21 empresas del IBEX ocultan en España la función de ‘lobbies’ que sí admiten en Bruselas

¿Puede una misma empresa considerarse grupo de presión en las instituciones europeas y no en España? La práctica, el modo de proceder del grueso de las empresas del Ibex 35 demuestra que sí. De las 35 firmas que a día de hoy integran el selectivo, 24 están dadas de alta en el registro de lobbies de la Unión Europea. El número desciende hasta tres cuando se trata de localizarlas en el listado de "grupos de interés" que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puso en marcha el pasado marzo, la primera experiencia oficial de este tipo en España. Cruzando ambos datos se concluye que 21 empresas del IBEX que se acreditan como grupos de presión en la UE no han considerado necesario dar el mismo paso en España.

Se da la circunstancia de que las tres empresas del Ibex que sí están inscritas en el registro de la CNMC también lo están en Bruselas. Se trata de Telefónica, que lleva inscrita en el registro de grupos de presión de la UE desde el 23 de junio de 2008, Red Eléctrica de España (REE) (16 de febrero de 2011) y Cellnex Telecom (10 de febrero de 2015). Para su creación, el registro del superregulador tomó como modelo el de Bruselas.

El listado de los no inscritos en ninguno de los dos registros lo integran ACS, Bankia, Día, Gamesa, Grifols, Inditex, Mapfre, Meliá, Merlin Properties, Técnicas Reunidas y Viscofan.

Los expertos en transparencia consultados por infoLibre atribuyen esta brecha a la escasa cultura de transparencia que hay en España. La Ley de Transparencia de Mariano Rajoy fue una oportunidad perdida en este campo al no abordar la regulación de los lobbies. Y en el Congreso y el Senado, las fábricas de leyes del Estado, desde 1978 se han acumulado las promesas de crear un registro de grupos de presión para que toda aquella empresa o particular que quisiese acceder a un Grupo político o a un parlamentario concreto estuviese inscrito en el mismo y quedase rastro de ello. Pero no pasaron de meras promesas.

Respecto a la acogida de su registro entre las empresas españolas, desde la CNMC admiten a este diario que el balance es agridulce. En menos de un año son más de 300son más de 300las empresas que se han inscrito. Pero la presencia de firmas que cotizan en bolsa es testimonial.

Una clave: la obligatoriedad para entablar contacto

El registro de grupos de interés de la Comisión Europea fue creado en 2008. Cambió de nombre a "registro de transparencia" el 23 de junio de 2011 y pasó a ser común, del Parlamento y de la Comisión. La inscripción en el registro es voluntaria, pero no estar presente en él impide el acceso a la institución. "Las personas y organizaciones deben inscribirse en el mismo antes de solicitar el acceso al Parlamento Europeo", señalan desde la institución. Va un paso más allá del registro de la CNMC en el que no es obligatorio estar inscrito para mantener reuniones con el superregulador.

El paso lógico que la CNMC tendrá que dar en el futuro es el mismo que en su día dieron las instituciones europeas. Es decir: quien quiera tener acceso al superregulador deba suscribir el código ético y ser transparente sobre estos encuentros. Este código ético, muy similar al de la UE, obliga a los inscritos a actuar con transparencia, a no difundir información confidencial y a actuar con integridad y honestidad en el desarrollo de su actividad.

De hecho, el desfase entre miembros del Ibex 35 presentes en el registro de la CNMC (3) y los presentes en el registro de transparencia de Bruselas (24) puede deberse al hecho de que no figurar en este último cierra la puerta de las empresas a las instituciones europeas.

La CNMC publica también en su página web las reuniones que mantiene con empresas. Desde octubre de 2013 a día de hoy, el registro contabiliza 1.370 reuniones. Sólo 246 de ellas, el 17,9%, se corresponden con empresas previamente inscritas en el registro de grupos de interés. La cifra es todavía bastante baja y pone de manifiesto que en España no está instaurada todavía una cultura de transparencia. Si en el registro sólo figuran tres empresas del Ibex, en el listado de reuniones nos encontramos con otras como Abertis, Repsol, Aena, Amadeus, Endesa, BBVA, Santander, Mediaset, Gas Natural Fenosa, Caixabank, Arcelor Mittal y Acciona. De las 35 empresas del selectivo, 20, más de la mitad, figuran en el listado de reuniones con empresas de la CNMC.

En el partido que ostenta el Gobierno en funciones y en el resto de formaciones coinciden en que "trasladar" la una experiencia similar a la de Bruselas al Congreso de los Diputados sería uno de los principales retos que tendrá que afrontar el próximo Ejecutivo que tenga plenas capacidades. A día de hoy, el registro de la transparencia europeo cuenta con 9.998 organizaciones inscritas. Del total, 5.098 integran la categoría de "grupos de presión dentro de las empresas y asociaciones comerciales, empresariales o profesionales".

Sin avances desde 1978

En España la transparencia en este campo lleva siendo una asignatura pendiente desde 1978. En el informe Una evaluación del lobby en España. Análisis y propuestas, fechado en septiembre de 2014, la organización Transparencia Internacional España hace un detallado repaso de las iniciativas que, sin éxito, han intentado regular la figura de los grupos de presión en España.

Cuando se estaba redactando la Constitución, Alianza Popular (AP), partido que daría después lugar al PP, presentó un voto particular que incorporaba al artículo 77 , el que contempla el derecho de petición ciudadana, dos nuevos puntos. En el primero de ellos se recogía que las comisiones parlamentarias podrían recibir "delegaciones de grupos legítimos de intereses, en sesiones que siempre tendrán carácter público". En el segundo establecía que una ley orgánica fuese la encargada de crear un sistema de control y registro para los lobbies. Quedó en papel mojado.

Más de diez años después, en 1990, el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley para la regulación "de los despachos que gestionan intereses particulares confluyentes con intereses públicos". Hubo algún avance en el debate porque se aceptaron enmiendas del PSOE. Pero no pasó de ahí.

El Centro Democrático y Social (CDS) lo intentó con otra proposición no de ley en 1993. Se reclamaba al Gobierno que buscase una legislación sobre los lobbies que actúan en los parlamentos. Fue aprobada por una amplia mayoría pero después no fue promovida y se quedó en mera declaración de intenciones.

Rajoy llegó al Gobierno en noviembre de 2011. A lo largo de toda la legislatura, en sus grandes discursos nunca faltó esta promesa. Pero después ni la incluyó en su Ley de Transparencia ni utilizó su mayoría absoluta para legislar al respecto.

Con una legislación específica en este campo, los ciudadanos podrían conocer la trazabilidad de las leyes que les afectan. Es decir, qué agentes, empresas o colectivos han influido en la redacción final de la legislación y qué ha aportado cada uno de ellos. 

En los últimos años, gracias a los escándalos de corrupción, la labor de los lobbies ha ganado connotaciones negativas de forma exponencial. Las empresas y consultoras que trabajan en este campo coinciden en que sólo con una regulación que obligue a la transparencia la sociedad tomará conciencia de que el hecho de que los políticos se acerquen a los sectores sobre los que tienen que legislar no es malo.

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Nuevo paso en Europa

Mientras, la semana pasada la Comisión Europea dio un nuevo paso con la propuesta de un registro obligatorio que abarque a todas las instituciones comunitarias, es decir, que llegue, además de a la Comisión y al Parlamento, también al Consejo Europeo.

"Las instituciones de la UE tienen que trabajar juntas para recuperar la confianza de nuestros ciudadanos. Tenemos que ser más abiertos en todo lo que hacemos. Las propuestas de hoy de un registro de transparencia obligatorio para el Parlamento, el Consejo y la Comisión constituyen un importante avance en la dirección correcta. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién intenta influir en el proceso legislativo de la Unión. Proponemos una regla muy simple: que no pueda celebrarse ninguna reunión con los responsables políticos sin una inscripción previa. A través del Registro, los ciudadanos podrán ver quiénes intentan influir, a quiénes representan y cuánto dinero gastan", sostuvo el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans.