Un senador del PP por Ceuta, ¿primera 'víctima' del acuerdo con Ciudadanos?

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta ha citado el próximo 31 de agosto a declarar como testigo al senador del PP por la ciudad autónoma Guillermo Martínez Arcas en la causa en la que se investiga el pago de casi 800.000 euros públicos en publicidad institucional entre 2012 y 2015 a una televisión sin licencia. El ahora parlamentario fue consejero de Economía y Hacienda del Gobierno ceutí hasta junio de 2013. 

El juez había colocado inicialmente a Martínez en calidad de imputado (ahora investigado). Tras ser advertido de su aforamiento se planteó inhibirse en favor del Tribunal Supremo, pero al final optó por llamarle como testigo para avanzar en la instrucción de las diligencias abiertas, según informa Europa Press. Sí están imputados la actual consejera regional de Hacienda, Susana Román, y el interventor de la Administración por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos y desobediencia. 

Precisamente esta semana el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, puso entre las condiciones previas para sentarse a negociar el sí de su grupo a la investidura de Mariano Rajoy que se acaben los aforamientos de los diputados y senadores y que todos los parlamentarios que resulten imputados sean inmediatamente apartados de sus cargos. Si el PP finalmente acata estas exigencias y en el hipotético caso de que Martínez Arcas resultara finalmente imputado, debería dejar su escaño en el Senado. 

Esa condición de apartar a los imputados por corrupción fue puesta encima de la mesa por el partido naranja pensado en la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, que está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si la llama a declarar como investigada (imputada) por el llamado caso Taula, tal y como ha reclamado al alto tribunal la Fiscalía del Tribunal Supremo, con el objetivo de que se investigue su papel en el presunto blanqueo del PP en el Consistorio valenciano. 

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Una televisión sin licencia 

El caso en el que está implicado Martínez Arcas se refiere a los más de 780.000 euros de publicidad institucional abonados por el Gobierno autonómico que preside Juan Vivas (PP) a una televisión local desde 2012 hasta 2015, el periodo comprendido entre el momento en el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) notificó la estimación total de un recurso presentado por la editora de otro medio de comunicación local (el diario El Faro) y la fecha en la que se retiró efectivamente la licencia y cesó en su emisión 'Ceuta TV'.

El Tribunal de Cuentas mantiene abierta otra investigación paralela sobre las posibles "responsabilidades contables" que pudiesen derivarse de esos mismos pagos. De acuerdo con la denuncia formulada al órgano fiscalizador por El Faro, durante tres años se pudieron producir "actuaciones y omisiones por parte de determinados responsables de la Ciudad Autónoma que deben ser enjuiciadas a fin de depurar las posibles responsabilidades contables por los daños que se están causando a los caudales públicos al no darse cumplimiento a una sentencia y continuar realizando pagos por un contrato que ha sido declarado nulo y debió liquidarse".