Ley de Dependencia: hasta dos años y medio de espera para recibir una prestación

Los retrasos que soportan los ciudadanos para recibir las ayudas previstas por la Ley de Dependencia y los farragosos trámites administrativos constituyen algunos de los motivos de queja más recurrentes de la aplicación de la norma puesta en marcha en 2006 para reconocer el derecho que tienen las personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir una ayuda por parte del Estado.

Durante estos años, en algunos casos, los plazos de espera han sido tan acusados que miles de ancianos han muerto en toda España esperando lo prometido, tal y como viene denunciando en sus informes la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) –entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad– no ofrece datos oficiales sobre el tiempo medio que pasan los dependientes esperando por sus prestaciones.

No obstante, sí hay información oficial sobre la situación de la lista de espera en las diferentes autonomías, lo que sí permite evidenciar la desigualdad entre territorios. Por ejemplo, en Castilla y León apenas un 0,36% de los dependientes graves o moderados que tienen una prestación reconocida están en lista de espera para recibirla. Un procentaje muy alejado del 20,86% de Cataluña, del 23,83% de Aragón o del 40,56% de Canarias. 

En su informe de 2015, la Defensora del Pueblo [consultar, aquí] subraya que las demoras en el procedimiento de valoración de la situación de dependencia en Andalucía, Madrid, la Comunitat Valenciana y Murcia provocó que "numerosos expedientes quedaran paralizados" lo que dio lugar, en ocasiones, a que la persona solicitante "falleciese antes del reconocimiento de su derecho". Hay que tener en cuenta que el 72% de las personas beneficiarias de prestaciones tienen más de 65 años y que un 54% son mayores de 80. 

La ley establece que la Administración tiene seis meses de plazo para resolver las solicitudes presentadas y determinar si hay o no una situación de dependencia acreditada y, en su caso, qué prestación le corresponde recibir a la persona beneficiaria. Estas prestaciones se otorgan en función de la situación del solicitante y pueden ser desde una plaza en una residencia o en centro de día a un servicio de teleasistencia o una asignación económica para que el dependiente pague un servicio fuera del sistema público. 

No obstante, los más damnificados por las "medidas de sostenibilidad" adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy –en realidad, severos recortes, tal y como se recoge en esta información– son los beneficiarios de ayudas para el cuidado en el entorno familiar. La propia redacción de la ley recoge que los cuidados en casa solo se pagarían de forma excepcional, cuando los servicios profesionales no estuvieran al alcance. A pesar de ello, se conceden más pagas para los cuidadores familiares que prestaciones para abonar estos servicios fuera del hogar. Según los datos del pasado mayo –los últimos disponibles– hay concedidas 354.095 de estas prestaciones, un 35,21% del total. 

Pues bien, en julio de 2012 el Ejecutivo central metió un gran tijeretazo a estas ayudas. A través de un real decreto determinó que para las personas que, a partir de esa fecha, solicitaran prestaciones por cuidados familiares sus ayudas estarían sometidas a un "plazo suspensivo" de dos años. Es decir, que aunque tuvieran una paga reconocida no empezarían a cobrarla hasta pasado ese período. Este plazo, sumado a los seis meses de resolución de los trámites administrativos, hace que algunos beneficiarios puedan pasar hasta dos años y medio esperando sus prestaciones. 

Otros de los cambios fueron la reducción de un 15% como mínimo de las pagas que reciben los familiares por cuidar a dependientes, lo que se tradujo en un "ahorro" de unos 289 millones anuales; y la suspensión del pago de la cotización a las personas que atienden a familiares dependientes. En julio de 2012, en el punto más álgido de la serie, eran 180.021 las personas acogidas a este convenio. En mayo de 2016 apenas eran 10.346 las que se pagaban de su bolsillo la cotización. De ellas, un 90% son mujeres y una de cada dos tiene más de 56 años.  

Lista de espera 

Respecto a los tiempos de espera, lo que ocurre es rara vez se cumplen los plazos que marca la ley. Especialmente en comunidades como Canarias, Cataluña y Galicia donde la lista de espera entre los dependientes más graves es más numerosa. No obstante, el hecho de tener el derecho reconocido no significa recibir de facto la prestación. Lo sabe bien J. P., que en julio de 2015 inició en la Comunidad de Madrid los trámites para pedir una ayuda con la que afrontar el pago de la residencia privada en la que está su madre, de 96 años, y beneficiaria de una pensión mínima de apenas 600 euros. 

"Cuatro meses después del inicio de la tramitación se le hizo la valoración. En la resolución definitiva, que llegó en febrero de 2015, se le reconoció a mi madre una situación de dependencia en grado III [el máximo] y el derecho a recibir 715 euros mensuales en virtud de una prestación llamada Prestación Económica Vinculada al Servicio", señala J. P. a infoLibre. Esta es una ayuda, de las ocho que se conceden, que consiste en dar un dinero para que el dependiente pague por un servicio, una plaza de residencia, un centro de día o un cuidador profesional.

Sin embargo, han pasado cuatro meses desde entonces –y casi un año desde que iniciara el proceso– y la madre de J. P. sigue sin recibir ni un euro. "Cuando llamo a preguntar al servicio de atención me dicen que están a expensas de que tanto la Comunidad de Madrid como el Gobierno central libere fondos para pagar prestaciones y que serán los dependientes más graves los primeros que recibirán las prestaciones. Afortunadamente en mi familia podemos hacer frente a los gastos de la residencia pero, ¿qué ocurre con los que no? ¿pasan meses esperando por un derecho que tienen reconocido? ¿y con los que están valorados con grados menos graves?", se queja J. P. 

A preguntas de este diario, un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales y Familia madrileña insiste en que "no hay retrasos en las nóminas" y señala que el Gobierno regional ha aprobado una partida de 20 millones de euros que se destinará a la incorporación de nuevas altas. Asegura, además, que la Comunidad no vincula la atención a recibir ingreso alguno del Imserso y señala que el coste de la Dependencia es sufragado en un 85% por el presupuesto autonómico y en un 15% por los ingresos estatales. En cualquier caso, a día de hoy, la madre de  J. P. sigue sin recibir su prestación, igual que otras 5.944 personas más valoradas con grados II y III en Madrid. 

"Auténticos tapones" 

Lo que denuncian colectivos como la Plataforma Estatal de Gerentes de Servicios Sociales es que las comunidades –asfixiadas por los estrictos objetivos de déficit y que en 2012 perdieron la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado (283 millones de euros en 2011), que dedicaban a financiar infraestructuras, servicios y sistemas de atención– no son capaces de mantener la tasa de reposición y fallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema.

Eso ha provocado durante estos años "auténticos tapones" y que hubiera personas que han pasado hasta cuatro o cinco años esperando para poder cobrar una prestación, tal y como señala a infoLibre María del Carmen Prats presidenta de la plataforma de defensa de la Ley de Dependencia de la Comunitat Valenciana. Prats reconoce, no obstante, que las medidas puestas en marcha tras llegada del nuevo Ejecutivo han contribuido a reducir los plazos de espera. "Es cierto que ya se ha atendido los casos más graves y vemos que hay un cambio de rumbo, pero hay que ver cómo evoluciona el sistema ahora", señala. 

El informe de 2015 de la Defensora del Pueblo [consultar, aquí] señala que, tras un requerimiento de esta institución, el Gobierno de la Comunitat Valenciana le había remitido un informe en el que señalaba la existencia de una bolsa de más de 16.000 expedientes en lista de espera para ser valorados, cifraba en 27.000 las peticiones de valoración pendientes y en 40.000 el número de solicitudes de personas que aún no había visto reconocido ningún derecho. 

También en Castilla-La Mancha los colectivos de afectados perciben un cambio de tendencia. Aurelia Jerez, presidenta de la plataforma de defensa de la Ley de Dependencia castellano-manchega señala que tras la llegada del nuevo Gobierno socialista los plazos se han acortado "bastante". "Hemos pasado de tener esperas de hasta tres años a que ahora haya resoluciones que se resuelven en entre seis y ocho meses", señala. No obstante, a día de hoy sigue habiendo 7.132 personas valoradas como graves (grado III) y severas (grado II) sin recibir las prestaciones que tienen reconocidas. Son 2.806 menos que hace dos años. 

En Asturias, sin embargo, los colectivos de afectados aseguran que no ha habido avances. Ángel Rodríguez, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Copago del ERA, asegura que el período de espera medio en esta comunidad es de entre un año y medio y dos años. Los datos oficiales reflejan que el porcentaje de personas que está en lista de espera se mantiene prácticamente estable en los últimos dos años en torno al 13%. Actualmente 1.696 personas valoradas como graves y severas que siguen esperando su prestación, por las 2.346 que había en mayo de 2014.