La justicia rechaza que Oltra injuriara a Camps por decir que sus trajes se pagaron con dinero sucio

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) decidió este jueves desestimar la querella interpuesta por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps (PP) por injurias y calumnias contra la vicepresidenta del actual Consell, Mónica Oltra, por unas declaraciones en una cadena de televisión en las que la portavoz había dicho que llevaba trajes "pagados con dinero sucio".

Según informó Europa Press, la sala consideró que esas declaraciones son una "mera opinión" o juicio de valor; que están amparadas por la libertad de expresión; forman parte de la "confrontación política" y recuerda que existe un "gran número de causas relacionadas con casos de posible corrupción políticacorrupción" y un debate público al respecto.

De hecho, incidió en que las frases supuestamente injuriosas "se vierten en el ámbito del debate estrictamente político" ya que "puede que el señor Camps actualmente esté retirado de la política activa, pero no por ello deja de ser una personalidad pública, por haber ostentado la condición de presidente de nuestra comunidad autónoma durante muchos años, así como haber sido durante ese periodo presidente de PP en este ámbito territorial".

"Pintas" de diputados

Así lo señaló el tribunal en un auto, al que tuvo acceso Europa Press y contra el que cabe recurso, en el que recalcó que el propio expresidente, al hacer unas declaraciones previas en otra cadena aludiendo a "las pintas" de algunos diputados –que podrían entenderse referidas a representantes del partido de Oltra o de formaciones afines–, dio "pie" a la vicepresidenta a responder "sacando a colación el grado de corrupción que a nivel de la opinión pública y del debate político" pudieron poner de manifiesto tanto el proceso de la causa de los trajes como otros vigentes, referidos al periodo de tiempo en el que Francisco Camps estuvo al frente de la Generalitat.

Al respecto de ese caso de los trajes, en el que Camps salió absuelto de un delito de cohecho impropio, la sala destacó que el proceso "no constituyó una causa general contra la corrupción sino que enjuició unos hechos precisos" en los que resultaron acusadas unas personas y se juzgó al expresidente por la supuesta aceptación entre 2005 y 2008 como regalo de "12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas, valorados en 14.012 euros" por su condición de alto cargo.

"Naturalmente no agota la cuestión, como lo evidencia el gran número de causas relacionadas con casos de posible corrupción política que aún siguen tramitándose en nuestros juzgados y tribunales" o "desde un punto de vista más singular, también lo pone en evidencia el hecho de que ese juicio no ha impedido que alguno de los allí acusados posteriormente se hayan visto implicados en otras causas por hechos relacionados con su gestión administrativa", añadió el tribunal.

Así, sostuvo que las manifestaciones de Oltra no surgieron de manera "espontánea" como "un ataque aislado" hacia su persona sino como consecuencia de manifestaciones previas de Camps como parte de la "mera confrontación política" que desarrollaron sus partidos y como una expresión más "de la crítica frente al rival".

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"Aadmisible dosis de exageración"

Para el tribunal, las manifestaciones de Oltra pueden resultar "exageradas o simplistas por la falta de un adecuado desarrollo" pero subraya que, al margen de formar parte del debate político, se insertan en un programa periodístico "lo que hace admisible esa dosis de exageración, o incluso de cierta teatralidad, precisamente con el fin de llamar la atención de los telespectadores y provocar debate".

Y recalcó que esta es una cuestión que suscitó "evidente interés público" porque "con independencia de las responsabilidad penales que se puedan derivar de esas causas" por casos de presunta corrupción política –"que quizá pudieran haber sido protagonizados por integrantes de la administración o del partido que presidía el señor Camps, precisamente durante el tiempo de su mandato"–, objetivamente supusieron "un debate público acerca de la posible dilapidación de fondos públicos".