La Plataforma Estatal por la Escuela Pública –integrada por CCOO, STES-i, UGT, CGT, MRP, Sindicato de Estudiantes, FAEST, Estudiantes en Movimiento y CEAPA)– se opone a la aprobación por el Gobierno en funciones de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, que considera "los elementos más rechazados de la LOMCE". Propone
prorrogar las normas vigentes hasta la formación de un nuevo Ejecutivo.
En un comunicado, esta organizaciones subrayan que la actual situación "deslegitima" al Gobierno a seguir desarrollando la ley educativa, sobre todo, según advierten, después de que el Congreso de los Diputados
aprobara la toma en consideración de la paralización de la normativa.
"El Gobierno no prevé salidas adecuadas para el alumnado que no supere las pruebas", denuncia esta plataforma, que indica que la única alternativa a la repetición del examen es
aceptar la Formación Profesional Básica, si se ha suspendido la prueba de ESO, o a cambiar hacia la FP si se suspendió la de Bachillerato.
Asimismo, advierte del sistema "perverso" que permite el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, ya que, según advierte, las administraciones educativas podrán alcanzar "un porcentaje de suspensos deseados" para
distribuir al alumnado en las distintas etapas.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública alerta de que este decreto no impide que las universidades hagan
pruebas de acceso propias porque la LOMCE permite esta posibilidad.
El Consejo de la Juventud también salió al paso de las nuevas evalauciones finales que se pondrán en marcha el curso que viene. En su Asamblea Ejecutiva Ordinaria del pasado fin de semana aprobó una
resolución de rechazo a dichas pruebas y, en consecuencia, reclama la anulación del decreto y la supresión de las mismas al considerar que al afectar a la obtención del título de ESO y Bachillerato, supondrán "un claro prejuicio el estudiante".
"La imposición de la
reválida es injusta y deja los alumnos en una
situación de debilidad", subrayan desde esta organización en un comunicado, en el que denuncian las alternativas que se les da a los alumnos que suspendan la prueba de ESO, como matricularse en FP Básica, un itinerario que no garantiza la obtención del título de ESO.
Asimismo, en cuanto a la
reválida de Bachillerato el Consejo de la Juventud de España apuesta por
prorrogar el modelo de Selectividad o PAU para el curso 2016-2017. Aunque admite que éste "no es el modelo más adecuado", asegura, sin embargo, "menos inestabilidad de cara al próximo curso".
El Consejo de Estado avala que el Gobierno en funciones apruebe el sistema
Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aseguró que hay un
dictamen del Consejo de Estado que avala que un gobierno en funciones apruebe el Real Decreto que regula las pruebas estandarizadas en toda España al final de cada etapa educativa (Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato), conocidas popularmente como
reválidas, a partir del curso 2017/18.
Fuentes de este departamento respondieron de este modo, en declaraciones a Europa Press, a los anuncios realizados tanto por la Generalitat de Cataluña, como por CC.OO y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) de
recurrir la norma aprobada el pasado viernes 29 de julio por el Ejecutivo en funciones.
Tanto el sindicato como CEAPA argumentan que la
interinidad del Ejecutivo le impediría aprobar este tipo de normas. Por su parte, Cataluña ya había anunciado antes de la aprobación del decreto que no lo aplicaría y que seguiría llevando a cabo la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), más conocida como Selectividad.
Sin ánimo de ofender, el Gobierno sí que prevé salidas adecuadas para los "retrasados" que no pasen la reválida: construcción y hostelería. Hay que afianzar los dos grandes pilares económicos del país. O ni eso; directamente ninis. ¡Qué prisa se han dado! Mezquinos.
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