Médicos y pacientes reclaman un modelo farmacéutico que no anteponga el beneficio a la salud

Durante 2015, el caso de los costosos fármacos que ofrecen tasas de curación del 90% a pacientes con hepatitis C puso sobre la mesa el debate de hasta qué punto son o no aceptables los precios a los que los laboratorios venden fármacos determinantes para la vida de las personas. Por ejemplo, la comercializadora del primero de estos medicamentos innovadores, la empresa farmacéutica Gilead lo empezó vendiendo en España a un precio 180 veces más caro de lo que le costaba producirlo.

Las protestas de los afectados acabaron forzando al Ministerio de Sanidad a elaborar un plan que garantizara el acceso prioritario a los 51.964 pacientes más graves, es decir, los que en todo el país tienen una fibrosis hepática significativa. Aunque hubo algunas quejas por la "falta de equidad" en el acceso a los fármacos, lo cierto es que conforme los afectados comenzaron a ser atendidos mermó la intensidad de sus protestas y el tema salió de la agenda mediática.

Ahora, ante el nuevo horizonte electoral de los comicios generales del 26-J, los colectivos de médicos, investigadores y pacientes que integran la campaña No es sano pretenden que se vuelva a visibilizar su reclamación de un modelo farmacéutico en el que no se anteponga el beneficio a la salud. En este sentido, alertan de que sólo el 10% del gasto farmacéutico en I+D se destina a las enfermedades que afectan al 90% de la población.

Entre sus peticiones está que haya más transparencia sobre los precios reales de las medicinas; que se introduzcan criterios de interés público para toda inversión realizada por el Estado y que, cuando la haya, esta inversión tenga repercusión en el precio final del medicamento; así como promover iniciativas de I+D basadas en nuevos modelos de innovación que no dependan exclusivamente de las patentes y que no dejen fuera las enfermedades raras y las que afectan especialmente a países pobres. 

01. Transparencia 

El debate sobre el coste real del desarrollo de un fármaco no está ni mucho menos cerrado porque los datos varían sensiblemente según la fuente consultada. A preguntas de infoLibre, la patronal Farmaindustria cifra –citando a la Universidad de Tufts de Boston– en 2.285 millones de euros el coste del desarrollo de un medicamento desde las primeras hipótesis en laboratorio con miles de moléculas (sólo una de cada 10.000 acaba siendo comercializada) hasta su aprobación final por las agencias reguladoras correspondientes, con todas las etapas intermedias de ensayos clínicos. 

Abel Novoa, médico de familia y especialista en bioética participante en la campaña No es sano, pone el acento sobre qué parte de este coste corresponde realmente a innovación y desarrollo y cuál se queda en iniciativas de marketing o de búsqueda de posicionamiento del fármaco en sociedades científicas y revistas con el objetivo de influir en médicos y pacientes. "La realidad es que no lo sabemos porque hay una total falta de transparencia", señala.

No obstante, a su juicio el verdadero problema es que ese oscurantismo también es una realidad en los productos farmacéuticos financiados total o parcialmente con dinero público. "Buena parte de la investigación básica se hace en universidades públicas. Cuando hay una molécula que funciona, estos centros suelen recibir suculentas ofertas de grandes laboratorios, que las acaban comprando para desarrollar después los fármacos y poder comercializarlos. Lo grave es que después no se refleja en el precio final esa inversión pública", señala Novoa. 

Relacionado con la transparencia, los colectivos que integran la campaña también reclaman que se publiciten los precios reales de transacción en la compra de medicamentos por parte del sistema público de salud, pues denuncian que el gasto farmacéutico no deja de subir "amenazando la sostenibilidad del sistema". En España, por ejemplo, los costosos antivirales de la hepatitis C han disparado el gasto en farmacia de los hospitales en el último año. También sigue al alza el gasto en la parte de las recetas que abona la Administración, lo que evidencia que no ha funcionado el copago que implantó el Gobierno del PP con el argumento de que al hacer a la gente pagar, el medicamento se ponía "en valor" y se generaría menos despilfarro. 

02. Nuevo modelo de I+D más allá del sistema de patentes 

En la campaña también hay críticas al actual sistema de patentes. "Consideramos que es necesario que se proteja la propiedad intelectual y que los laboratorios tienen derecho a recibir una contraprestación por la inversión que realizan, pero el actual sistema de patentes es excesivo. No puede haber un sistema de investigación y desarrollo que esté más interesado en proteger los derechos de propiedad intelectual que en garantizar la innovación de interés público y el acceso a los medicamentos", señala el doctor Novoa. 

En este sentido, lo que proponen los miembros de la campaña No es sano es una profunda reforma del sistema que garantice el derecho a la salud y el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita a un precio asequible, al tiempo que reconoce el legítimo derecho de las compañías farmacéuticas a un beneficio razonable por su actividad. Novoa apunta, por ejemplo, a fórmulas como compra de moléculas entre diferentes países o a la utilización de mecanismos que prevé la Organización Mundial del Comercio (OMC) como la emisión de una licencia para producir genéricos sin el consentimiento del titular de la patente cuando se considere que el precio es abusivo. 

Entre los afectados por este "sistema disfuncional de incentivos" están los países empobrecidos –no existen, por ejemplo, tecnologías sanitarias adecuadas y eficaces para enfermedades como el chagas o la malaria– y también la personas afectadas por las llamadas enfermedades raras que, por su baja prevalencia, tienen más complicado el acceso a la investigación clínica. Estas personas denuncian, además, el 34% de fármacos que existen para tratar estas dolencias están pendientes de comercializarse en España a pesar de haber sido aprobados por Europa por la demora en la decisión de financiarlos por parte del Ministerio de Sanidad. 

Sin embargo, la realidad de multitud de enfermedades raras es, precisamente, la ausencia de tratamiento. Lo sabe muy Elena Vergara, afectada por el síndrome de Behçet, una dolencia que causa afecciones articulares, nerviosas, circulatorias, oculares, bucales, genitales, digestivas o de la piel. Por el momento, hay localizadas en España 230 afectados por una patología que afecta a una de cada 100.000 personas. Vergara, a quien la enfermedad le impide llevar una vida normal, mantiene que su objetivo es que encontrar un laboratorio interesado en estudiar el síndrome de Behçet y que se establezca un centro de referencia en España para el tratamiento de la enfermedad.

03. Criterios de interés público 

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Los integrantes de la campaña No es sano señalan que también es preciso introducir criterios de interés público para toda inversión realizada por el Estado. "Estos criterios afectan al precio final de los productos, el acceso de pacientes a ellos e, incluso, la propiedad misma de la innovación", dicen en un manifiesto. En este sentido, piden que sólo se financien con dinero público aquellos medicamentos que tengan una ventaja terapéutica añadida. 

En esta línea, reclaman también que se ofrezca una información detallada sobre el proceso de elaboración de las normas y leyes que afecten a este sector, incluyendo la exposición del personal de la Administración y del órgano legislativo a diferentes actores que intervienen en él y la declaración de conflictos de interés por parte de los participantes en la toma de decisiones. Por ejemplo, infoLibre documentó el año pasado los casos de ocho ex altos cargos de la Administración pública sanitaria que pasaron a estar en nómina de grandes laboratorios.