La guerra policial que ha marcado la gestión del ministro Fernández Díaz

La presencia de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior ha estado marcada por la polémica constante: por promover reconocimientos oficiales a la virgen María, por entrevistarse de forma secreta en su despacho con el exvicepresidente Rodrigo Rato, investigado y procesado en varios casos de corrupción, y por la existencia de varios informes policiales contra rivales políticos, como es el caso de Podemos o los nacionalistas catalanes.

Querellas cruzadas, insultos y amenazas están al cabo del día en un cuerpo policial en el que grabaciones como la conocida este martes de la reunión entre Fernández Díaz y el jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso Laso, ya tienen varios precedentes.

Pero del paso de Fernández Díaz por Interior llama la atención, sobre todo, el conflicto abierto entre agentes, cuyos frentes antagónicos encabezan los comisarios José Manuel Villarejo, por un lado, y Marcelino Martín-Blas, por el otro.

Los comisarios Villarejo y Martín-Blas mantienen un enfrentamiento directo desde hace meses, que en el Ministerio resolvieron a favor de Villarejo, puesto que el segundo fue destituido al frente de la Unidad de Asuntos Internos -que investiga la comisión de delitos por parte de funcionarios policiales-. Fue destinado al consejo asesor hasta que el juez Arturo Zamarriego le requirió para que se encargara de la investigación del llamado caso Nicolay, en el que se investiga el fraude del conocido como pequeño Nicolás.

El magistrado ha llamado a declarar como imputado al comisario Villarejo, y como testigo al director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Estas citaciones se producen después de que el propio Martín-Blas remitiese el 20 de mayo un informe al juez en el que le solicitaba, entre otras medidas, la detención de Villarejo, su pareja y el periodista que publicó las primeras informaciones sobre el arresto del pequeño Nicolás.

Pruebas falsas

Además de estos arrestos, Martín Blas solicitaba la imputación de otras diez personas, entre ellas el director adjunto de la Policía, número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, quien se jubila este jueves 23 de junio al cumplir los 65 años, y de varios periodistas de distintos medios. El ex responsable de Asuntos Internos no pedía en cambio la citación de Ignacio Cosidó. El fiscal del caso se opuso a estas diligencias solicitadas por el mando policial.

En el marco de su enfrentamiento, el comisario Villarejo -quien se define a sí mismo como "agente encubierto"- llegó a acusar a Martín-Blas de haber fabricado pruebas falsas para involucrarle en las investigaciones en torno a las actividades del pequeño Nicolás. En ese momento, ambos dependían jerárquicamente del director adjunto Operativo de la Policía, Eugenio Pino, informa Europa Press.

Pese a la existencia de esta guerra abierta, el comisario Villarejo se ha mantenido en su puesto, mientras que sus antagonistas, como por ejemplo Martín-Blas, han sido removidos. Por contrario, el departamento decidió el cese fulminante de los comisarios Telesforo Rubio y Manuel Santano después de que se reunieran en un bar con el entonces diputado socialista y portavoz de Interior en el Congreso de los Diputados Antonio Trevín.

Estos son los casos más polémicos que ha protagonizado el Ministerio del Interior:

Grabación en el despacho del comisario de Asuntos Internos

En una conversación que fue grabada en el despacho del entonces comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, se habla de la necesidad de convencer al juez Zamarriego de que autorice el pinchazo del teléfono del pequeño Nicolás para incluir así en el caso las conversaciones que ya tenían grabadas presuntamente de forma ilegal.

En una denuncia presentada en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de 3 de marzo pasado, que se incluyó en un escrito dirigido a la jueza de Estepona que investiga el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Conejo, el comisario Villarejo acusó al juez Zamarriego de haber participado en lo que califica de un posible delito de amenazas y coacciones a un imputado para que emita un testimonio falso e incriminatorio.

"El propio juez Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, antes de iniciar la declaración del imputado Francisco Nicolás Gómez Iglesias, se ha dirigido a su letrado al que le ha dicho que quería cerrar cuanto antes el sumario y que no le interesaba demasiado la responsabilidad de su cliente, tan solo buscar la manera de imputarme como fuera", asegura Villarejo en la denuncia, a la que ha tenido acceso infoLibre.

Según esta denuncia, el juez le hizo al pequeño Nicolás una "oferta muy ventajosa, en el sentido de que solo tenía que decir dicho imputado que la grabación de la reunión, entre miembros del CNI y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que acreditaría que el teléfono del tal Nicolás estaba intervenido, se la había dado yo y que aunque sabía que no me conocía, eso se podía arreglar".

Pero Villarejo asegura que la misma oferta realizada por el juez Zamarriego la realizó poco después "con total impunidad el inspector Rubén", cuyo apellido no identifica, a Nicolás en presencia del policía municipal José González Hormigos.

Según el comisario Villarejo, el agente Rubén "es acólito de Marcelino [Martín-Blas]", y junto al juez habría ofrecido "minimizar las acusaciones para que ni siquiera ingresara en prisión, al mismo tiempo que "le garantizarían la seguridad absoluta hasta que yo fuera detenido y acusado".

Asimismo, el comisario aseguró en el comunicado enviado a la jueza de Estepona que los comisarios que alegaron haber sido cesados en sus puestos por haber investigado al propio Villarejo, en referencia a su archienemigo Martín-Blas, habían mentido: "Es un hecho rigurosamente falso, aparte de porque no había nada que investigar, porque primero tendrían que aprender a hacerlo", aseguró en el mencionado escrito.

Lucha INTERNA en el 'caso del ático'

El propio comisario José Manuel Villarejo, que es acusado por varios compañeros de realizar informes a la carta en diferentes casos de corrupción, aseguró haber sido objeto de amenazas de un compañero tras declarar ante la jueza de Estepona Isabel Conejo que el actual director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le había obligado a abandonar la investigación contra el expresidente madrileño.

Villarejo apuntó los nombres de otros compañeros, y confirmó que "el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le ordenó, a través del comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que no siguiera investigando". Martín-Blas cesó en su cargo de jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía después de investigar en el caso del pequeño Nicoláspequeño Nicolás a Villarejo.

Asimismo, el ex comisario general de la Policía Enrique Rodríguez Ulla, que fue apartado de su cargo tras iniciar la investigación sobre el ático del expresidente madrileño, confirmó que fue cesado "dos o tres días después" de comunicarle al Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino Sánchez, que dos agentes habían interrogado a Pedro Javier Villate, el primer propietario del dúplex de lujo. Asimismo, denunció el "ninguneo" del propio jefe de la brigada de blanqueo, José Luis Fernández Gudiña.

La jueza Isabel Conejo ha citado a declarar como testigos para el 27 de junio al propio Gudiña y al excomisario de Marbella Agapito Hermes de Dios.

Medalla policial a la virgen

El ministro Fernández Díaz fue el responsable de que Interior otorgara, mediante una orden de 3 de febrero de 2014, una medalla de oro al mérito policial a la virgen Nuestra Señora María Santísima del Amor.

Este reconocimiento fue posteriormente avalado por los magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que rechazaron el recurso presentado por la asociación Europa Laica en el que alegaba que la distinción se había concedido a una figura religiosa que no es persona física ni, por tanto, tiene entidad jurídica.

Las asociaciones Europa Laica y Movimiento hacia un Estado Laico han presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional contra la "ilógica" y "extravagente" orden del ministro del Interior. En el mismo, las organizaciones alegan que la sentencia de la Audiencia Nacional vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, causándoles "indefensión" al incurrir en una "aplicación arbitraria de la legalidad" alcanzando conclusiones "ilógicas, irracionales, esperpénticas y absurdas".

Informes policiales contra Podemos, MAs y Trias

Políticos de Podemos y de la antigua Convergència i Unió (CiU) han sufrido los ataques en forma de informes policiales sin firma, pero con membrete del Cuerpo Nacional del Policía (CNP). Y estos documentos eran filtrados a la prensa, e incluso al pseudosindicato Manos LimpiasManos Limpias. 

En el caso de Podemos, el informe llevaba por nombre el acrónimo PISA, en referencia a las palabras: Pablo Iglesias Sociedad Anónima. En este documento se llegaba a presentar una beca de la Fundación del Grupo de El Corte Inglés como una parte de la financiación ilegal de Podemos. El Tribunal Supremo archivó la querella que interpuso Manos Limpias al considerar que el documento era un simple conjunto de recortes de prensa que no tenían alcance penal.

El diario El Mundo también publicó en noviembre de 2012 un "borrador” de un informe policial sobre el caso Palau, y que apuntaba de forma directa al entonces presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, en plena campaña electoral.

Otro caso similar se produjo con el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, quien fue acusado de haber transferido a Andorra desde Suiza 12,9 millones. En estos momentos, un juez de Madrid investiga la filtración de este documento, cuyas conclusiones eran erróneas.

Denuncia del comisario Villarejo [PDF]

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Reunión con Rato

El pasado verano, el propio ministro Fernández Díaz se vio obligado a dar explicaciones sobre la reunión secreta que mantuvo en el propio Ministerio con Rodrigo Rato el 29 de julio. Al igual que este miércoles, el responsable de la Policía y de la Guardia Civil tuvo que escuchar cómo los partidos de la oposición pedían su dimisión, posibilidad que ni siquiera consideró.

Rato está imputado en tres casos de corrupción. Sin embargo, Fernández Díaz justificó su entrevista con el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por motivos de seguridad, ya que el exvicepresidente del Gobierno del PP, aseguró, había sido objeto de amenazas en las redes sociales.