Oxfam denuncia la falta de compromisos de España en la lucha contra el cambio climático

Oxfam Intermón presentó este lunes su informe Contra viento y marea: España ya no puede poner más excusas contra el cambio climático [consultar documento aquí], coincidiendo con la apertura en Marrakech de la Conferencia sobre el Cambio Climático COP22.

José María Vera, director de la organización, valoró en rueda de prensa que las principales consecuencias del cambio climático se producen a consecuencia del modelo energético y productivo, y que por tanto urge caminar hacia una economía "verde y responsable" que busque paliar el impacto medioambiental generado.

Vera, quien recordó que el acuerdo de París ha ratificado por cien países entre los que no se encuentra España, lamentó que el Gobierno español haya dado "marcha atrás" en el desarrollo de las energías renovables, requisito que considera imprescindible en la lucha contra el cambio climático.

Emisiones y financiación, suspenso para España

España es el tercer país europeo que más aumentó sus emisiones de gases de efecto invernadero (17,54%) entre 1990 y 2014.

Según los objetivos inicialmente fijados, España debería llegar al año 2020 con una reducción del 20% de las emisiones respecto a 1990 y al año 2030 con una disminución del 40%. La tendencia, no obstante, ha caminado en los últimos años a la inversa, haciendo "prácticamente imposible" el cumplimiento de los fines propuestos, lamenta José María Vera.

Oxfam fija en 1,5 grados el límite de temperatura para evitar "un impacto que no es futuro, sino que se está produciendo ya".

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En cuanto a la contribución española al Fondo Verde para Clima, en octubre de este año España únicamente depositó 1 millón de euros de los 120 comprometidos para la movilización inicial de recursos. Hasta ahora, el Gobierno español ha desembolsado menos del 1% de lo comprometido para el periodo 2015-2018. Según cálculos de Oxfam basados en el PIB, la contribución "justa" del país rondaría los 500 millones de euros –540 millones de dólares concretamente–.

Para el 2017, España debería desembolsar al menos 17 millones de euros, que deben constar en los Presupuestos Generales. "Esperamos que los presupuestos que se presenten para ese año incluyan dicha transferencia y que vayan más allá", señala la organización. Reclama, además, que el fondo internacional sea "más transparente" y no funcione como un "simple préstamo", sino una vía de acceso para las personas más vulnerables.

Se trata, según Vera, de una cuestión puramente de justicia: "Quien contamina paga, y nosotros hemos contaminado".