Huelva empieza a poner dinero público por el rescate del Recreativo

El Ayuntamiento de Huelva, con más de 220 millones de euros de deuda, ha empezado a poner dinero público para mantener vivo al Recreativo, el principal club de fútbol de la ciudad. El Consistorio, presidido por el alcalde Gabriel Cruz (PSOE), expropió el club en junio para evitar su descenso y posible desaparición y alegando que no costaría dinero a los contribuyentes. El PP apoya este rescate municipal de un club de fútbol arruinado por una deficiente gestión privada. El objetivo del Ayuntamiento es venderlo, pero no hay comprador a la vista.

Al hacerse con casi el 100% de las acciones, el Ayuntamiento asumía la deuda del club, que según sus cuentas anuales supera los 21 millones de euros, si bien el propio Consistorio admite dudas sobre la cuantía real, pendiente de una auditoría. Una auditoría externa de mayo de 2016 desvela opacidad, ausencia de mecanismos de control internoopacidad, ausencia de mecanismos de control interno, falta de documentación sobre los actos...

El Recre, un club de fútbol público en Segunda División B y técnicamente en quiebra, adeuda 560.000 euros a los futbolistas y a los trabajadores, según el Ayuntamiento. Los trabajadores tienen 12 nóminas pendientes. La entidad está embargada. Las deudas asumidas por el erario público al expropiar el club afectan a Hacienda, la Seguridad Social, la Federación de Fútbol y proveedores.

En este contexto de urgencias económicas y presión social por salvar al conocido como "Decano del fútbol español", el Ayuntamiento ha aprobado patrocinar al club con 500.000 euros. Para ello el Consistorio ha realizado una modificación presupuestaria, apenas un mes después de aprobadas las cuentas, que permite trasladar medio millón de euros del fondo de contingencia a un contrato de patrocinio para aliviar la pésima situación económica del club municipal de fútbol.

Esta modificación se ha realizado pese al informe desfavorable de la Intervención General del Ayuntamiento, que alerta de que la operación incumple el artículo 31 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El motivo es que el gasto al que se dedica al dinero es "discrecional", según el interventor.

Dudas legales y prioridades

La decisión de patrocinar al Recreativo, del que ya se han asumido las deudas, salió adelante en el pleno municipal con el apoyo del PSOE y del PP, que hizo votar a favor a uno de sus concejales y abstenerse a los otros siete. El resto de grupos votó en contra.

Esta votación sui generis evidencia las dudas que la operación suscita en la oposición, tanto en lo concerniente a los aspectos legales como en el hecho de dedicar dinero a un club de fútbol municipalizado y no a otras necesidades. Según los indicadores publicados en marzo por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Huelva fue en 2013 la capital de provincia con menor renta media anual del país (20.461 euros por hogar).

El Gobierno local alega que el interventor no emite un "reparo", sino un informe desfavorable. También insiste en el carácter de "patrimonio inmaterial" del Recreativo de Huelva, un club emblemático en la provincia. Y destaca la proyección que da el Recre a la ciudad en toda España.

La situación económica del Ayuntamiento es precaria. En julio el alcalde promovió una iniciativa para declarar nulo el rescate financiero de Hacienda, vigente desde 2014, un gesto para reivindicar mayor autonomía municipal. El Gobierno calificó como "no acertada" esta decisión.

Líder de morosidad

El caso es insólito. El Recreativo está en la lista de morosos de Hacienda, con una deuda de 13,5 millones de euros, lo que lo convierte en el club líder en esta clasificación. El Ayuntamiento culpa de la situación a Pablo Comas, el empresario al que expropió las acciones con el apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos y Mesa de la Ría, la abstención de Participa Huelva y el voto en contra de Izquierda Unida. Para justificar la expropiación la Junta de Andalucía ha declarado al club Bien de Interés Cultural.

La expropiación se produjo pese a los recelos del interventor y del secretario municipal, que no se opusieron expresamente pero evidenciaron dudas sobre la operación. El interventor señaló en su informe que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local sólo permite a las entidades locales hacer aportaciones patrimoniales a sociedades mercantiles "si se ha cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y periodo medio de pago". "Objetivos", señala el informe del interventor del 3 de junio, "que no se han cumplido".

El secretario general señala, en su informe de 3 de junio: "Una vez preservada la continuidad y viabilidad del club, y debidamente estructurada y planificada la gestión de la sociedad que ejerce su actividad, el Ayuntamiento debería plantearse la más pronta devolución de la misma a la iniciativa privada". El texto añade que la gestión de un club de fútbol es una "competencia impropia" de un ayuntamiento.

Sin comprador a la vista

El Ayuntamiento de Huelva se ha hecho con la propiedad de un club cuya situación económica es ruinosa, pero se desconoce hasta qué punto. Su propósito es venderlo cuanto antes; el problema es no hay comprador a la vista. El pleno ha aprobado por unanimidad vender el club antes del 30 de enero, si bien la moción es en realidad la simple expresión de un deseo. La opacidad de las cuentas por la falta de una auditoría fiable y la elevada deuda, especialmente con Hacienda, son factores disuasorios para posibles compradores, que en cualquier caso deberían pasar por una concurrencia pública.

Una campaña de recogida de dinero permitió pagar a la Asociación de Futbolistas Profesionales y evitar el descenso automático a Tercera División antes del inicio de la temporada, lo cual hubiera aumentado aún más el riesgo de desaparición. El Ayuntamiento ejerció como impulsor de la campaña y mediador ante la AFE. La Diputación Provincial aportó 35.000 euros para el pago a jugadores.

Una "fórmula legal" para evitar embargos

El principal escollo que afronta ahora el club es la deuda con Hacienda, que no recibe al Ayuntamiento para abordar la situación y cómo afrontarla, según el concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, José Fernández (PSOE). En el pleno celebrado el 1 de septiembre, el concejal Fernández explicó que el Recreativo estaba gestionando la campaña de nuevos abonados a través de la Federación de Peñas y del Trust (otro colectivo de aficionados) para evitar el embargo del dinero por parte de "Hacienda o la Seguridad Social, como pasó con los abonos de la temporada 2015-2016". "Se ha buscado la fórmula legal para que las personas que no tenían una vinculación pudieran gestionar" los nuevos abonos mediante un "documento notarial", señaló Fernández.

InfoLibre preguntó al Ayuntamiento por esta "fórmula legal". "En ningún momento se está evitando que Hacienda y la Seguridad Social se queden el dinero de la campaña de abonados. Desde el Ayuntamiento se ha asumido una situación de caos, un club abocado a desaparecer", respondió el Ayuntamiento, que inscribe la fórmula utilizada en el contexto de la "campaña de salvación" del club de la que forman parte el propio Consistorio y colectivos de aficionados. El Gobierno local calcula que la recaudación por nuevos abonos no superará el millón de euros. Su objetivo es que el nuevo consejo de administración, una vez expulsado Comas, negocie directamente con Hacienda una flexibilidad en los pagos, y que ello haga a su vez interesarse a algún comprador.

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Comas no está poniendo las cosas fáciles al Ayuntamiento. A pesar de que la expropiación se aprobó en junio, se ha mantenido como consejero delegado hasta esta misma semana, cuando la junta general de accionistas lo ha destituido. Comas, a pesar de haberse visto liberado de la deuda del club gracias a su municipalización, está planteando batalla legal al Ayuntamiento e incluso se opone a que la expropiación se realice a coste cero, ya que estima que las acciones sí tienen un valor.

Además un juzgado de Huelva admitió a trámite en julio una demanda del Recreativo contra el Ayuntamiento por valor de casi 18 millones de euros por un conflicto patrimonial en relación al estadio Nuevo Colombino.

El Ayuntamiento, por su parte, se ha sumado a una querella contra Comas en otro juzgado de Huelva por administración desleal, falsedad documental y apropiación indebida. Este periódico intentó contactar con Comas, sin éxito.