euros a empresas que la investigación vincula con la red corrupta encabezada por el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados. "Hay que conocer la razón de dicha facturación", adelantaba el informe realizado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

infoLibre

se ha puesto en contacto con el exregidor de Getafe Pedro Castro, que ha rechazado haber cometido cualquier ilegalidad en la adjudicación de la vivienda pública en colaboración con la empresa Nuevo Arpegio.

Pago "de un peaje"

Marjaliza también aseguró al juez que Granados aprovechó sus cargos en la Comunidad de Madrid para controlar las ventas de suelo del Gobierno regional y la adjudicación de vivienda protegida y de obra civil, para solicitar "el pago de un peaje a los empresarios interesados en dichas adjudicaciones para la consecución de las mismas".

Pero el juez Velasco va más allá, y sin especificar a qué documentación se refiere, asegura en el auto en el que niega la libertad a Granados que está analizando "una ingente cantidad de documentación, tanto en soporte físico como digital, intervenida en los últimos registros realizados, documentación que está proyectando potentes indicios y datos objetivos de la recepción de dinero por este investigado [Granados] para posible financiación del Partido Popular".

Además, el instructor resalta que Granados "ha abusado del desempeño de sus sucesivos carqos públicos para conseguir la adjudicación de un sustancial número de contratos públicos de obras y servicios, a favor de empresarios que le abonaban importantes comisiones por la consecución de las amañadas adjudicaciones". Y según el mencinado auto, estos pagos permitieron al presunto cabecilla de la red Púnica desviar fondos públicos.

Más sobre este tema
stats