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Operación Púnica

La AN procesa al expresidente de la Diputación de León y otras cuatro personas por fraude y malversación

  • La decisión se enmarca en la denominada Pieza 2 León, la cual investiga la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro y unos trabajos de reputación online
  • El juez Velasco cifra en 90.000 euros los fondos públicos que recibieron de forma irregular las sociedades investigadas

infoLibre Publicada 02/11/2016 a las 17:02 Actualizada 02/11/2016 a las 17:59    
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El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco durante un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid

E. P.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha transformado la investigación de la denominada Pieza 2 León (enmarcada en la operación Púnica) en procedimiento abreviado y, por tanto, acuerda continuar el procedimiento contra el expresidente de la Diputación de León Martín Marcos Martínez (PP), al alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, y al empresario Alejandro de Pedro, según ha informado Europa Press. Todos ellos están acusados de un delito de fraude y malversación de caudales públicos por la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro y los trabajos de reputación on line y asesoramiento del presidente de la Diputación.

Velasco también acuerda continuar el procedimiento contra el ex interventor de la Diputación, Manuel Jesús López Sánchez, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Consea, y a las empresas Eico Online, S.L. y Madiva Ediorial y Publicidad.

En un auto de este miércoles, el juez explica que las empresas de De Pedro llevaban años realizando trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos, a cambio de beneficios personales.

Asimismo, cifra en 90.000 euros los fondos públicos que recibieron estas sociedades de forma irregular por los servicios de reputación online prestados y señala que realizaba los trabajos para los fines personales del expresidente de la Diputación, "alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas".

Según dice el juez, se instrumentalizó "una secuencia continuada de resoluciones ejecutivas, decisorias y arbitrarias" por las que entre enero de 2012 y septiembre de 2014 se aprobó un gasto "indebido", sin que se formalizase ni aprobase ningún contrato o procedimiento negociado "fraccionando con intención, un gasto irregular durante meses".

Traslado a "personas notorias e influyentes"

Velasco afirma que Marco Martínez puso en manos de De Pedro y de Alonso Conesa su reputación para conseguir consolidarse como presidente de la Diputación de León y que, para ello, el empresario creaba noticias favorables al político a través de sus diarios digitales.

De Pedro se "prestaba a trasladar a personas notorias e influyentes" del PP, como el ex vicesecretario de Organización del partido y diputado Carlos Floriano, la secretaria general María Dolores de Cospedal, la exalcaldesa de Cartagena y senadora Pilar Barreiro, dice el auto, dichas informaciones beneficiosas a Marcos Martínez.

Además, el magistrado apunta que el expresidente de la Diputación "confió en la trama investigada" la supervisión de sus discursos y el diseño de un plan de medios de comunicación, incluso disponiendo de un gabinete de prensa, creando, así, una duplicidad que sólo beneficiaba a Marcos Martínez.

En cuanto, a la adjudicación de la estación de esquí de San Isidro, el magistrado asegura que el expresidente de la Diputación y el interventor Manuel Jesús López Sánchez  tenían "intereses personales" para beneficiar a las empresas de De Pedro.

Velasco apunta que después de analizar todas las diligencias practicadas, interrogatorios a los investigados y testigos, así como las interceptaciones telecomunicativas, existen indicios racionales de que estas cinco personas pudieron cometer delitos de fraude, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, cohecho, revelación de información reservada, prevaricación continuada y malversación de caudales públicos continuada.

Todos son acusados de fraude por la estación de esquí

En concreto, por la adjudicación de la estación de San Isidro, el juez acusa a los cinco investigados de los delitos de fraude por la concertación privilegiada ante otras posibles ofertas.

Cree que Marcos Martínez incurrió también en los delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos porque "presionó" a empleados públicos de la Diputación abusando de su cargo para "encontrar la forma de poder llevar a cabo" el proyecto de la estación. Dice, además, que "aprovechó su intervención" en los contratos de San Isidro a través de una empresa de licitantes.

En el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos incluye a López Sánchez por no abstenerse y participar "pro activamente" en el amañe de la contratación pública de la estación, con el objetivo de favorecer su intereses particulares derivados del hecho de ser el dueño de 13 apartamentos en dicho lugar.


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