'Operación fondo buitre': Madrid pone el foco en un intermediario que cobró 2,4 millones

La cautelosa espera aplicada durante un año por el nuevo gobierno local de Madrid respecto de la venta de 1.860 viviendas sociales al fondo buitre Blackstone en la etapa de Ana Botella ha llegado a su fin. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) decidió este martes adherirse a todos los efectos a la solicitud de los inquilinos afectados para que el juzgado de instrucción 38 de Madrid reabra la investigación penal sobre aquella oscura operación de 2013. 

Pero no ha sido ese el único paso: tras el escrito donde el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas desgrana las irregularidades detectadas, la EMVS ha enviado al órgano fiscalizador un escrito de alegaciones con el que le insta a investigar el pago de 2,4 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que supuestamente ejerció de intermediaria en la venta a Blackstone y de cuyo trabajo real no hay rastro, como ya informó infoLibre en mayo. 

En el escrito de alegaciones de la EMVS, que obra ya en poder del Tribunal de Cuentas y del que infoLibre ha obtenido copia, la EMVS plasma sin tapujos sus sospechas sobre ese extraño y millonario pago a la UTE Ítaca-Creaziona: "No resulta acreditada la realidad material del trabajo de intermediación que se dice realizado, tal y como ponen de manifiesto las escrituras públicas de venta de las promociones".

Constituida por las empresas Ítaca Desarrollos Urbanos SL-Promociones y Desarrollos Creaziona SL, esa UTE estaba capitaneada por el arquitecto Guillermo Barturen, antiguo socio y directivo de la consultora Aguirre Newman, de la que es copropietario un hermano de Esperanza Aguirre. En el año 2000, Barturen fue uno de los siete miembros de la consultora que constituyeron la Fundación Aguirre Newman. 

¿Qué hizo la UTE Ítaca-Creaziona para ganarse los 2.392.775 euros que en el primer trimestre de 2014 le abonó la casi quebrada EMVS? Pues, según las dos facturas emitidas por la UTE, lo que hizo fue poner en contacto a Blackstone con la EMVS. Y lo hizo, según una "carta de reconocimiento de cliente" que consta en el expediente, el 18 de febrero de 2013.

El problema estriba en que, para esa fecha, ni siquiera estaba oficialmente anunciada la venta de las 18 promociones integradas por los 1.860 pisos que acabaron en manos de Blackstone.

Estriba también en que, también para esa fecha, la intermediación para la que oficialmente había sido contratada dos meses antes la citada UTE tenía por destino la venta de una serie de solares cuyo listado consta también en el expediente. En ese listado no había ni un solo piso.

Las alegaciones de la EMVS exponen ese misterio de forma nítida: "No constan las notificaciones (...) donde se incluyeran las 18 promociones objeto de venta (que no se incluían a priori en el contrato)". Hubo otros intermediarios contratados, aunque solo la UTE Ítaca-Creaziona cobró por los 1.860 pisos.

Entre esos otros intermediarios figuraba una filial del banco francés BNP Paribas. En mayo, sus portavoces aseguraron a este diario que las 18 promociones de viviendas jamás habían figurado en el listado de propiedades sujetas a venta. 

Uno de los dos es falso

Finalmente, el problema del supuesto trabajo sin rastro por el que la UTE cobró 2,4 millones estriba también en un punto clave que la EMVS traslada al Tribunal de Cuentas: que ni el precontrato de compra suscrito en agosto de 2013 por la EMVS y Blackstone ni las escrituras notariales firmadas en octubre de ese mismo año contienen una sola coma que confirme la existencia de la supuesta intermediación ejercida por la UTE Ítaca-Creaziona. 

Es más, tanto el precontrato como las escrituras, y así lo ha comprobado este diario, señalan que Blackstone entregó su oferta a la EMVS después de que la empresa municipal hiciera pública su decisión de vender las 18 promociones de viviendas sociales "por medio de anuncio publicado el 3 de mayo de 2013".

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O sea, que o es falso el contenido de la "carta de reconocimiento" que data en febrero de 2013 la supuesta reunión donde la UTE introdujo a Blackstone ante los directivos de la EMVS y dio así el pistoletazo de salida al "inicio de las conversaciones" o es falso lo que dice la escritura notarial.

Junto con la asociación de afectados, también el PSOE ha pedido que la querella por la venta de los 1.860 pisos a Blackstone vuelva a investigarse. Las actuaciones fueron archivadas provisionalmente en enero de 2015 por el juzgado de instrucción 38 de Madrid. En septiembre de ese año, la Audiencia Provincial confirmó el cerrojazo.

Entonces no se conocía aún ni el demoledor informe de la Cámara de Cuentas madrileña -donde los consejeros del PP suman mayoría absoluta- que destapó las irregularidades cometidas. Ni tampoco se había puesto aún en marcha la comisión de investigación que el nuevo gobierno local de Manuela Carmena impulsó en su intento por llegar al fondo de aquella controvertida venta inmobiliaria.