El TC ampara a una detenida como presunta miembro de Segi por no investigarse su denuncia por torturas

El Tribunal Constitucional (TC) amparó a Irati Mújika, detenida como presunta miembro de Segi, y reconoce que sus derechos a la integridad física y moral fueron vulnerados ya que la denuncia de torturas durante su arresto en noviembre de 2009 no fue investigada de forma "eficaz" para el esclarecimiento de los hechos. La joven fue absuelta en junio de 2014 por la Audiencia Nacional de pertenecer a la organización vinculada a la banda terrorista ETA.

Así, la Sala Primera del Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo contra la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid de 7 de marzo de 2013 de rechazar el recurso presentado ante el Juzgado de Instrucción 14 de Madrid por dictar, en octubre de 2012, el sobreseimiento provisional de las diligencias sobre la denuncia de torturas que interpuso Mújika.

El TC, siguiendo el criterio de la Fiscalía y recordando que hay jurisprudencia asentada, reconoce que, además de que fueron violados sus derechos a la integridad física y moral, se vulneró la tutela judicial efectiva y que no tuvo un proceso con todas las garantías debido a que no hubo una investigación judicial suficiente de los hechos denunciados.

En una sentencia del pasado 19 de septiembre –publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE)– los magistrados Francisco Pérez de los Cobos, Encarnación Roca, Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol destacan que los argumentos utilizados por estos órganos judiciales para cerrar la instrucción "no reflejan una investigación oficial eficaz como sinónimo de agotar cuantas posibilidades razonables de indagación resulten útiles para aclarar los hechos". Para este tribunal, aún quedaban "medios de instrucción disponibles" para continuar la investigación de los malos tratos denunciados.

Existe "concordancia" entre las pruebas

La sentencia recoge el argumento del Ministerio Público que "existe una concordancia" entre la denuncia, los reconocimientos forenses y la fecha en la que se produjeron las declaraciones y, por tanto, "revela que las circunstancias no serían incompatibles con los malos tratos denunciados".

Además, la sala señala que los más de cuatro meses que tardó Mújika en interponer la denuncia no es un tiempo "excesivamente prolongado", ya que no se conoce el tiempo que permaneció en prisión. Asimismo destaca que aunque no haya puesto en conocimiento los hechos ante la Policía –aun con presencia de un abogado de oficio–, y sí ante un médico forense y en sede judicial (ante el juez Fernando Grande-Marlaska), "no puede mermar la credibilidad" de Mújika, que se encontraba detenida e incomunicada.

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Mújika destacó en su recurso de amparo que cuando fue detenida por la Guardia Civil en Amezketa (Guipúzoca) el 24 de noviembre de 2009 estuvo durante su traslado a Madrid con las "manos atadas por una cuerda" y, en parte del trayecto, con una bolsa de plástico en la cabeza. En este viaje, dice la denunciante, dos agentes del Instituto Armado le preguntaron "tonterías" para obligarla a hablar.

Según expone, estos dos hombres le aconsejaron que "era mejor que contestara a esas cosas" porque cuanto más tarde lo hiciese "sería peor" y le aseguraron que eran "torturadores, más que los nacionales". Asimismo, denuncia también que en las dependencias de Madrid pasó "casi todo el tiempo con los ojos cubiertos" que le quitaban cuando estaba fuera del calabozo y que fue forzada a hacer ejercicios físicos hasta que las rodillas le hacían "clac".

"Aunque recibí algún golpe, no fue lo más habitual... Intentaban asustarme acercándose a mi lado, echándome el aliento, colocándose junto a mí, gritándome al oído", relata Mújika en su recurso de amparo, del mismo modo que afirma que en una ocasión la desnudaron y la amenazaron con violarla.