Corrupción política
Comienza el primer macrojuicio por corrupción que señala al PP
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó el 6 de febrero de 2009 la detención del presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y de otras cuatro personas por supuestos sobornos a decenas de cargos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Y este martes, más de siete años después de las mencionadas detenciones, 37 personas se sentarán por este macrojuicio en el banquillo, entre ellas una quincena de excargos del PP. También estará allí sentado un representante legal de la formación presidida por Mariano Rajoy como partícipe lucrativo de una trama corrupta liderada por Correa.
Entre los arrestados junto a Correa en 2009 no se encontraba el extesorero del PP Luis Bárcenas, persona de confianza de Rajoy, cuyas vinculaciones con la red Gürtel, palabra que en alemán significa correa, se desconocían hasta ese momento.
Pero el sumario del caso, gracias a la colaboración de las autoridades suizas, ha destapado que Bárcenas, seis días después de la detención de Francisco Correa, anunció a uno de sus bancos suizos que iba a nombrar a un apoderado para tratar de sacar el dinero del país.
Ese fue el inicio del plan de retirada masiva de dinero de sus cuentas suizas, que acabó en Sudamérica, principalmente en Argentina, pero también en otras partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos o paraísos fiscales como Islas Bermudas.
"Discrepancias en el seno del PP"
A las cuatro de la tarde del 12 de febrero Bárcenas, sobre quién todavía se desconocía su implicación en el caso Gürtel, llamó por teléfono a Fréderic Mentha, su contacto en el banco Lombard Odier. Y fue en ese momento en el que anunció su intención de dar un poder a Iván Yáñez para que pudiera "gestionar sus activos por el momento, vista la situación (discrepancias en el seno del PP)".
Ángel Sanchís.
Yáñez acudió el 29 de febrero al banco suizo Dresdner Bank acompañado de Ángel Sanchís. Iván Yáñez era hijo de otro de los integrantes de la tesorería del PP, Francisco José Yáñez Román, que también tenía cuentas en Suiza a su nombre y que ha fallecido.
En su llamada de teléfono del 12 de febrero de 2009 Bárcenas le pide a Mentha que prepare "los documentos para abrir una nueva fundación, a la que transferiremos los fondos de Sinequanon". Esta fundación, que era panameña, acabó transfiriendo el dinero a la empresa uruguaya Tesedul, con la que Bárcenas se presentó a la regularización fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Bárcenas había sido contratado en 1982 para la tesorería del PP, que de forma sucesiva dirigieron Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y desde 2008, el propio Luis Bárcenas, que fue ascendido a ese puesto por Rajoy en el congreso que el partido celebró aquel año en Valencia.
47 millones en Suiza
Las cuentas de los bancos en los que Bárcenas tenía su dinero indican que el extesorero del PP llegó a disponer de hasta 47 millones de euros. Precisamente, Suiza mantiene bloqueados en la actualidad 47,1 millones de los implicados en Gürtel, de los que 21,3 millones estaban a nombre de Bárcenas y 1,5 millones al de su presunto testaferro Iván Yáñez. Otros 22,2 millones eran de Francisco Correa y 1,7 millones del número dos de este último, Pablo Crespo.
Pero el juez Garzón tuvo que dejar el caso, ya que al aparecer aforados el encargado de seguir la investigación eran el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el propio Tribunal Supremo. Este último era el competente para investigar tanto a Bárcenas, que era senador, como al entonces eurodiputado en funciones Gerardo Galeote y al parlamentario Jesús Merino.
Tras la renuncia de Bárcenas de su escaño de senador el 8 julio de 2009, su caso volvió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que el juez Antonio Pedreira cerró el 29 de julio de 2011 la parte de la causa referida al extesorero del PP, al considerar después de más de dos años de mantener imputado a Bárcenas que los indicios no sostenían la imputación de los delitos contra la Administración Pública, de fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Pero la Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez Pedreira de archivar de forma provisional la causa de Bárcenas al estimar que los indicios eran "múltiples y contundentes".
Causa reabierta
El 15 de marzo de 2012 el juez Pablo Ruz reabrió la causa contra Bárcenas, tras conocerse que guardaba 22 millones en Suiza. El Mundo publicó que Bárcenas había pagado durante años sobresueldos a parte de la cúpula del PP. Y El País, por su parte, desveló una copia de los documentos manuscritos de la caja B en los que se recogían los supuestos pagos a las cúpulas del PP entre 1990 y 2009.
El juez Pablo Ruz.
Ya en 2013, el diario El Mundo publicó los mensajes que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, había enviado a Bárcenas en 2012: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo". Y en 2013 volvió a enviar otro mensaje en el que pedía al extesorero que fuera "fuerte".
La concentración del caso Gürtel y las piezas separadas en la Audiencia Nacional hacen que el sumario se convierta en mastodóntico, lo que impide el avance de la investigación del juez Ruz, que de acuerdo con el criterio de las fiscales de Anticorrupción, Concepción Sabadell y Concepción Nicolás, acuerda separar el caso en dos, al mismo tiempo que crea varias piezas separadas, como por ejemplo las de Boadilla del Monte, la financiación ilegal del PP valenciano, las adjudicaciones de Aena o las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez.
Gürtel Época I
Y en esa primera parte, que denominan Gürtel Época I, incluyen la actividad que, entre los años 1999 y 2005 y en el ámbito de la contratación pública, desplegó el grupo empresarial de Correa en relación con los municipios de Estepona, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Madrid y con las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León.
Tras finalizar la investigación de estos casos, la Fiscalía Anticorrupción dio por cerrada esta pieza separada reclamando 42 años y medio de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas por cinco delitos que presuntamente cometió durante la primera época de actividades de la red Gürtel, al tiempo que mantenía la acusación contra el partido y la exministra de Sanidad Ana Mato como partícipes a "título lucrativo" de los delitos investigados.
Un total de quince excargos del Partido Popular implicados en la primera pieza de la trama Gürtel, entre los que se encuentran los extesoreros Luis Bárcenas, Ángel Sanchís (la Fiscalía le pide 8 años de cárcel) y Álvaro Lapuerta (que no será juzgado por demencia sobrevenida), tendrán que afrontar en el juicio oral penas de cárcel que suman más de 360 años, según el escrito enviado por la Fiscalía Anticorrupción al magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
La Fiscalía solicita para Correa 125 años y un mes de prisión como presunto líder de la trama por los delitos de asociación ilícita, fraude continuado a las Administraciones Públicas, cohecho activo continuado, falsedad continuada, malversación de caudales públicos continuado, falsedad en documento mercantil, estafa, prevaricación, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude continuado y exacciones legales a las Administraciones Públicas.
El PP, partícipe lucrativo
En relación con Ana Mato, la Fiscalía sostiene que se benefió de 28.468 euros en regalos realizados por la red y el pago del 50% de sus fiestas familiares, mientras que la Gürtel habría sufragado al Partido Popular con 328.440 euros: 216.576 en Majadahonda y 111.864 en Pozuelo de Alarcón, ambos municipios de la Comunidad de Madrid. Por ello, Anticorrupción los considera a ambos partícipes a título lucrativo.
El comité de dirección del PP de Mariano Rajoy.
Pero las visicitudes del caso Gürtel no finalizaron tras la decisión de Ruz de enviar a esta quincena de excargos del PP. El pleno de la Sala de lo Penal, presidido por el juez Fernando Grande-Marlaska, acordó retirar a los magistrados Enrique López y Concepción EspejelEnrique López y Concepción Espejel del tribunal que juzgará la presunta contabilidad B del Partido Popular (PP), así como el de la primera época de actividades de la red Gürtel, por no tener apariencia de imparcialidad.
La confesión de Peñas
En su escrito de acusación, las fiscales de Anticorrupción destacan la colaboración del denunciante del caso, José Luis Peñas, que afronta una pena de 8 años y 11 meses: "Concurre en José Luis Peñas Domingo respecto de todos los delitos que se le atribuyen la circunstancia atenuante de confesión apreciada como muy cualificada".
Además, las fiscales reconocen en su escrito que el caso se inició gracias a la denuncia formulada por Peñas, aconsejado por su abogado Ángel Galindo. Para las representantes del Ministerio Público, Peñas ha colaborado desde un primer momento de forma "esencial en la averiguación del delito y en el descubrimiento de sus responsables".
El Ministerio Público también dijo de Peñas: "El referido acusado cooperó exponiendo el modo de operar del grupo liderado por Francisco Correa tanto en el ámbito de la contratación con el sector público como en la ocultación de las ganancias derivadas de tal actividad. Asimismo, José Luis Peñas aportó junto con su denuncia numerosas grabaciones de conversaciones mantenidas con otros acusados que corroboraban sus manifestaciones".
También acudirán como testigos los exministros de los Gobiernos de José María Aznar Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, entre otros.
Francisco Álvarez-Cascos tras declarar como testigo en Gürtel.
Las acusaciones concretas de la Fiscalía Anticorrupción en la denominada Época I de Gürtel son las siguientes.
1. Ayuntamiento de Estepona
La Fiscalía acusa a los integrantes de la trama de las adjudicaciones concedidas por el acusado Ricardo Galeote como gerente de una sociedad turística municipal a las empresas de Francisco Correa, "a cambio de la correspondiente comisión abonada en forma de viajes y otros servicios turísticos organizados por la empresa Pasadena Viajes SL.
2. AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
Francisco Correa está acusado de numerosas irregularidades entre 2001 y 2005, con Guillermo Ortega de alcalde de Majadahonda. En concreto, la Fiscalía acusa al cabecilla de apoderarse de fondos de entidades públicas municipales en connivencia con Ortega y otros funcionarios y autoridades del Consistorio, como por ejemplo María del Carmen Rodríguez Quijano, José Luis Peñas y Juan José Moreno Alonso. Estos fondos también se utilizaron para abonar actos del PP.
En este apartado de la acusación, las fiscales incluyen las actuaciones presuntamente ilegales de Guillermo Ortega, al margen de Correa, para ocultar sus fondos "ilícitos" a través de un entramado financiero y societario constituido en el extranjero y gestionado por los acusados Antonio Villaverde y Luis de Miguel. Ortega abrió su primera cuenta en Suiza, según la investigación, pocos días después de ser nombrado alcalde de Majadahonda en mayo de 2001.
3. POZUELO DE ALARCÓN
La Fiscalía denunció la connivencia de Correa con el entonces alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepulveda, para la obtención de adjudicaciones irregulares a cambio de la correspondiente comisión tanto para sus empresas como para Constructora Hispánica, administrada por el acusado Alfonso García Pozuelo-Asins, que ha regularizado sus deudas con Hacienda abonando 20 millones de euros.
En este epígrafe de la denuncia de la Fiscalía recoge la percepción de "cuantiosas gratificaciones" por el acusado Jesús Sepúlveda, con anterioridad a ser nombrado alcalde de Pozuelo de Alarcón, en consideración particular a su entonces cargo de senador.
4. AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD DE MADRID
Este apartado de la acusación comprende fundamentalmente la actividad desarrollada por el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo en connivencia con Correa, tanto desde su cargo de concejal de Limpieza y Desarrollo Medioambiental del Ayuntamiento de Madrid como "abusando" de sus cargos de viceconsejero de Presidencia y de consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, en el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Anticorrupción también incorpora en este apartado de Madrid los hechos relacionados con la ocultación de los fondos obtenidos en Suiza y la actuación desarrollada por el exviceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado, que adjudicó de forma directa contratos públicos a cambio de la correspondiente mordida.
5. CASTILLA Y LEÓN y BÁRCENAS
La Fiscalía englobó en el apartado de Castilla y León las actividades de intermediación en el ámbito público de Francisco Correa, Luis Bárcenas, el exdiputado del PP Jesús Merino y Jesús Sepúlveda en esta y otras comunidades autónomas a favor de las sociedades Teconsa, Sufi (Sacyr-Vallehermoso), Constructora Hispánica y Grupo Ros Roca a cambio de comisiones ilegales.
Pero las fiscales también incluyen en el apartado de Castilla y León la denuncia de la percepción de comisiones por parte de Bárcenas a cambio de la intermediación en adjudicaciones públicas, así como la sustracción de fondos del PP. Este apartado comprende la actividad referida a la ocultación de tales comisiones y fondos a través de facturas y contratos ficticios, de sociedades "pantalla" y de cuentas abiertas en Suiza.
En esta actuación colaboraron presuntamente con Bárcenas su mujer, Rosalía Iglesias Villar, y los también acusados lván Yáñez Velasco, Ángel Sanchís Perales y Ángel Sanchís Herrero.
6. ACTIVIDADES DE BÁRCENAS
La Fiscalía asegura que el año 2000 Bárcenas desarrolló otras actividades dirigidas a enriquecerse de "modo ilícito" mediante el cobro de comisiones derivadas de intermediaciones en contratos públicos y la apropiación de fondos en negro del Partido Popular cuya administración tenía encomendada como gerente nacional.
"Así, se apoderó de recursos de esta formación aprovechando la estructura opaca a la Hacienda Pública –y al Tribunal de Cuentas– o doble contabilidad instaurada en ese partido", explican las fiscales, que completan: "Bárcenas desarrolló una operativa dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en otras adjudicaciones públicas y apropiándose de fondos del PP que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza y que afloró mediante la simulación de distintas operaciones comerciales", en referencia a la compra de obras de arte.
En concreto, fue su mujer, Rosalía Iglesias, en connivencia con su marido la que ocultó, siempre según la Fiscalía, sus propias rentas y las de su esposo ingresando una parte de ellas en efectivo en cuentas de su titularidad abiertas tanto en España como en Suiza y "simulando" realizar alguna venta de cuadros.
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Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
"Bárcenas incorporó a su patrimonio recursos del PP cuya administración tenía encomendada como gerente junto con el tesorero, entre febrero de 1993 y junio de 2008, el acusado Álvaro Lapuerta. En concreto, los fondos de los que se apoderó –que ascendieron a, como mínimo, 299.650 euros que se ingresaron en cuentas bancarias abiertas en España y en Suiza– procedían de una contabilidad paralela o caja B del Partido Popular gestionada por ambos acusados que se nutría, con carácter general, de donativos que incumplían la normativa de financiación de los partidos políticos y que eran efectuados por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas", resaltan las fiscales.
Entre otros fondos, en 2005 Bárcenas se apropió de 149.600 euros que destinó a pagar unos inmuebles, pero que tenían que haberse utilizado para comprar acciones de Libertad Digital, tal y como se había "decidido en el seno de la formación política con el fin de colaborar con esa sociedad", especifican las fiscales en su escrito de acusación del caso Gürtel cuyo juicio comenzará este martes.
