La Generalitat denuncia ante Naciones Unidas la “persecución judicial” de independentistas

El director general de Afers Multilaterals i Europeus del Departament d'Exteriors de la Generalitat, Manuel Manonelles, remitió el pasado 31 de agosto sendas cartas al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein; a Gianni Magazzeni, responsable del mismo comisionado para América, Europa y Asia Central; y a Nils Muiznieks, Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, según informa La Vanguardia. En las misivas, a las que ha tenido acceso el periódico, se denuncia la "persecución judicial" de los cargos independentistas electos, basándose en la circular que emitió el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que instaba a los Mossos d'Esquadra, a la Guardia Civil y a la policía nacional a perseguir el delito de sedición.

La Generalitat censura que los representantes que apoyaron la Resolución I/IX del Parlament, que declaraba el inicio del proceso de creación de un Estado catalán tras las elecciones de septiembre de 2015, son perseguidos. Las cartas se hacen eco de la decisión de la comisión de Justicia del órgano, que instaba al Govern a trasladar a los organismos internacionales "el carácter antidemocrático vigente de las instituciones judiciales españolas y la vulneración evidente de los derechos fundamentales y políticos de los catalanes mediante la persecución de los cargos electos", como recoge La Vanguardia. Las misivas lamentan, además, la "instrumentalización política" de la justicia por parte del Gobierno español.

La comunicación a los responsables internacionales incluye un anexo de nueve medidas para "salvaguardar los derechos fundamentales afectados por decisiones del Gobierno español", a llevar a cabo por el "futuro Govern". Entre ellas, Manonelles asegura que el hipotético Gobierno de un Estado catalán independiente mantendrá un sistema sanitario universal y de calidad y su sistema educativo propio, y defenderá el derecho al aborto, la financiación de planes de emergencia social, la política de acogida de refugiados y la renegociación de la deuda con los bancos.