Comunitat Valenciana
La UCO sostiene que Ciesga se utilizó para financiar al PP valenciano
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha presentado un informe que sostiene que la empresa pública Ciesga (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana) se habría estado utilizando entre 2004 y 2007 para financiar tanto al PPCV como al PP provincial, ayudando al enriquecimiento personal de determinados cargos públicos de la administración, según ha informado Europa Press.
En este informe aparecen nombres de cargos relacionados con Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, como Gerardo Camps (exconseller de Economía), Font de Mora o el exvicepresidente Víctor Campos, ambos considerados como "personas encargadas de controlar las grandes adjudicaciones y gestionar el dinero B del partido", además del propio expresidente del Consell, Francisco Camps. Todos ellos convergerían en los intereses con el entonces consejero delegado de Ciesga, Máximo Caturla.
Todo ello consta en el documento que obra en la pieza principal del conocido 'caso Imelsa', sobre el que se ha levantado secreto de sumario, en la que el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia investiga delitos de prevaricación administrativa, de malversación de caudales públixos, de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
El documento señala que, a falta de nuevas diligencias, parece que entre 2004 y 2007, desde el ente público valenciano "se habría estado financiando al PP tanto a nivel regional como en la provincia de Valencia, así como enriqueciéndose a título particular la mayoría de las personas que participarían en la consecución de esa estrategia de financiación".
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La Guardia Civil mantiene la hipótesis de que para ello se habrían establecido y llevado a cabo prácticas en los procedimientos de contratación "con el objetivo de poder dirigir las adjudicaciones de contratos a empresarios y solicitarles contraprestaciones económicas por dichas adjudicaciones. Estas, según los indicios analizados, rondarían entre un dos y un tres por ciento del presupuesto de adjudicación.
La unidad de la Guardia Civil se basa en indicios como las conversaciones telefónicas intervenidas, "donde queda patente la voluntad de los partícipes y la discrecionalidad en las adjudicaciones con fines recaudatorios", los informes de la Sindicatura de Cuentas, los cuales ponen de manifiesto "deficiencias" de los procedimientos o la declaración del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent (quien realizó una comparecencia autoinculpatoria).
Según reza el informe, en algún momento Rus habría puesto en contacto a Marcos Benavent con Máximo Caturla. A partir de ese momento, Benavent "comenzaría a intermediar" entre Caturla y Rus para "recaudar dinero negociando y cobrando comisiones ilegales".
