Educación

Estudiantes y padres de la pública llaman a vaciar la aulas contra las reválidas y los recortes

Estudiantes en una manifestación contra la Lomce.

El Sindicato de Estudiantes (SE), la Federación de Estudiantes Progresistas (Faest) y las familias de la escuela pública agrupadas en Ceapa llaman a vaciar las aulas este miércoles en todas las etapas del sistema educativo. La principal reivindicación de esta jornada de movilizaciones es la retirada de las polémicas reválidas previstas en la también discutida reforma educativa aprobada por el PP en 2013. Los convocantes protestan también por los recortes de los últimos años. La huelga irá acompañada de manifestaciones en las principales ciudades españolas. 

El calendario fijado por el Ministerio de Educación [consultar en PDF] prevé que en junio de 2017 más de medio millón de alumnos realicen por primera vez tanto la evaluación final de ESO como la evaluación final de Bachillerato, que es la que sustituye a la Selectividad. Este curso, al ser primero, ninguna de las dos tendrá efectos académicos, es decir, no será necesario superarlas para graduarse como sí ocurrirá a partir del curso 2017/2018.

A partir de ese año, lo que establece la ley es que los alumnos que no aprueben en 4º de ESO solo podrán matricularse en FP básica y los que no hagan lo propio con la de 2º de Bachillerato no podrán ir a la Universidad. Si quieren seguir estudiando se tendrán que conformar con la FP. No obstante, la prueba de Bachillerato sí tiene especial relevancia ya a partir de este curso, pues conformará el 40% de la nota final con la que cada estudiante intentará acceder a la Universidad. Como hasta ahora, el otro 60% procederá de la media del curso. Así se establece también en el borrador de la orden ministerial que la regula que adelantó este martes Magisnet

Los convocantes de la huelga de este miércoles se han mostrado muy beligerantes contra estas pruebas externas, pero también con la llamada prueba de diagnóstico, con correctores externos, que la LOMCE establece que deben hacer los alumnos de sexto de primaria (11 y 12 años). Para Ceapa, la organización que representa a 12.000 asociaciones de de familias de los centros públicos, las reválidas son el paradigma de un modelo pedagógico "arcaico" y basado en una sucesión continua de exámenes que tiene como fin último "impedir a la mayor cantidad posible de alumnado que pueda ejercer el derecho a la educación".

Un argumento similar exponen en el Sindicato de Estudiantes, donde defienden que estas reválidas que califican de "franquistas" establecen "un triple filtro con el que desechar a cientos de miles de jóvenes de entre 15 y 17 años". A juicio de Ana García, secretaria general de esta organización, estas pruebas "no buscan la mejora de la calidad educativa". Por su parte, desde la Federación de Estudiantes Progresistas (Faest) critican que este sistema de reválidas es "segregador".

José Luis Pazos

, portavoz de Ceapa, cuestiona también el carácter deslegitimador que tienen estas pruebas sobre la labor de evaluación continua que los profesores realizan. "La función de los docentes queda minusvalorada y puesta en tela de juicio hasta que un examen externo corrobora, si es que lo hace, que su evaluación es correcta. Las reválidas permitirán además un suculento nuevo negocio para empresas que se quieran dedicar a presentarse a concursos para que les encarguen su realización", subraya.

En Ceapa cuestionan también que estas evaluaciones las realicen profesionales ajenos a sus hijos lo que además de generar en los alumnos un "estrés innecesario" supone que los correctores no puedan evaluar ni el progreso educativo, ni el esfuerzo continuo ni las circunstancias personales de cada caso. "A pesar de eso, la nota que saquen determinará su futuro. Estas pruebas pueden tirar a la basura el trabajo de un mínimo de 13 años para el título de la ESO y de 15 para el de Bachillerato", señala Pazos. 

Críticas a los recortes 

Asimismo, los convocantes recuerdan que entre los motivos de esta jornada de huelga están también los recortes que han sufrido los centros públicos educativos, tanto en la enseñanza obligatoria como en la superior. En este sentido, recuerdan la consolidación de las restricciones presupuestarias en los ámbitos estatal y autonómico. Lo cierto es que para este 2016 la partida destinada a educación fue un 12,6% inferior a la de cinco años antes. El presupuesto educativo del Gobierno central pasó de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.484 para este año millones en el año pasado, es decir, 359 millones menos.

A juicio de García sólo es posible mejorar la calidad educativa invirtiendo en educación pública, en recursos humanos y materiales que garanticen condiciones dignas en los centros, contratando profesores, aumentando los desdobles, acabando con la masificación... "Justo lo contrario de lo que ha hecho el PP despidiendo a 32.000 profesores, subiendo brutalmente las tasas académicas o eliminando las becas de libros y de comedor", subraya.

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Otra de las quejas expresadas es la relativa al modelo de ayudas al estudio. Los tres colectivos también se han mostrado muy combativos con el vuelco radical de ayudas al estudio que el PP impuso en 2012. En un polémico reglamento añadió criterios académicos, que suponen principalmente alcanzar una nota mínima de 5,5 para optar a la matrícula gratuita y obtener al menos un 6,5 en el expediente para optar a la ayuda general. E introdujo un baremo que incluye una parte de ayuda fija y otra variable que se otorga en función del número de demandantes y del presupuesto.

La consecuencia es que este sistema permite que un mismo estudiante con una renta similar e idénticas notas pueda cobrar cantidades distintas de un curso al siguiente en función del presupuesto disponible. Las partidas anuales destinadas a las becas sufrieron un tijeretazo de treinta millones en 2012 –pasaron de 1.168 millones a 1.138 (-2,6%)– y desde ahí han ido subiendo de forma progresiva hasta los 1.416,5 millones actuales.

Datos aportados por los rectores en un informe reciente evidencian las consecuencias que ha tenido este cambio de modelo en el sistema de ayudas en la igualdad de oportunidades. Entre ellas, cómo han ganado peso las ayudas menos cuantiosas, como la compensación por los precios de matrícula –antes de 2012 el 27% del presupuesto se dedicaba a estas ayudas y ahora es el 40%–; y han perdido las que suponen dar dinero al alumno para que pueda estudiar en otra comunidad o para compensar que los hijos de familias con rentas más bajas estudien en lugar de trabajar. Estas últimas han pasado de copar el 58% del presupuesto a apenas el 28%.

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