La Marea Granate denuncia las consecuencias de la reforma electoral del PP para el voto exterior en caso de unas terceras elecciones

La incógnita sobre la posible celebración de unas terceras elecciones continúa monopolizando el debate político, empañado por un bloqueo institucional que se prolonga desde el 20 de diciembre del pasado año. Mientras los principales actores del juego político terminan de confeccionar la hoja de ruta a seguir durante el recién estrenado mes de octubre, el PP ha aprovechado para fijar las reglas de unos posibles terceros comicios. Este lunes, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que viene a modificar la vigente ley electoral para evitar que los comicios se celebren el 25 de diciembre, tal y como establacen los plazos, adelantando la fecha al 18 de diciembre.

Las razones que motivan la propuesta del PP giran en torno al artículo 99 de la Constitución: "Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso".

Los conservadores argumentan que, si en la ocasión anterior el periodo de tiempo transcurrido entre la convocatoria –3 de mayo– y el día de las elecciones –26 de junio– fue de 54 días, en esta ocasión se producirá una reducción temporal de una semana: serían 47 días entre la primera votación de la fallida investidura –1 de noviembre– y la fecha de los comicios –18 de diciembre–. Con el objetivo de mitigar el impacto de dicho acortamiento cronológico, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto un reajuste de los tiempos.

La principal modificación recae directamente sobre la campaña electoral, que pasaría de los 15 días previstos a un total de ocho. "Dicha reducción del tiempo de la campaña se justifica en la idea de que estas elecciones convocadas de forma automática de acuerdo con el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución son una repetición de las anteriores, por lo que los candidatos no necesitan el mismo tiempo para realizar las actividades destinadas a la captación de sufragios", expone el grupo.

Por otro lado, los conservadores establecen otra serie de medidas tales como el mantenimiento de las anteriores Juntas Electorales, la posibilidad de comunicar el mantenimiento de los representantes de los partidos, de las coaliciones o de las candidaturas que concurrieron a las anteriores elecciones generales, o la validez de los avales presentados entonces.

Entre las consecuencias de la iniciativa desarrollada por el PP, existe un colectivo que podría verse especialmente afectado. Se trata de los electores españoles residentes en el extranjero. El movimiento Marea Granate –plataforma integrada por jóvenes que se encuentran fuera del país– denuncia los principales obstáculos que de nuevo tendrán que encarar en caso de que se convoquen elecciones y se acorten, tal y como propone el equipo de Mariano Rajoy, los plazos establecidos.

Las consecuencias de acortar los plazos

Una de las novedades que introduce la iniciativa es que el ruego de voto no será obligatorio para aquellos electores que ya lo hubieran realizado en junio. De este modo, los residentes ausentes podrán formular la solicitud no más tarde del 26 de noviembre, pero "se entenderá válida y no requerirá que vuelva a ser formulada para el nuevo proceso electoral la solicitud aceptada por la Oficina del Centro Electoral que los españoles inscritos en el censo que hubieren formulado para las elecciones generales inmediatamente anteriores, siempre que sigan inscritos en el censo". Algo que, a juicio de la Marea Granate, "no resuelve nada". La portavoz de la plataforma Berta Burguete sostiene en declaraciones a infoLibre que el ruego en junio fue de "unas 169.000 solicitudes". En este sentido, continúa, "salvar 169.000 solicitudes –que no votos– no significa nada". "Si de verdad les importara el voto exterior derogarían el ruego y mandarían de oficio las papeletas a todas las personas residentes en el exterior", sentencia.

No obstante, la principal preocupación del colectivo recae sobre la fecha de envío de las papeletas por parte de las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Según la propuesta del PP, el material tendría que llegar a los electores, como máximo, el 6 de diciembre. Precisamente que la fecha de envío recaiga a 6 de diciembre, supone un inconveniente claro para los residentes en el extranjero: "Coincide con el puente de la Constitución, así que es probable que hasta el 7 no salgan las papeletas", denuncia la Marea Granate.

A este obstáculo hay que sumar que el envío sugerido por el PP se encuentra ya de por sí modificado respecto al de la actual ley electoral, que distingue entre el periodo normal de expedición –34 días después de la convocatoria– y el envío en caso de listas impugnadas, para el que deja un margen de una semana –42 días a partir de la convocatoria–. "Según la ley electoral, hay cerca de una semana extra para las papeletas de las listas impugnadas, pero en este caso no, todas las listas se enviarán el día 6 ó 7", lamenta el colectivo. En caso de que alguna lista se modifique posteriormente, por tanto, el voto extranjero sufriría las consecuencias directas: "O bien la persona no tiene opción de votar esa lista porque no recibe la papeleta, o en todo caso votará con la antigua, y entonces el voto podría resultar no válido", subraya Burguete. En tercer y último lugar, la Marea Granate enfatiza en el riesgo que supondría la segunda opción para el secreto del voto, ya que "todos los votos de listas antiguas vendrían de electores en el extranjero", que verían cómo su sufragio quedaría expuesto de forma "inconstitucional".

En cuanto a los plazos para enviar el voto o depositarlo directamente en las urnas habilitadas por los consulados, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular no hace mención alguna al respecto, de modo que cabe suponer que los tiempos fijados por la actual ley electoral permanecerán inmutables. Esto significa que el envío por correo se realizará, como máximo, el 13 de diciembre –quinto día anterior al día de la elección–, mientras que el voto en urna sería entre el 14 y el 16 de diciembre –del cuarto al segundo día anterior al domingo electoral, ambos incluidos–.

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El colectivo de electores en el extranjero teme, asimismo, los problemas de saturación o mal funcionamiento que puedan producirse y que, dado la premura de los plazos, tendrían consecuencias irreversibles sobre el derecho a voto de los emigrantes. "Al condensarse los plazos, el personal que está trabajando en esto –consulados, servicios de correo...– puede no ser suficiente y más precario", comenta Burguete, algo que, asegura, preocupa al colectivo en cuanto a derechos laborales pero también respecto al efecto que pueda tener a la hora de hacer los envíos.

Finalmente, apunta que la modificación registrada por los conservadores otorga potestad a la Junta Electoral Central para mover plazos, "algo que ya hacen, y que de hecho en las elecciones vascas y gallegas ya llevaron a cabo al modificar el plazo del escrutinio general", sostiene. Sin embargo, denuncia, el problema es que "la Junta Electoral debería ser mucho más ágil y actuar antes".

A juicio de la Marea Granate, la reforma del PP es un modo de llevar a cabo iniciativas "sin escuchar a las personas afectadas, a la problemática real que hay", y por tanto "otro golpe más para asegurarse que todo va a su favor". A su modo de entender, "llama la atención que cuando se quiere, bien que se puede", mientras que "todos los demás intentos de reforma los han tirado por tierra". En este sentido recuerdan que tanto ERC como el PSOE han registrado iniciativas que proponen, respectivamente, rebajar la edad de voto a los 16 años y suprimir el voto rogado.