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Caso de los espías

El Gobierno de Cifuentes admite que el Ejecutivo de Aguirre hizo “seguimientos” y “controló” a cargos públicos

  • El letrado de la Comunidad de Madrid apunta al ex director general de Seguridad Sergio Gamón Serrano y a su entonces número dos Miguel Castaño Grande como las personas que ordenar el espionaje
  • El abogado del Gobierno autonómico del PP de Cifuentes les considera "penalmente responsables" de un delito de malversación de caudales públicos de la Administración regional

Publicada 14/11/2016 a las 06:00 Actualizada 14/11/2016 a las 20:42    
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La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, durante la Junta Directiva Regional del partido, celebrada el 22 de enero.

La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, durante la Junta Directiva Regional del partido, celebrada el 22 de enero.

EFE
El Gobierno que encabeza Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid ha reconocido que entre marzo y mayo de 2008 el entonces director general de Seguridad del Ejecutivo encabezado por Esperanza Aguirre, Sergio Gamón Serrano, y su hombre de confianza y subdirector general, Miguel Castaño Grande, "encomendaron u ordenaron la realización de [...] tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Administraciones", según el escrito de acusación enviado a la jueza Carmen Valcarce por el letrado de la Comunidad de Madrid.

En el mencionado escrito, adelantado por la Cadena Ser, la representación legal de la Comunidad de Madrid solicita a la magistrada Valcarce, que es la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, solicita la apertura de juicio oral, al mismo tiempo que formula un escrito de acusación contra los mencionados Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande, pero también contra los exagentes a los que éstos habrían encargado el espionaje: José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

El abogado del Gobierno autonómico del PP de Cifuentes les considera "penalmente responsables" de un delito de malversación de caudales públicos de la Administración regional, entonces encabezada por Esperanza Aguirre, cuyo número dos era Francisco Granados, en prisión incondicional sin fianza desde hace más de dos años.

"Una gestapillo"

Presuntamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González; el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

Esta accidentada causa provocó en 2009 un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo".


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