Corrupción y Justicia

Enrique López participó en un seminario de FAES con uno de los acusados a los que ahora juzgará si la Audiencia no le aparta

El magistrado Enrique López, en una imagen de archivo.

El magistrado Enrique López participó en 2005 en un seminario de la fundación FAES junto con Juan Cotino, principal acusado por la visita que al año siguiente giró el Papa a Valencia y que terminó dando origen a un juicio de cuyo tribunal formará parte el propio López si la Audiencia Nacional no lo aparta como ya hizo tras las dos primeras recusaciones del caso Gürtel. Como publicó este martes infoLibre, la Fiscalía Anticorrupción se opone a que Enrique López y la también magistrada Concepción Espejel, ambos recusados por su relación con el PP, juzguen cualquiera de las piezas separadas del caso Gürtel.

A aquel seminario organizado por FAES en octubre de 2005, y además del coordinador y el ponente, asistieron solo 27 personas. De ellas, 20 ostentaban cargos públicos del PP. Y otros cinco eran jueces, encabezados por el actual presidente del Supremo y el Poder Judicial, Carlos Lesmes. Junto con Lesmes y López, la relación de jueces allí presentes la integraban José Luis González Armengol, Javier Gómez Bermúdez y Eduardo Ortega Martín. Una asesora parlamentaria del partido y un becario de FAES completaban la lista de asistentes.

El seminario se celebró el 27 de octubre de 2005, nueve meses antes de que Benedicto XVI aterrizase en la ciudad del Turia para un Encuentro Mundial de las Familias de dos días y cuyo coste se elevó nada menos que a 22,2 millones de euros de los que se benefició la trama Gürtel. El evento de FAES se desarrolló bajo el epígrafe Terrorismo y Seguridad.

Cotino, para quien la Fiscalía pide 11 años de cárcel por su supuesto papel primordial en los manejos que esquilmaron las cuentas públicas valencianas so pretexto de la gira del pontífice, había sido director general de la Policía y delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana antes de desembarcar en el Gobierno de Francisco Camps.

Su relación con el campo de la seguridad, así como la del resto de los asistentes, es la que explica su presencia en aquellas jornadas de FAES, asegura una portavoz de la fundación. Sobre por qué prácticamente todos los participantes eran del PP -a los jueces les está oficial y taxativamente vedada la militancia partidaria-, FAES no da explicaciones. Pero el análisis de la trayectoria seguida por el potentísimo tanque de pensamiento que capitanea José María Aznar indica que reforzar ideológicamente a afiliados y simpatizantes constituye uno de sus objetivos esenciales.

La presencia conjunta de Enrique López y Juan Cotino en aquella jornada de FAES consta en la memoria anual de la fundación para el ejercicio 2005, que detalla no solo la identidad del coordinador del seminario sobre terrorismo y seguridad -Ignacio Astarloa- y la del ponente -José Alberto Fernández Díaz- sino la de los 27 asistentes. 

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La memoria de FAES incluye un índice onomástico que aporta datos sobre cada uno de los participantes en las actividades de aquel año, lo cual evita errores derivados de una eventual coincidencia de nombres.

22 no eran jueces... y de ellos 6 acabaron salpicados por corrupción

Pues bien, de las 22 personas ajenas a la judicatura que acudieron al seminario coordinado por Astarloa, que había sido secretario de Estado de Seguridad con Aznar, seis acabaron teniendo problemas por sus vínculos con episodios de presunta corrupción. Un séptimo asistente, el exconcejal del PP madrileño Pedro Calvo, dimitió como portavoz municipal tras verse involucrado en el caso Madrid Arena, aunque nunca llegó a ser imputado.Los otros seis son el propio Cotino, acusado por la visita del Papa; Rafael Durán, exteniente de alcalde de Palma y quien dimitió en 2009 tras ser detenido por el caso Palma Arena, en el que permanece imputado según las fuentes jurídicas consultadas este martes; Miguel Domínguez Pérez, antiguo teniente de alcalde de Valencia, ahora diputado autonómico y cuya imputación en el caso Taula pidió en abril la Fiscalía; Lucía Figar, exconsejera del Gobierno regional de Madrid y que dimitió en 2015 tras ser imputada en la Operación Púnica; Paulino Montesdeoca, que fue director general de Patrimonio de Canarias y a quien, según el diario La Razón investigaba en 2015 el Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac) por su pertenencia a una lista de clientes sospechosos del Banco de Madrid, y Miguel Peralta, que fue consejero valenciano de Justicia y a quien, según el diario La Verdad -del grupo Vocento, editor de Abc- investigaba en febrero la UDEF para averiguar si había cobrado 60.000 euros de una empresa.

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