la herencia del PP
Los afectados del fondo buitre esgrimen el informe del fiscal para que se reabra el caso
El informe del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas que detalla y pone cifras -2,3 millones de quebranto económico- a la oscura venta de pisos municipales de Madrid a un fondo buitre ha dado alas a los afectados. La asociación que agrupa a los inquilinos de las 1.860 viviendas vendidas a Blackstone por el equipo de Ana Botella en 2013 confía en que la "confirmación de las irregularidades" que implica el escrito sirva no solo para impulsar una investigación estrictamente administrativa -la del Tribunal de Cuentas- sino para reactivar la de carácter penal.
El abogado de la asociación, José Mariano Benítez de Lugo, ya ha enviado copia del escrito al juez de instrucción, el 38 de Madrid, que hace casi dos años archivó la querella de los afectados. El PSOE, que también había interpuesto querella, ha pedido igualmente la reapertura del caso y espera que el informe del fiscal allane el camino.
Como publicó este lunes infoLibre, el informe del fiscal Torres destapa que, además de obtener una rebaja de dos millones en el precio total so pretexto de una supuesta morosidad superior a la calculada y nunca "demostrada", Blackstone logró que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) le traspasara 13 "inmuebles no vinculados" -11 garajes y dos trasteros- sin un solo euro de sobrecoste. Y ello pese a que la propia EMVS les asignó un valor de 297.000 euros. Sumando la rebaja de dos millones y la propina de casi 300.000 euros de los garajes, el fiscal cuantifica en 2,3 millones el quebranto económico que la operación causó a la empresa pública.
El fondo pagó en total 128,5 millones de euros por 1.860 pisos, 62 garajes, 25 locales comerciales y dos trasteros. Según la fiscalía, que basa sus afirmaciones en el demoledor informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, la lista original de "inmuebles no vinculados" constaba de 76 unidades (25 locales y 51 garajes). Sin embargo, a la hora de escriturar la transacción, pasaron a manos de Blackstone otros 11 garajes y dos trasteros.
Cuando los afectados y el PSOE formularon querella criminal en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla, nada de eso se sabía. Todavía gobernaba el PP. Y el expediente administrativo de la venta de aquellas 1.860 viviendas permanecía blindado por el secreto. La llegada de Manuela Carmena y Ahora Podemos al gobierno local tras las elecciones de 2015 hizo aflorar múltiples agujeros negros en el procedimiento seguido para la venta de esas 18 promociones de alquiler con opción a compra.
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Simultáneamente, la investigación emprendida por la Cámara de Cuentas de Madrid cuando el consistorio aún permanecía bajo el mandato de Ana Botella alcanzó un resultado inquietante para el PP por la gravedad de sus conclusiones. Este lunes, la expresidenta de la Comunidad y actual portavoz municipal del PP, Esperanza Aguirre, sostuvo que el órgano fiscalizador madrileño emitió semejante informe porque su autora fue "una socialista que ha puesto 400 tuits contra el PP".
La expresidenta, cuyo gobierno bendijo la venta a Blackstone con un cambio legal aprobado en julio de 2013, apenas tres meses antes de que el notario escriturase las 1.860 viviendas a nombre de Blackstone, se refería a la ponente del informe, la consejera Mónica Melle. Pero Aguirre obvió que el texto obtuvo el aprobado unánime de los siete consejeros que integran el pleno del órgano fiscalizador madrileño, cinco de los cuales fueron elegidos para el cargo a propuesta del PP.
Aguirre remachó también que la querella de los afectados fue archivada tanto por el juez instructor como por la Audiencia de Madrid. El cerrojazo se produjo en enero de 2015. Nueve meses después, la Audiencia Provincial lo confirmó. En aquel momento no había trascendido aún ninguna de las irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas, primero, y, después, por la comisión municipal de investigación.
