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La Policía detiene a dos exconcejales del PP en Palma en una operación por irregularidades en un concurso público

  • Las detenciones, que se elevan a 13, se han producido en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la licitación y adjudicación del concurso de la ORA
  • Los detenidos son Irene San Gil, concejala de Función Pública en la última legislatura del PP, y Gabriel Vallejo, concejal de Movilidad

infoLibre
Publicada el 17/10/2016 a las 17:54 Actualizada el 17/10/2016 a las 18:05
Miquel Vidal, presidente balear.

Miquel Vidal, presidente balear.

La Policía Nacional detuvo a la que fuera concejala de Función Pública en la última legislatura del PP al frente del Ayuntamiento de Palma, Irene San Gil, así como al de Movilidad, Gabriel Vallejo, en el marco de la operación llevada a cabo este lunes por presuntas irregularidades en la licitación y adjudicación del concurso de la ORA.

Así lo confirmaron fuentes de la investigación a Europa Press, que precisaron que ambos se encontraban al frente de sendas áreas cuando se produjeron las anomalías en el anterior servicio.

Las detenciones, que se elevan a un total de 13, se produjeron en el ámbito de la Operación Sancus, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 12 y la Fiscalía Anticorrupción, y funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales y adscritos a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Jefatura Superior de Policía en Baleares.

La operación continúa abierta y las diligencias están declaradas secretas. Este procedimiento será tramitado como pieza separada de la instrucción sobre la Policía Local, pese a que los hechos no son los mismos ni están directamente relacionados, como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Por su parte, desde el Consistorio manifestaron su "máximo respeto" por las investigaciones, que se encuentran bajo secreto sumarial. Se da la circunstancia de que, a principios de este año, CCOO advirtió de la que la UTE encargada de la gestión de la ORA acumulaba en año y medio hasta un total de 17 requerimientos de Inspección de Trabajo y hacía hincapié en los incumplimientos en que la unión de empresas incurría en relación con el pliego de condiciones del servicio.
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