Cargos del PP creen que la decisión del Supremo sobre Barberá debe mover a Rajoy a pedir que renuncie

Si la campaña de las vascas y gallegas de 2009 estuvo muy condicionada por el caso Gürtel, que estallaba días ante de que Alberto Núñez Feijóo y Antonio Basagoiti comenzaran sus actos de cara a las autonómicas en Galicia y Euskadi, respectivamente, esta campaña arranca para los conservadores con Rita Barberá señalada por el Supremo. Los dirigentes del PP consultados por infoLibre coinciden en que Mariano Rajoy tiene que asumir las riendas del caso y exigir que se aparte por el bien del partido. La noticia pilló a Rajoy en Ourense apoyando a la candidatura de Feijóo. Los periodistas intentaron, sin éxito, que el presidente del Gobierno en funciones reaccionara al respecto. Su respuesta fue el silencio.

Oficialmente, el PP no se pronuncia. Las fuentes consultadas se limitan a señalar que la dirigente no está formalmente investigada (imputada). El grueso de su equipo en el consistorio sí está imputado en esta causa que condujo a la disolución del PP en la ciudad de Valencia y la implantación de una gestora.

La Sala II del Supremo abrió este martes causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora por un presunto delito de blanqueo de capitales. La investigación se produce a raíz de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, y que recogía indicios contra la aforada en un presunto blanqueo de capitales en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa, un informe que apoyó la Fiscalía.

Un caso que divide al PP

Cuando estalló el caso, el PP se mostró dividido. De un lado, los vicesecretarios consideraban que la exalcaldesa tenía que dejar su escaño de senadora; de otro, los dirigentes más veteranos señalaban que había que esperar a que hubiese nuevos avances judiciales para no tomar una decisión que fuera injusta. 

Un día antes de la decisión del Supremo, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, consideró que la exalcaldesa sólo deberá asumir responsabilidades políticas si es procesada y, por tanto, se le abre juicio oral.

"Hay que medir bien las responsabilidades derivadas de los procesos judiciales. En la condición de investigado no hay una presunción de responsabilidad. Entre condición de investigado y de inculpado hay una diferencia sustancial", dijo en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press.

Ciudadanos amenaza con romper el pacto

El pacto para la investidura de Rajoy firmado entre PP y Ciudadanos obliga a ambos partidos a apartar a los cargos públicos investigados (imputados). Nada más conocerse la decisión del Supremo, Ciudadanos exigió a Rajoy que Barberá deje su escaño. Según Albert Rivera, si no lo hace incumplirá el pacto.

El acuerdo habla literalmente de la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

El PP ha señalado que cumplirá lo que ha firmado, pero matizó que ese acuerdo se pondrá en marcha una vez que haya gobierno, objetivo del pacto.

Plantón al Senado

Barberá tenía previsto venir este martes al Senado, donde se constituirán las comisiones Constitucional y Economía, en las que repetirá como vocal. Se trata de un cargo sin remuneración más allá de las dietas. En la estación de Cuenca, la senadora cogió un AVE de vuelta a Valencia. En su entorno señalan que quiere estudiar el texto del Supremo con sus abogados.

El auto del Supremo [consúltalo aquí, en PDF] recoge que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos en la exposición razonada pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal. "Resulta, pues, imprescindible –añade el auto–continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada doña María Rita Barberá Nolla".

 Las actuaciones del PP

Tras estallar el caso en abril, el pasado 15 de marzo, el PP abrió un expediente informativo a los afectados e investigados por el caso Imelsa. Rita Barberá figuraba entre los cargos a los que les afectaba ese expediente.

Trece días después, el Comité de Derechos y Garantís del PP suspendía cautelarmente de militancia, a petición propia, a los asesores y a los nueve concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia que estaban siendo investigados. Estos pasaron al grupo de independientes.

El PP designó instructor de este expediente al diputado Francisco Molinero, que ha viajado varias veces a Valencia para interrogar a los afectados. En su declaración del 3 de mayo Barberá negó haber blanqueado dinero.