Asociaciones feministas exigen medidas para impulsar un plan contra la violencia de género

El Observatorio contra la Violencia de Género pedía, el pasado jueves 3 de noviembre,  ampliar el concepto de maltrato por una definición que no esté limitada por las relaciones de pareja. La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, consideraba "urgente" un pacto de Estado contra la violencia machista y pedía que el concepto de violencia de género no se restrinja al maltrato de la pareja o expareja, sino que se amplíe a cualquier forma de agresión que se ejerza contra la mujer por el hecho de serlo. Como respuesta, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, aseguró el mismo día que alcanzar dicho pacto es la "prioridad" de la nueva legislatura.

Este lunes las mujeres volvieron a teñir de morado las calles de distintas ciudades españolas –Madrid, Granada o Bilbao, entre otras–, en el primer aniversario de la multitudinaria manifestación que abarrotaba la capital madrileña para reivindicar la lucha contra las violencias machistas –de todas, en plural– como asunto de Estado. Con la lacra de la violencia sexual como foco, plataformas y sociedad civil volvieron a reclamar la puesta en marcha de un pacto contra la violencia de género en todas sus formas. ¿Con qué requisitos debería contar dicho pacto y qué efectos prácticos tendría?

Las demandas de las organizaciones

Las asociaciones feministas llevan años exigiendo el impulso de un efectivo diálogo entre sociedad civil e instituciones para trasladar sus peticiones en materia de violencia machista. El manifiesto elaborado por la plataforma 7N para las movilizaciones de este lunes pone sobre la mesa algunas de las principales cuestiones que el nuevo Gobierno deberá abordar para la puesta en marcha de un plan efectivo en la lucha contra la violencia de género.

La plataforma considera fundamental otorgar la categoría de violencia de género a todas las formas de agresión, no sólo aquellas que acontecen en el ámbito de pareja, y de este modo crear servicios especializados dirigidos a las víctimas, especialmente a las sexuales. Si bien las organizaciones feministas coinciden en el objetivo, algunas de ellas discrepan en las formas. Por un lado, existe la postura que aboga por modificar la ley integral 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de forma que incluya como violencia machista todas las agresiones a mujeres por el mero hecho de serlo, mientras que por otro lado existe una visión que apuesta por la creación de leyes integrales específicas para cada caso. Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, defiende por ejemplo regular más situaciones mediante leyes autónomas.

La finalidad de regular la violencia contra las mujeres como violencia de género, ya sea dentro de la ley actual o de forma independiente, radica en aumentar la protección a las víctimas. Tal y como sostiene Virginia Álvarez, portavoz de Política Interior de Amnistía Internacional, los efectos no irían tanto al castigo penal, sino a "la adecuada protección o atención a la víctima", de manera que –señala Álvarez a modo de ejemplo– aquella mujer que haya sido víctima de una agresión sexual por un tercero, tenga acceso a todos los recursos contemplados para las víctimas de violencia de género. En esta materia cobran especial importancia, además, las mujeres inmigrantes en situación irregular. "Si una mujer es agredida por su pareja, está protegida por la ley, pero si es por un tercero y lo denuncia, se expone a una orden de expulsión y no tiene acceso a la protección necesaria", subraya Álvarez.

Otra de las condiciones prioritarias para un pacto garantista es el compromiso de cumplir con el Convenio de Estambul y las recomendaciones de la la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw). Entre las sugerencias internacionales se encuentra, precisamente, la ampliación de las violencias machistas a cuestiones como obligar a otra persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un tercero, los matrimonios forzosos, el tráfico o favorecimiento de la inmigración clandestina de mujeres con fines de explotación sexual, las mutilaciones genitales femeninas, el aborto o la esterilización forzosas, y el acoso sexual.

Un abordaje más integral de la violencia también en sector judicial implicaría, además, mejorar el sistema de ayudas, cuestión "absolutamente pendiente", según Marisa Soleto. "Las ayudas son completamente insuficientes, llegan a destiempo, y no son ayudas que contribuyan a reparar el daño sufrido", señala la experta. También Álvarez apuesta por revisar el funcionamiento de los juzgados: "Ni la ley integral ni el Estatuto de la Víctima contemplan el derecho a reparación de la víctima", lamenta. Por ello, señala Álvarez, se torna igual de imprescindible una "evaluación de la ley integral para saber qué es lo que ha funcionado y lo que no", teniendo en cuante a todos los actores involucrados, especialmente a las víctimas supervivientes.

Tener en cuenta todas las violencias machistas tendría, asimismo, un efecto fundamental sobre la visibilización del problema. A día de hoy el Ministerio del Interior únicamente contempla como violencia de género aquellas agresiones producidas en el ámbito familiar, misma condición que exige para el recuento de agresiones sexuales, cuya cifra se reduce únicamente a aquellas donde se produzca penetración.

Por otro lado, que la lucha contra "el terrorismo machista" se convierta en una prioridad y en una cuestión de Estado contribuiría a aumentar los recursos destinados a su lucha. El presupuesto para la violencia de género en 2016, según la plataforma 7N, fue de 25,2 millones de euros, un 10,9% menos que en 2009.

La infancia es otro de los puntos clave para caminar hacia un pacto eficaz. En este sentido, las organizaciones abogan por la eliminación de la custodia compartida impuesta, del régimen de visitas y de la patria potestad para los maltratadores. Según datos oficiales, en 2015 sólo el 3,5% de las sentencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer suspendieron las visitas, "lo que da idea de la falta de formación en género y de la violencia institucional", tal y como reza el manifiesto elaborado para la movilización de este lunes. Las consecuencias de tal desprotección alcazaron su máximo exponente con el caso de Ángela González, cuya expareja asesinó a su hija menor después de haber sido denunciado en una treintena de ocasiones. 

Finalmente, otro de los pilares para un adecuado abordaje de la problemática, es el de la prevención. "Que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencia machistas" es, para la plataforma 7N, una cuestión prioritaria ante la nueva legislatura. 

Los compromisos del Gobierno

Tras diez meses de Gobierno en funciones, el nuevo Ejecutivo del PP ha puesto en marcha los engranajes necesarios para impulsar sus principales propuestas de cara a los próximos cuatro años. La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, no ha querido perder el tiempo y se ha apresurado a ofrecer un pacto de Estado contra la violencia de género como prioridad del nuevo Gobierno.

Camarero aseguró el pasado jueves que dicho acuerdo "mejorará y ampliará" la ley integral de 2004 para que se incluyan "otros supuestos". "Está en nuestro programa electoral que va a haber una modificación de la ley para ampliar a otros supuestos y tenemos que conseguir que haya unidad en el Parlamento para llegar a esto", subrayó, tras recordar que hace doce años ya se consiguió un consenso de todas las fuerzas políticas para aprobar por unanimidad la ley integral contra la violencia de género "por encima de las ideologías".

El pasado 21 de septiembre, el Grupo Parlamentario Popular calentaba motores al presentar una proposición no de ley (PNL) relativa a mejorar y actualizar la ley del 2004 para su debate en Pleno, donde se encuentra actualmente. La propuesta contempla una serie de medidas concretas, encabezadas por la promoción de un pacto de Estado en materia de violencia de género que involucre a todas las instituciones y administraciones, "y que considere la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado".

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El documento busca, además, cumplir con los mandatos internacionales y realizar modificaciones en la ley integral del 2004 en diversos aspectos que incluyen la introducción de otras formas de violencia sobre la mujer por razón de género, o la elaboración de estudios, investigaciones y encuestas con el fin de "estudiar las causas y efectos, evaluar la incidencia y percepción social, y conocer las medidas para la erradicación de la violencia sobre la mujer". También insta a la inclusión de un precepto específico que establezca medidas de sensibilización, prevención y detención mediante colaboración con la sociedad civil.

Por otro lado, apuesta por perfeccionar el funcionamiento de las acciones puestas en marcha en las comunidades autónomas, así como mejorar en la especialización y los recursos a disposición de los Juzgados de Violencia de Género y, finalmente, impulsar un plan integral para prevenir, proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género.

Las asociaciones feministas, sin embargo, observan con recelo los movimientos del Gobierno de Mariano Rajoy. "No sabemos en qué medidas concretas" se pueden materializar las propuestas planteadas, estima Amnistía Internacional, que rechaza por el momento realizar una valoración. Por su parte, Marisa Soleto echa en falta un contenido más específico y, especialmente, una concreción que marque la diferencia respecto a la situación actual. Soleto advierte que "el necesario proceso de reflexión no se está llevando a cabo", de modo que, pese a las declaraciones gubernamentales, "aún está en el aire qué novedades o ventajas pueden llegar a manifestarse en la nueva legislatura".