Los CIE, “cárceles camufladas” que “doblegan la voluntad de los inmigrantes”

“El mayor castigo de mi vida lo he pasado ahí”. Así resumía Alhagie Yerro su estancia en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura. Lo hacía ante el Parlamento Europeo, donde denunció los supuestos abusos policiales que él y sus compañeros sufrieron en los 40 días que pasaron recluidos en el centro. No es el único relato dramático sobre la estancia de un inmigrante en un CIE que se ha conocido. Diversas ONG como Pueblos Unidos o SOS Racismo vienen denunciando algunos episodios de las condiciones en las que se interna a los extranjeros.

Además del de Fuerteventura, existen otros siete centros de este tipo en España, ubicados en los municipios de Algeciras, Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Murcia, Tenerife y Valencia. Desde su aparición en el ordenamiento jurídico español con una Ley Orgánica del año 1985, han sido una de las causas principales de enfrentamientos entre las instituciones y organizaciones no gubernamentales, que han denunciado vulneran los derechos humanos de los inmigrantes obligados a vivir en ellos, además de suponerles diversas secuelas psicológicas difícilmente superables.

La definición que hace el Ministerio del Interior sobre los CIE es una de las discrepancias. Son catalogados de “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”. Sin embargo, la visión de las ONG es completamente diferente. “Los Centros de Internamiento de Extranjeros ocultan una realidad que poco dista de la vida en una prisión. Cárceles camufladas sin garantías penitenciarias para personas que, en la mayor parte de los casos, no han cometido ningún delito”, según el informe Situación actual de los centros de internamiento de extranjeros en España y su adecuación al marco legal vigente, realizado por la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia y la Universidad de Valladolid para la organización Pueblos Unidos-Servicio Jesuita a Migrantes.

Los CIE, según el reglamento actual que los regula, el Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo, funcionan como centros temporales de internamiento, es decir, los inmigrantes a los que un juez ha enviado a uno de estos lugares sólo pueden permanecer en ellos 60 días, durante los que se tramita su expulsión del país o son puestos en libertad. Aunque esta detención es uno de los procedimientos más comunes, teóricamente se trata de una medida extraordinaria que se toma cuando se sospecha que el inmigrante puede suponer “un peligro real para el orden público, presenta riesgo de incomparecencia o dificulta su expulsión” según detalla el citado informe. Sin embargo, como denuncia Santiago Yerga, coordinador del Área CIE de Pueblos Unidos, este criterio no se respeta, pues el mecanismo habitual es el internamiento del inmigrante, incluyendo a personas cuya reclusión es “inexplicable”. “El 28% de las personas visitadas en Madrid durante 2014 estaba en el CIE por mera estancia irregular, sin tener ningún antecedente penal, ni siquiera un proceso penal pendiente”, detalla el informe de su organización.

Los derechos de los inmigrantes internados son vulnerados de manera continua

En la mayoría de las ocasiones, las expulsiones no resultan efectivas y, al pasar los 60 días, los inmigrantes salen del centro llevando consigo, en muchas ocasiones, un fuerte impacto psicológico debido a las situaciones que pueden llegar a vivir durante su internamiento. “Los CIE doblegan completamente la voluntad de los inmigrantes”, afirma Yerga, quien señala que “existe un momento en el que los internos suplican ser expulsados o puestos en libertad”, pues su situación en el centro es “insoportable”. “En términos humanos, el internamiento en el CIE supone una ruptura con la vida. Representa una ruptura con la red de apoyo, pues las personas son privadas de libertad y alejadas de sus seres queridos”, según detalla el Informe CIE 2015. Fronteras en los barrios, elaborado por SOS Racismo.

Los extranjeros tienen “garantizado”, por ejemplo, el derecho a la comunicación con sus familiares, el derecho a asistencia sanitaria y médica permanente o el derecho a la libre deambulación por las instalaciones. Sin embargo, Yerga denuncia que son garantías vulneradas. “Por ejemplo, en el CIE de Madrid o en el de Barcelona, las 'habitaciones-celdas' son cerradas con llave y los inmigrantes deben comunicarse con los funcionarios a través de un interfono”.

El derecho a la comunicación, por su parte, llega a ser sumamente restrictivo. Así, en algunos centros, “el uso de teléfonos móviles está restringido, como en el caso de Madrid, limitado a un horario que va desde las 4 de la tarde hasta las 8”; en otros, ni siquiera está permitido su uso. Además, “el derecho al ocio y al esparcimiento”, igualmente recogido en el reglamento, “ni siquiera existe, no hay ningún tipo de actividad lúdica” para los internos, sostiene Yerga.

Y es que, en numerosas ocasiones, el mismo CIE no cuenta con las instalaciones o el material necesario para garantizar la vida digna de los inmigrantes y el respeto de estas garantías. Por ejemplo, el CIE de Aluche (Madrid), conocido como “el Guantánamo español”, ha sido el foco de muchas protestas por las duras condiciones que sufren sus internos. Organizaciones como Pueblos Unidos o instituciones como el Defensor del Pueblo han realizado numerosas visitas a sus instalaciones, denunciando las penosas condiciones que ofrece, como la inadecuada asistencia sanitaria debida a “la falta de material, la falta de rigor a la hora de realizar exámenes médicos y analíticas, la falta de toma en consideración de antecedentes familiares en la historia clínica, o la falta de adopción de medidas para evitar contagios en caso de enfermedad”, según el informe Situación actual de los centros de internamiento de extranjeros en España y su adecuación al marco legal vigente. Consecuencia de esto fue el fuerte brote de sarna que sufrieron cinco personas internadas en el centro el pasado año, según denunció SOS Racismo, organización que acusó a las autoridades competentes de no haber actuado de forma correcta por haber “aislado e incomunicado en celdas individuales” a las cinco personas enfermas, sin ofrecerles ningún tipo de información ni a ellas ni al resto de compañeros recluidos.

Pero además, la falta de información, las deportaciones ilegales o los malos tratos han sido el foco de algunas protestas pacíficas protagonizadas por los propios internos, tales como huelgas de hambre como la que se produjo hace dos años en el CIE de Valencia. “Me llevaron a un cuarto, me desnudaron entero y me obligaron a hacer sentadillas antes de llevarme al aeropuerto. Me decían 'te vas a ir a tu puto país'”, cuenta Baba, uno de los siete testimonios que recogió SOS Racismo en su informe de 2015.

El propio Ministerio del Interior reconoció el pasado año que el reglamento aprobado en 2014 no se cumple a la hora de regular los CIE. Los motivos, según justificó, se debían a “las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige”. Lo hizo en respuesta a un auto emitido por la jueza Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas y juez de control del CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, en el que detallaba que ese centro "no dispone ni de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni sala de visitas". Además, señaló que la obligación de facilitar intérpretes para los inmigrantes tampoco se cumple. El ministerio, por su parte, señaló que estas situaciones no se producen sólo en este centro y son “extrapolables al resto”.

Las cifras de expulsiones cuestionan la eficacia de los CIE

Otro de los asuntos controvertidos que rodean a los Centros de Internamiento de Extranjeros es si su función se cumple de forma adecuada. Principalmente, el objetivo de los CIE es el internamiento de los inmigrantes durante el plazo en el que se tramita su expulsión del país. Sin embargo, las cifras de expulsiones de estos centros, menores que las de las expulsiones fuera de ellos, cuestionan su eficacia.

En el año 2013, único año del que se conocen cifras oficiales, fueron internados 9.002 personas, de las cuales fueron expulsadas 4.726, según el Informe 2014 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo. Sin embargo, las llamadas “expulsiones exprés”, aquellas que se realizan directamente desde comisaría en menos de 72 horas desde la detención, alcanzaron la cifra de 6.462. Así, Pueblos Unidos alerta de que el alto porcentaje de personas que son internadas en los CIE pero que no son expulsadas (47,5% en 2013) “muestra que la medida de internamiento sigue resultando sumamente ineficaz para materializar las expulsiones y cuestiona la misma existencia de estos centros”.

El 41% de los 6.930 migrantes retenidos en los CIE el año pasado no fueron expulsados

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Las ONG solicitan el cierre de estos centros

Por todas estas situaciones, ONG como Pueblos Unidos y SOS Racismo vienen realizando una serie de solicitudes entre las cuales destaca la petición de cierre de estos centros por no cumplir adecuadamente con su principal función. Como destaca Yerga, coordinador del Área CIE de Pueblos Unidos, “si no se consigue el cierre de estos centros, es importante que se acabe con el modelo policial” que impera en ellos, ya que “la detención debe ser el último recurso”.

Por su parte, SOS Racismo solicita el cierre completo de todos estos centros, así como la prohibición de abrir otros nuevos o reabrir aquellos ya cerrados; el fin de las deportaciones exprés; el respeto del derecho de asilo o el respeto por los derechos humanos y la legalidad en las fronteras.