Los Carceller son condenados por múltiples delitos fiscales pero pagan 92 millones y no van a la cárcel

Demetrio Carceller Coll y su hijo Demetrio Carceller Arce, propietarios del grupo Damm, han sido condenados como autores de fraude fical, pero ninguno entrará en prisión. Los Carceller, junto a otros dos colaboradores, han llegado la mañana del jueves a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción según el cual asumirán una multa de 92 millones de euros, que les permitirá eludir su ingreso en prisión.

El patriarca de los Carceller ha sido condenado por 13 delitos contra la Hacienda Pública, tres de ellos agravados, en relación con el IRPF, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones. Por su parte, Carceller Arce está condenado como cooperador necesario de cuatro delitos, vinculados al IRPF y al Impuesto de Patrimonio.

El importe defraudado asciende a 24.680.064 euros, mientras que los intereses alcanzan 12.055.062 euros. Dichas cantidades ya han sido satisfechas por los acusados, "extremo que ha sido determinante para alcanzar el acuerdo de conformidad", según apunta la Fiscalía. Además, los condenados tendrán que satisfacer una multa de 55.649.225 euros, de modo que la cifra final supone un pago que supera los 92 millones (92.384.351 euros) para los autores del fraude.

Aunque la acusación reclamaba 48 años de cárcel para el patriarca y 14 para su hijo, la sentencia final los condena a seis meses de prisión para los tipos básicos y nueve meses para los agravados, en el caso de Coll, y a tres meses de pena para los tipos básicos y cuatro meses y 15 días respecto a los agravados para Arce. Es decir, ninguna de las penas supera individualmente el año de prisión. Esto supone que, teniendo en cuenta que ha sido "reparado totalmente el daño causado", los Carceller evitarán finalmente su ingreso en prisión.

Proceso de investigación

El presidente de la SER se convierte en consejero ejecutivo de la constructora Sacyr

Ver más

Según la Fiscalía Anticorrupción, Carceller Coll habría acometido el fraude "simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Tras el proceso de investigación, quedó acreditado que la residencia de Coll fue, contrariamente a lo declarado, la Comunidad de Madrid, y que además era titular de un patrimonio que mantenía oculto a través de sociedades ubicadas en territorios off shore. Asimismo, quedó igualmente confirmada la "participación esencial" del resto de condenados, que fueron considerados cooperadores necesarios del fraude. 

Finalmente, el acuerdo refleja una reducción de las cuotas defraudadas que queda justificada por la aportación de nuevos documentos por parte de la defensa, según los cuales parte de los bienes de Coll deberían ser atribuidos como gananciales a su esposa, contra quien no se dirigió el procedimiento penal.