Abogados y politólogos impulsan una reforma legal para forzar a los jueces a abrir las fosas del franquismo

Un grupo de abogados y politólogos va a impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reforzar la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 con el objetivo, entre otras cosas, de obligar a los juzgados territoriales a exhumar las fosas donde se tengan "indicios probatorios razonables" de que hay restos de víctimas de la Guerra Civil en un plazo de dos años desde que se les informe de su existencia, así como a investigar los hechos que provocaron esas muertes, informa Europa Press.

Los promotores de la iniciativa, que aseguran contar con la aquiescencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo Gabinete aprobó la vigente Ley de Memoria, tienen intención de registrarla en el Congreso en cuanto se nombre un nuevo Gobierno. El siguiente paso será que la Junta Electoral Central les autorice a recoger el medio millón de firmas que deberán reunir para que el Pleno del Congreso pueda decidir sobre su tramitación.

Los impulsores sostienen que "es el momento de cerrar heridas" que llevan "abiertas desde 1936", que "durante años han sido cerradas en falso" y que "deben ser cicatrizadas mediante el respeto, la solidaridad y la comprensión de una sociedad española digna del siglo XXI".

Delito de desaparición forzada

"La interpretación actual de la Ley de Amnistía, junto con la ausencia de delito autónomo de desaparición forzada, y la falta de Ley de acceso a archivos, garantizan la impunidad a todos los casos de desapariciones forzadas", sostienen los impulsores de la ILP, que solicitan la tipificación del delito de desaparición forzada como "autónomo e imprescriptible".

Según el texto que quieren se convierta en ley, deben ser las autoridades locales, titulares del cementerio o terreno público en el que se hallare una fosa, las que deben facilitar y promover su dignificación delimitándolas, visualizándolas y equiparándolas en honras con el resto de los enterramientos del camposanto.

Demandan, asimismo, que los juzgados territoriales estén obligados a colaborar e investigar a petición de los familiares, asociaciones o cualquier representante legítimo tan pronto como tengan conocimiento de una fosa que pueda contener restos de víctimas. Deberán ordenar tantas acciones como sean oportunas para la consecución del esclarecimiento de los hechos, la verdad y la reparación.

En el caso de que el propietario de la finca donde se encuentre la fosa o cualquier entidad pública se oponga a la exhumación, se podrá ejercitar expediente de jurisdicción voluntaria a través de demanda ante el juzgado de primera instancia, autorizando a través de un auto la recuperación de los restos y obligando a los organismos competentes a entregarlos.

Mujeres y homosexuales

Además, quieren que la nueva norma garantice el acceso libre a todos los archivos, incluyendo los de carácter privado, militar y eclesiástico, y que otorgue el máximo reconocimiento a todas las mujeres que sufrieron violencias y crímenes de género en aquellos años y a los que fueron perseguidos "por amar diferente".

Otro de los artículos de la iniciativa obliga a las autoridades locales a proceder a la retirada de simbología de exaltación de la guerra y la dictadura, incluidas las placas del extinto Instituto de la Vivienda con el yugo y las flechas que aún lucen en los antiguos edificios de protección oficial o el cambio de nombre de calles o pueblos.

En concreto, los promotores de la ley abogan por fijar un plazo máximo de año y medio para la retirada de estos símbolos y por establecer "sanciones pecuniarias o de suspensión de derechos" sobre las administraciones que no den cumplimiento a lo preceptuado en la ILP.

Asimismo, proponen crear el Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar y la dictadura y celebrarlo cada 31 de octubre de cada año, coincidiendo con la fecha de aprobación en el Cortes de la Constitución de 1978, así como identificar a las víctimas del franquismo como un grupo social determinado.