Los abusos de la banca

El juez De la Mata mantendrá la investigación sobre los créditos de Blesa en el plazo de 18 meses pese a los obstáculos del fiscal

Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha logrado sortear por segunda vez in extremis la oposición de la Fiscalía Anticorrupción a investigar la gestión de los créditos hipotecarios concedidos por la Caja Madrid de Miguel Blesa a minoristas, según consta en un auto de 6 de junio, al que ha tenido acceso infoLibre.

Sin embargo, el juez no podrá superar en su investigación el plazo de 18 meses, en concreto hasta el 6 de diciembre de 2017, ya que ese es el periodo establecido por el Gobierno del PP tras la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en 2015 en el que fijaba los plazos máximos para llevar a cabo unas pesquisas judiciales. La nueva redacción de la Ley pone en manos de los fiscales la responsabilidad de acordar la complejidad de las investigaciones, que no pueden exceder los 18 meses de instrucción.

Para poder mantener las pesquisas sobre la gestión hipotecaria de Blesa, que el fiscal se ha negado a declarar complejas, De la Mata ha tenido que recurrir a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), en concreto el 324.4, que establece una excepción a la obligación del Fiscal a decretar la ampliación de los plazos de la investigación.

18 meses de prórroga

Este punto permite al juez establecer una prórroga de hasta 18 meses si "alguna de las partes personadas" lo solicita. Y por eso el pasado 30 de mayo, De la Mata firmó una providencia en la que pedía al fiscal y a la acusación de la asamblea Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ-15M), que reivindica sus orígenes en el Movimiento 15M, que dieran su opinión sobre la posibilidad de ampliar los plazos de investigación.

Y ahí de nuevo el Ministerio Público rechazó ampliar la investigación, ya que considera innecesario calificar un caso como complejo cuando no quiere que permanezca abierta, por lo que las pesquisas no podrían superar los seis meses de instrucción. Por el contrario, De la Mata sostiene en su auto que resulta "evidente la complejidad de la investigación de la causa".

Sin embargo, la asamblea Tribunal Ciudadano de Justicia, que fue la que interpuso la querella contra Blesa y una parte de su equipo, sí consideró necesario ampliar las pesquisas hasta el máximo permitido por la ley, que es de 18 meses. Y este escrito de la acusación ha permitido finalmente al juez De la Mata sortear el rechazo del fiscal, que en ningún momento ha visto delito en la actuación del comité ejecutivo de Caja Madrid.

Reabrir el caso

El juez admitió a trámite el pasado marzo una querella contra el expresidente de Caja Madrid y una veintena de responsables de la entidad, por la concesión de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. La denuncia apunta a que los dirigentes de la caja permitieron "el falseamiento y ocultación de cuentas" mediante la práctica de inflar estos créditos y concederlos sin garantías reales de devolución.

Por su parte, Blesa ha defendido en un escrito presentado en la Audiencia Nacional que la causa debe archivarse. Además de cargar contra los querellantes, acusa al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional de haber reiniciado el procedimiento en 2014 de forma indebida.

El magistrado, que ya tuvo que reabrir el caso con la oposición del Ministerio Público, justificó su decisión de impulsar las pesquisas en las conclusiones de un informe del Banco de España, de 20 de julio de 2009Banco de España, aportado por la acusación. Este documento, que fue reclamado por el juez al organismo regulador, daba cuenta de irregularidades en Caja Madrid en relación con los créditos condedidos a minoristas, especialmente a la población inmigrante.

También aquí el fiscal puso piedras en el camino de la investigación del juez, ya que también recurrió esta última petición de De la Mata, que fue posteriormente refrendada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Así, el Banco de España constata en el informe que en la entidad madrileña hubo "una deficiencia en la información sobre la capacidad de pago del acreditado, lo que ha derivado en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explican la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema".

Asociación ilícita y estafa

El documento del Banco de España ha servido al juez De la Mata para imputar a Blesa; a su número dos en Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj; al gerente de riesgos, Ramón Martínez Vílchez, y al director general de Tasaciones Madrid SA Ignacio de Navasqués, los delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita. Una de las principales acusaciones del regulador a la gestión de Blesa es que las tasaciones que realizaban en la entidad solían ser "notoriamente superiores a las establecidas posteriormente".

Por su parte, Blesa ha acusado a Podemos de "articular de forma artificial" la querella que ha provocado que la Audiencia Nacional investigue la concesión, por parte de la caja, de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. Asegura que la intención del partido liderado por Pablo Iglesias era la de sacar "rendimiento político" del proceso judicial.

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Audiencia mediática

El escrito de Blesa, adelantado por Europa Press, también asegura que el presidente del Consejo de Administración de una entidad financiera del volumen de Caja Madrid "no tiene intervención alguna en asuntos" como la concesión de hipotecas. "Resulta evidente sin que ello suponga petulancia ni afán elusivo", agrega. En su opinión, la única razón por la que se dirige la querella contra alguien "ajeno a los hechos" es "abusar del procedimiento penal" para obtener "una enorme audiencia mediática".

De la Mata ya ha respondido a Blesa al que recuerda que la Fiscalía --que siempre se ha opuesto a investigar estos hechos-- "no tiene el monopolio de la acción penal". Y agrega que existen mecanismos para evitar "actuaciones procesales espurias" como la que denuncia el exbanquero. La continuidad de la causa está en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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