La existencia de armamento español en Yemen sitúa a España en el punto de mira

A principios de septiembre la consultora internacional Ares (Armament Research Services) publicaba un informe en el que se hacía eco del hallazgo de armas españolas en posesión de grupos rebeldes huthis, una de las partes que participan en el conflicto que desde hace dos años sacude al país de Yemen.

Según el análisis, el armamento localizado se corresponde con dos modelos de granadas y lanzacohetes fabricados por Instalaza, empresa de la que el actual ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, fue consejero hasta marzo de 2009. Ambos han sido localizados en manos de los rebeldes, que "casi con toda seguridad" las habrían conseguido a través de su captura en el campo de batalla. Su paradero en el territorio se explica, "probablemente", por el suministro de Arabia Saudí a las fuerzas armadas de Yemen.

El hallazgo de lanzacohetes y granadas retratado en el documento, forma parte de un estudio más amplio desarrollado por uno de los autores del informe, el español Yago Rodríguez. El autor ha elaborado un exhaustivo informe –recogido en su libro Relaciones de defensa entre España y países de la península arábiga– donde habla de otros dos modelos de armamento español que se encuentran en Yemen. En todos los casos, tal y como sostiene Rodríguez, el material habría llegado al país de Oriente Próximo a través de Arabia Saudí, uno de los principales receptores de armamento español.

Material ligero y pesado

El informe difundido a través de Ares se hace eco de la existencia de armamento ligero español en Yemen, pero, según explica Yago Rodríguez, "existen cuatro confirmados; de esos cuatro dos están tratados en el artículo, pero otros dos, que son pesados, son vehículos, también están en Yemen y está demostrado con fotografías".

Entre el material analizado, el BMR-600 Pegaso nació a finales de los años setenta como vehículo blindado de transporte de tropas. Según Yago Rodríguez, al menos 140 unidades de este modelo fueron vendidas a Arabia Saudí en un contrato firmado en 1983, por un importe de 62 millones de dólares, tal y como queda reflejado en la base de datos de transferencias de armas del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) . Además, aproximadamente 300 vehículos de este tipo han sido también fabricados en Arabia Saudí bajo licencia española.

Según el análisis, una parte importante de los BMR-600 capturados o destruidos se encontraban en la localidad de Midi, en la frontera con Arabia Saudí, donde la infantería marina saudí fue desplegada y sufrió bajas a manos de los rebeldes en febrero de este año. El vehículo en cuestión está originalmente inspirado en vehículos rusos y estadounidenses diseñados "para la lucha en la llanura europea contra las fuerzas acorazadas soviéticas, no para enfrentarse en una guerra asimétrica contra rebeldes en un clima desértico". La consecuencia es, según Rodríguez, una pérdida "proporcionalmente alta de vehículos BMR-600 saudíes en el conflicto de Yemen", quedando de esta forma en manos de los rebeldes.

Por su parte, el vehículo Uro Vamtac, fabricado por la empresa Urovesa desde finales de la década de los noventa, ha sido hallado en Arabia Saudí en su versión Uro Vamtac S3 junto a la frontera con Yemen. Las imágenes que prueban la presencia de ambos vehículos en territorio yemení proceden en su mayoría de redes sociales y blogs "de los propios rebeldes o de personas que se encuentran en el territorio" y que tratan de denunciar el conflicto, explica Rodríguez.

En cuanto al armamento ligero, a mediados de la década de los 90 la empresa Instalaza, "junto con varias empresas del sector español de defensa", exportó "cantidades significativas" de material armamentístico a Arabia Saudí, incluidos una serie de lanzacohetes C90. De acuerdo con fuentes confidenciales citadas en el informe de Ares, "alrededor de 5.000 armas de la serie C90-CR fueron entregadas a Arabia Saudí a principios de 1990". Por su parte, las granadas de mano elaboradas por la empresa española pudieron ser suministradas en el año 2004, dentro de los 23,2 millones de euros en armamento exportados entonces, como lo demuestran los informes oficiales.

El papel de España en el comercio de armas

España ha experimentado en los últimos años un crecimiento exponencial en cuanto a la venta de armas. Después de China, España es el país en el que más se ha incrementado el volumen de exportación de armas, un 55% en los últimos nueve años, según datos del SIPRI recogidos en su informe Tendencias de transferencias de armas internacionales 2015.

Durante el primer semestre del pasado año, el valor de las exportaciones por parte de España ascendió a 1.727,2 millones de euros, según el último informe de la Secretaría de Estado de Comercio. En él se señala, además, que es Arabia Saudí el país que ocupa el primer lugar como territorio al que España exportó material de mayor valor durante los seis primeros meses del 2015, por un importe de 447,6 millones de euros.

Precisamente el informe de Ares incide sobre este aspecto, validando de este modo la denuncia que las ONG llevan realizando desde hace años sobre la venta de armas a Arabia Saudí y el riesgo de que el material bélico pueda ser empleado en países en conflicto.

Se trata de una cuestión constantemente en el punto de mira por su importancia en el marco de los conflictos internacionales y la implicación de terceros países. El Tratado Internacional del Comercio de Armas (TCA), que en la actualidad cuenta con el respaldo de 87 países miembros y 47 que lo han firmado pero no ratificado, se plasmó sobre el papel en el año 2013 y entró en vigor en 2014 como compromiso para mejorar la regulación en el comercio de armas y respetar los derechos humanos de la población mundial.

No obstante, y pese a los teóricos esfuerzos de la comunidad internacional, no es la primera vez que la que las exportaciones españolas están bajo sospecha por la posibilidad de que se hayan empleado para cometer crímenes en Yemen. En abril de 2015 Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Óxfam Intermón exigieron suspender exportaciones y reclamaron a España el respeto del "principio jurídico de no autorizar armas para cometer atrocidades".

"El Gobierno español debe investigar si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado armas españolas en estos bombardeos y suspender las transferencias de armas a las partes del conflicto de Yemen que puedan utilizarse para cometer atrocidades", advirtió entonces Jordi Armadans, director de FundiPau.

En marzo de este año, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) demandó un embargo a la venta de armas a Arabia Saudí debido a sus bombardeos contra zonas civiles en el marco del conflicto en Yemen. "Los bombardeos han continuado a pesar del anuncio el 20 de marzo de un nuevo alto el fuego", denunció la ONG.

En mayo, las mismas organizaciones señalaron que España no cumplía la legislación y los tratados firmados, especialmente en lo que atañe a las exportaciones realizadas a la coalición saudí. Apuntaron entonces a un "riesgo claro" de que el destino final de las exportaciones impliquen violaciones graves del derecho internacional. Respecto a Yemen, solicitaron una investigación para aclarar si se ha utilizado armamento español para cometer crímenes de guerra.

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Esta misma demanda es la que ha realizado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el pasado 9 de septiembre. El diputado mencionó el informe de Ares y trasladó su contenido a la Cámara baja: "Se da la circunstancia de que ambas [armas] se fabrican en la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza, de la que el ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, fue consejero entre 2005 y 2009", sostuvo Rufián, al tiempo que exigía al Gobierno una respuesta sobre si considera que se está cumpliendo la ley acerca del comercio exterior de material de defensa y si es consciente de que armas de fabricación española pueden estar llegando a manos de contendientes sobre quienes pesa una orden de embargo.

Esquerra también solicitó una explicación sobre las garantías de que las armas vendidas a Arabia Saudí no serán utilizadas contra la población civil o llegarán a manos de las fuerzas huthis, y cuestionó al Ejecutivo de Mariano Rajoy si se plantea detener la exportación de armas y material de doble uso a Arabia Saudí.

Por su parte, la vicepresidenta del Centro de Estudios por la paz JM Delàs, Vicenta Font, denunció en un artículo  que "en las fotografías mostradas en el informe de Ares aparecen lanzacohetes y granadas fabricadas por la española Instalaza en Yemen" y que, puesto que "el Gobierno de Yemen no ha comprado dichas armas a España", cabe deducir que los huthis están en posesión de estas armas "debido a que las han robado a las propias fuerzas de Arabia Saudita o que Arabia Saudí las ha suministrado a grupos rebeldes yemenís y que los huthis se las hayan sustraído a estos grupos". De este modo, concluye la experta, "estas armas han sido adquiridas por Arabia Saudita con autorización del gobierno español y posteriormente han acabado en manos de la insurgencia huthi", por lo que "es necesario que el gobierno español modifique los criterios de autorización de las exportaciones de armas que eviten situaciones como ésta", exige, tras preguntarse si "ha sido ésta una venta responsable".