Naciones Unidas reclama a España que responda a una denuncia presentada por Baltasar Garzón

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha requerido al Estado español a responder a la denuncia presentada por Baltasar Garzón, ex Magistrado de la Audiencia Nacional. La denuncia, interpuesta por el despacho de abogados especializado en Derechos Humanos Human Rights in Practice que dirige Helen Duffy, alega el carácter arbitrario de una serie de investigaciones y enjuiciamientos penales contra el exjuez que llevaron a su inhabilitación y pusieron fin a su larga carrera judicial. Ahora el Gobierno español tiene un plazo máximo de seis meses para contestar al Comité de Naciones Unidas.

Garzón fue inhabilitado por 11 años por el Tribunal Supremo en 2012 por un delito de prevaricación, por haber intervenido las conversaciones de algunos imputados en la trama Gürtel con sus abogados en prisión. El caso Gürtel, que afecta al Partido Popular, la formación que gobierna en España, estalló en febrero de 2009.

"Los procedimientos penales iniciados contra el juez Garzón se fundamentaron exclusivamente en su interpretación y aplicación de la ley. Ello representa una flagrante violación del principio de independencia judicial que deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del derecho internacional de los Derechos Humanos, asimismo supone la violación de múltiples derechos protegidos por el mencionado Pacto", añade Duffy en un comunicado.

Baltasar Garzón asegura que pedirá el reingreso como juez cuando cumpla su condena de 11 años de inhabilitación

Ver más

La denuncia presentada por Human Rights in Practice en nombre y representación del Juez Garzón ante el Comité de los Derechos Humanos ha sido respaldada por reconocidos expertos internacionales.

Los dictámenes de los expertos examinan una serie de cuestiones que son de relevancia para la evaluación del caso por parte del Comité de los Derechos Humanos. Se trata, según el comunicado, de los estándares internacionales respecto a la independencia judicial en la que se basa este caso, la invalidez de leyes de amnistía y las normas sobre plazos de prescripción aplicables en el derecho internacional y la interpretación "sin precedentes de la Ley de Prevaricación aplicada en el marco de los procedimientos instados contra el juez Garzón".

"A pesar de la notoriedad del caso que ha sido ampliamente criticado a nivel internacional, el juez Garzón no ha obtenido reconocimiento alguno por parte del Estado Español,no ha obtenido reconocimiento no ha habido ningún tipo de reparación, ni tampoco se han realizado esfuerzos para garantizar la independencia judicial en el futuro. Sobre esta base, a principios de este año el juez Garzón decidió presentar su denuncia ante el Comité de los Derechos Humanos. Ahora, el Estado Español ha sido requerido para responder a la denuncia en el plazo de seis meses", añade el citado comunicado.