Justicia mantiene paralizados los expedientes para obtener la nacionalidad española presentados desde enero de 2015

El Ministerio de Justicia mantiene paralizada la tramitación de las solicitudes para adquirir la nacionalidad española por residencia presentadas a partir de enero de 2015. “El expediente número uno de 2015 aún no está digitalizado”, informa un teleoperador en el 902 que el departamento de Rafael Catalá ha habilitado para consultar el estado de las solicitudes.

En una carta enviada al ministro el pasado 25 de mayo, CCOO le reprocha el bloqueo y le recrimina que su departamento sólo esté “interesado en resolver los expedientes presentados en 2014, que son para los que tiene suscrita la encomienda con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles”. El sindicato asegura que la razón del atasco no es otra que la falta de medios del ministerio: la digitalización y asignación de un número de registro es el primer paso del proceso y, sin él, no hay trámite hasta la concesión o rechazo de la nacionalidad. Así, el proceso puede llegar a prolongarse dos años, explican fuentes de CCOO.

El ministerio admite que “actualmente se están finalizando los expedientes de 2014”. Pero evita hablar de paralización y asegura que ya ha digitalizado 65.000 correspondientes a 2015. “Están digitalizados los documentos, pero no registrados, no se les ha asignado aún un número de expediente”, precisa Vicente Marín, abogado especializado en asuntos de extranjería. Por tanto, aún no existen como tales y su tramitación no se ha iniciado aún año y medio después. La página web de Marín, parainmigrantes.info, hace un seguimiento de los expedientes y de sus resoluciones. Así, el abogado asegura que las solicitudes presentadas desde el 1 de enero de 2015 en los registros civiles de toda España no están “ni registradas ni metadatadas”.

Además, las solicitudes cursadas de forma telemática, a través de la página web del ministerio puesta en marcha en noviembre de 2015 –por tanto con los documentos escaneados previamente por el propio interesado– sí tienen número de registro, pero tampoco están siendo tramitadas. “Justicia no ha pedido aún ninguno de los informes preceptivos a Interior o al CNI para esos expedientes”, apunta.

Es decir, el proceso se ha atascado en el primer paso, en teoría el más simple: la conversión de los documentos de papel en documentos digitales mediante su escaneado y correspondiente indexación. Esta operación la llevaron a cabo en 2012 y 2013 los registradores de la Propiedad y Mercantiles. Desde 2014 ha recaído en las manos del Ministerio de Justicia. Y no da abasto.

Cuando infoLibre le preguntó al teleoperador de Justicia cuándo van a empezar a digitalizarse los documentos, sólo pudo explicar que “hace falta implementar unas bases de datos y ciertos programas informáticos que se encuentran aún en periodo de prueba”. “Pero no se nos ha indicado”, añadió, “cuándo termina esa fase o cuándo comenzará la digitalización”. Una voz grabada informa previamente de que se pueden consultar los expedientes de nacionalidad española por residencia “anteriores a 2015” en la web del ministerio. CCOO advierte de que el enlace está roto y no funciona. Algo que Justicia niega: “Si da error en algún caso concreto es porque el expediente no se encuentra metadatado, no basta con que esté digitalizado”. Este periódico ha comprobado que los dos únicos enlaces disponibles no están operativos.

Los registradores ya no digitalizan

El ministerio empezó en 2012 a suscribir encomiendas de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para desatascar los 570.000 expedientes que se habían acumulado desde 2010 hasta 2013 sin tramitar. En cumplimiento de las dos primeras, el millar de registradores que hay en España digitalizaban los documentos, también pedían a las comisarías los certificados de antecedentes penales y a los ministerios de Interior y Presidencia –al CNI, el servicio de inteligencia– informes que acreditaran el tiempo de residencia del solicitante así como su “buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. Luego los remitían a la Dirección General de los Registros y el Notariado para que ésta elevara al ministro su propuesta de resolución.

Pero en 2014, con la tercera encomienda de gestión, los registradores dejaron de digitalizacon la tercera encomienda de gestiónr los documentos, que hasta ese momento los registros civiles de toda España debían remitir al número 540 de la calle de Alcalá, sede de los Registros de la Propiedad de Madrid. Aun así, siguen tramitando las solicitudes. Sólo que, si antes los digitalizaban gratis, la última encomienda les garantiza un pago de cuatro millones de euros a cambio de hacer sólo la tramitación.

Esa última encomienda, en cualquier caso, comprende las solicitudes presentadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. Hasta el momento el ministerio no ha firmado un nuevo encargo al Colegio de Registradores para que siga tramitando los expedientes de 2015 y 2016. Y es improbable que lo haga estando en funciones.

Abogados, procuradores, gestores y graduados sociales

Como cada año se presentan unas 150.000 solicitudes para adquirir la nacionalidad española, según el propio ministerio, el atranco hasta ahora puede superar los 200.000 expedientes desde el 1 de enero de 2015. A esa cifra habría que añadir los 140.000 recursos de años anteriores que Justicia tiene pendientes de resolver, destaca el abogado Vicente Marín, quien recuerda, además, que la plataforma telemática abierta en octubre de 2015 no funciona aún al 100%.

Ante semejante volumen de trabajo las fuentes de CCOO expresan su desconcierto por el hecho de que no se les permita hacer el trabajo de digitalización a los registros civiles. El sindicato, que lleva tiempo denunciando el intento de privatización de estas oficinas, afea a Catalá en su carta que, en funciones, se haya apresurado a negociar convenios con los colegios de abogados, procuradores, gestores administrativos y graduados sociales para que estos profesionales presenten directamente las solicitudes para conseguir la nacionalidad. Pero que ni siquiera haya comenzado a desarrollar el mandato que el mismo ministerio se dio en el decreto de octubre de 2015 para que los registros civiles también puedan digitalizar los documentos y presentar las solicitudes telemáticamente. Ahora sólo envían los papeles a Justicia para que éste los escanee e indexe. “Quieren dejarnos sólo la función registral y quitarnos toda la tramitación que hacíamos, tanto con los expedientes de matrimonio, que ahora pueden hacer los notarios, como con los de nacionalidad”, denuncian las fuentes de CCOO.

La diferencia entre ambas opciones es clara: los trámites en el Registro Civil son gratis, mientras que los profesionales colegiados cobrarán sus propias tarifas. No es una cuestión menor cuando, desde el pasado noviembre, obtener la nacionalidad por residencia cuesta entre 185 y 306 euros: 100 euros por la tasa que cobra el ministerio, 85 euros por el examen sobre “valores históricos, constitucionales y socioculturales de España” y 124 euros por el examen de castellano en el Instituto Cervantes.

De dos años a siete meses

El pasado 12 de mayo el BOE publicó una orden ministerial que detalla las condiciones en que Justicia suscribirá convenios con los citados colegios profesionales, así como “asociaciones y colectivos” que no precisa, para presentar las solicitudes de nacionalidad. De hecho, lleva tiempo manteniendo reuniones con los colegios para que pongan en marcha las plataformas informáticas necesarias.

Fuentes del Consejo General de la Abogacía aseguran que la negociación está aún “muy verde”. Por el contrario, el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, dice que su institución se ha comprometido a tener terminado a finales de julio el desarrollo de la plataforma informática, para que comience a funcionar en septiembre. Por su parte, una portavoz del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales habla de “reuniones quinquenales” pero “muy generalistas” que aún no han cristalizado en un borrador de convenio.

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Santiago Ollero aclara que los gestores administrativos ya han pagado “de su propio bolsillo” el desarrollo de la plataforma informática y prevé que los honorarios que percibirán estos profesionales por hacer el trámite serán “similares a la tasa” que exige Justicia. “Si se cobran unos 50 euros la hora y no se dedican más de dos horas a la gestión…”, calcula, “no se puede cobrar más”. Según el ministerio, la tarifa que apliquen abogados o gestores “no supone ningún sobrecoste para el ciudadano” porque éste “no está obligado a hacer su solicitud” a través de estos profesionales: puede acudir al Registro Civil o hacerlo él mismo por internet.

A su juicio, la incorporación de abogados, procuradores, gestores y graduados sociales a la tarea permitirá reducir a entre cinco y siete meses el tiempo de tramitación de los expedientes de nacionalidad. “La Administración no tiene medios, sobre todo humanos, para hacer el trabajo”, advierte.

Pero el atasco en el ministerio y las tasas no son las únicas disfunciones de los expedientes de nacionalidad. Los exámenes de castellano no se pueden hacer en todas las provincias, por lo que a muchos les cuesta un desplazamiento. Además, el Instituto Cervantes puede demorar meses la fecha para llevarlos a cabo. Tampoco se ha dispuesto ningún tipo de convalidación que permita a emigrantes con estudios universitarios realizados en España evitar el examen de castellano: sólo están exentos los ciudadanos procedentes de países latinoamericanos. Ni se aplica rebaja alguna en las tasas para familias numerosas o desempleados, critica CCOO.