Los tres diputados y senadores con causas abiertas en el Supremo

El pasado martes 13 de septiembre la Sala II del Tribunal Supremo abrió una causa contra la exalcaldesa valenciana del PP y senadora Rita Barberá. La conservadora emitió, tan sólo un día después del anuncio, una misiva en la que comunicaba su salida del partido que contribuyó a fundar hace más de dos décadas.

El final de su carrera dentro del PP, no obstante, no ha sido un paso lo suficientemente rotundo para quienes apuntan como requisito imprescindible la renuncia a su escaño como senadora. Barberá ha dejado claro, y en esa postura se mantiene enrocada hasta el momento, que no va a ceder su asiento en la Cámara, donde ha pasado ya a formar parte del Grupo Mixto.

Sin embargo, y a pesar de la repercusión mediática y política, el de la valenciana no es el único ejemplo de senadores y diputados que no han renunciado a su acta pese a estar implicados en una causa abierta por el Supremo. 

1. Rita Barberá y el blanqueo de capitales

La senadora, ahora en el Grupo Mixto, se encuentra en el epicentro de la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia durante sus años como alcaldesa. El auto emitido por el Supremo considera "imprescindible continuar la investigación" sobre los hechos y sobre "la participación en ellos" de Rita Barberá.

Por el momento, el alto tribunal no ha pedido aún el suplicatorio del Senado –procedimiento a través del cual el poder judicial tramita una petición para actuar penalmente contra un miembro del Congreso o el Senado–, pero Barberá tendrá que declarar en breve ante Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado y designado como instructor del caso, en una fecha que todavía está por concretar.

2. Francesc Homs y la consulta del 9N

El portavoz en el Congreso de los Diputados del Partit Demòcrata Català está siendo investigado por el Tribunal Supremo acusado de presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, como consecuencia de la consulta puesta en marcha en Cataluña el 9 de noviembre del 2014, cuando Homs ejercía como consejero de la Presidencia de la Generalitat.

La investigación a Francesc Homs recae sobre las espaldas del Supremo, al contrario de lo que ocurre con el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Ensenyament Irene Rigau, que han sido investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, por la misma causa. El motivo es que, mientras que el primero ocupa el cargo de diputado en Cortes, sus compañeros son considerados aforados autonómicos e investigados por el TSJC.

El pasado lunes, el catalán prestó declaración ante el juez y negó haber desobedecido al Constitucional. En caso de que la investigación continúe adelante y se proceda a una imputación formal, el siguiente paso del Tribunal Supremo será la petición del suplicatorio al Congreso para seguir adelante.

3. Iñaki Goioaga y ETA

Iñaki Goiaga, senador de EH Bildu, fue procesado por el Tribunal Supremo el pasado mes de abril, tras la concesión de suplicatorio presentado en marzo y al que Goioaga prestó su total respaldo por estar dispuesto a que "se investigue todo lo que se tenga que investigar".

El magistrado Miguel Colmenero, instructor de la causa, acusa al senador de un presunto delito de pertenencia o colaboración con la organización terrorista ETA. Apunta a sus vínculos con el Colectivo de Abogados BL, "una estructura subordinada e integrada en la organización terrorista ETA a través de Koordinazio Taldea", grupo de coordinación integrado en el llamado frente de cárceles. El Supremo considera que el senador "desarrollaba una participación activa mediante las visitas en los centros penitenciarios a los presos que permanecían en la órbita" de la banda terrorista.

En la actualidad, la causa se encuentra pendiente de apelación, después de que la defensa presentara un recurso contra el procesamiento. Goioaga argumenta que su labor ante los presos era únicamente la propia de su profesión como abogado, y alega que desde 2012 la banda había abandonado la lucha armada y que los hechos por los que se le acusa son posteriores a esa fecha.

4. Puerto Gallego, acusación y dimisión

El pasado 9 de septiembre, el Tribunal Supremo abrió una causa contra la socialista Puerto Gallego, acusada por un presunto delito de prevaricación administrativa en torno a los contratos adjudicados a dedo en el Ayuntamiento de Santoña, del que fue regidora entre el 2003 y el 2009. La cántabra, diputada en el Congreso por el PSOE, presentó su dimisión en cuanto la noticia se hizo pública.

"Doy cumplimiento a mi compromiso público de no esperar ni un minuto para presentar mi dimisión y entregar mi acta como diputada en el Congreso", explicó Gallego en un comunicado. Fuentes del Supremo confirman que en la actualidad están a la espera de la formalización de su renuncia, momento en el que la causa volverá a los juzgados de su localidad.

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5. Jorge Fernández Díaz, pendiente de admisión

Aunque los mencionados son los únicos senadores y diputados que, tal y como han confirmado a infoLibre fuentes del Tribunal Supremo, cuentan con una causa abierta, existen otras figuras relevantes en la política nacional que se encuentran actualmente en el punto de mira.

El Partit Demòcrata Català y Xavier Trias presentaron una querella criminal contra el diputado y ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aforado ante el Supremo. Si bien por el momento se trata de una querella pendiente de admisión, el ministro en funciones podría verse sumido en una investigación por presuntos delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos, como consecuencia de las conversaciones mantenidas con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que se hablaba de actuar contra figuras relevantes del independentismo catalán.