Colectivos ecologistas denuncian que una empresa gallega amenaza con una presa a las comunidades indígenas de Guatemala

La historia es ya bien conocida: una empresa española o con intereses detrás de la construcción de una presa que amenaza el modo de vida de una población indígena latinoamericana. En este caso hablamos de Ecoener-Hidralia, multinacional en manos del empresario gallego Luis Castro Valdivia, que desde 2007 persigue la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cambalam, en el territorio indígena de Santa Cruz de Barillas, en Guatemala. Las organizaciones Amigos de la Tierra y Alianza por la Solidaridad, que llevan años denunciando el daño de los planes de la compañía a la población local, presentaron este jueves 27.000 firmas al embajador del país latinoamericano en España para pedir la retirada definitiva de Ecoener-Hidralia de la zona, una vez paralizado por las protestas.

Pertrechados con una mordaza, con la cara pintada de la bandera blanquiazul guatemalteca y portando fotos de indígenas de mirada serena y rodeados de pura selva tropical. Así se han presentado una decena de activistas de ambas ONG en la puerta de la embajada para intentar asestar el golpe definitivo a un proyecto manchado de sangre. La responsable de la campaña TieRRRa de Alianza por la Solidaridad, Almudena Moreno, habla de un grave "conflicto social" originado a las orillas del Cambalam entre los pueblos que se verían afectados en caso de que la presa se erigiera: Q'anjob'al, Chuj, Akateko, Popti'. El riesgo al que se enfrentan es similar al que conllevan otras megapresas para los territorios en los que se asientan: pérdida de cultivos, pérdida de tierras, desaparición del río como fuente de recursos, y un hachazo certero a su modo de vida.

"Son sus medios, son sus recursos y nadie, nadie –remarca– les ha preguntado si ellos querían este proyecto… no, simplemente irrumpió, la primera noticia que tuvieron es cuando llegaron las máquinas", denuncia Moreno a la puerta de la embajada. Asegura la activista que Guatemala ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los gobiernos a consultar a los indígenas cualquier decisión que les afecte directamente. Las asociaciones critican que no solo no se les ha preguntado, sino que se les ha perseguido por protestar.

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Además del perjuicio futuro en caso de que el proyecto llegara a buen puerto, la lucha ya está dejando secuelas en las poblaciones, según el coordinador de Amigos de la Tierra, Alejandro González. "Las comunidades están completamente fragmentadas. No estamos hablando de un conflicto entre zonas urbanas y rurales con intereses contrarios, sino que el propio conflicto llega a las familias, unos a favor y otros en contra. Hay una brecha social", declara, antes de añadir que exigen una compensación por "el daño que se le ha hecho a todos los represaliados".

El 1 de mayo de 2012, un líder comunitario indígena, opositor a la instalación proyectada en Barillas, fue asesinado. Los testigos señalaron a dos empleados de Hidralia como autores del tiroteo. La empresa siempre lo negó. El suceso desencadenó fuertes protestas de la comunidad que se saldaron con la detención de 11 vecinos. El caso más sonado fue el de Saúl Aurelio Méndez y Rogelio Velásquez, en prisión preventiva durante años, acusados de otros delitos en un proceso "plagado de irregularidades", según Diagonal. "Se han documentado los atropellos ocurridos en la región, que se han denunciado en diversas acciones tanto en Guatemala como en España", declaró González. Las ONG piden que la empresa recompense por el daño causado a las personas a las que ha retirado los cargos tras ser encarcelados, aseguran los activistas, por hacer ruido contra el proyecto.

La Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid elaboró un informe sobre la multinacional detrás de la presa, Ecoener-Hidralia. Afirman que Luis Castro Valdivia, empresario coruñés, creó junto a su familia un entramado de más de cuarenta empresas vinculadas al sector energético que pretendía "salvar las restricciones legales existentes para la labor de una sola empresa" y obtener cuantas más concesiones mejor. Denuncian que una de las sociedades, Ecoener-Hidralia, viró a partir de 2007 hacia América Latina ante las "críticas sociales" que la labor de Castro estaba generando en Galicia. "La elección de Guatemala como centro de esta expansión no parece casual. El país ofrece un marco político idóneo para el desarrollo empresarial impune: legislación e institucionalidad permisivas, carencia de mecanismos de control estatal y regulaciones ambientales a la medida de las empresas", señalan.