Caso ERE

Implicados dos cargos del Gobierno de Aznar en el ‘caso ERE’

Implicados dos cargos del Gobierno de Aznar en el 'caso ERE'

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La ex secretaria general de Empleo Carmen de Miguel y a la ex directora de Trabajo Soledad Córdova en 2003, durante el Gobierno de José María Aznar, han sido implicadas en el caso de los ERE por la Guardia Civil, por presunta prevaricación y malversación en las ayudas sociolaborales concedidas a la Faja Pirítica de Huelva.

La imputación a los dos ex altos cargos dle Gobierno de Aznar tiene lugar, según la Guardia Civil, al considerarlas personas "con competencia" para dar las subvenciones en el año 2003 y que lo hicieron "prescindiendo voluntariamente y de manera totalmente arbitraria de los cálculos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)". 

El atestado policial entregado por la  Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, según informa este jueves Diario de Sevilla, asegura que 51 de las 325 ayudas a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2003, no cumplían los requisitos de 55 años "bonificados" para recibirlas. 

El diario sevillano apunta que, tanto Carmen de Miguel como Soledad Córdova, aseguraron que ellas no eran las encargadas de elaborar los expedientes, ya que esa función era responsabilidad de la subdirección. La ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo indicaron así que se trata de un "proceso reglado" que requiere la participación de instructor del expediente, encargado de comprobar "toda la documentación necesaria y su sujeción a la legalidad", tras lo cual, pasa a la inspección delegada de Hacienda. Ambas añadieron que la orden ministerial de 1995 no requería que se solicitaran los coeficientes al INSS, pero la Guardia Civil considera que esta respuesta "no justifica ni mucho menos la actuación realizada".

Según manifiesta el Cuerpo, esa concesión de ayudas a personas que no les correspondía, se hizo con conocimiento de las administraciones por temor a "romper nuevamente la paz social" y para "evitar la presión social de los sindicatos", según la Guardia Civil.

La cifra de imputadas se eleva hasta 537

Por este motivo, la Guardia Civil imputa a 267 personas, entre las cuales se encuentran 18 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, intermediarios de las pólizas y sindicalistas, y a otros nueve individuos imputados anteriormente, elevándose así hasta 537 el número de imputados en el caso.

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Entre los imputados se incluyen los exconsejeros andaluces José Antonio Viera y Antonio Fernández; tres ex directores generales de Trabajo; el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana y el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, como vicepresidente de la asociación Faja Pirítica.

La crisis de la Faja Pirítica

El acuerdo de colaboración para la crisis de la Faja Pirítica se firmó el 27 de febrero del 2002 entre José Torres Hurtado, entonces delegado del Gobierno en Andalucía, y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, y en septiembre del mismo año se firmó el acuerdo marco que daba solución a los mineros afectados.

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