Pobreza energética

Comunidades y ayuntamientos pagan a las eléctricas para que no corten la luz

Imagen de la protesta contra la pobreza energética celebrada este miércoles en Reus (Tarragona).

La crisis económica contribuyó a poner en el centro del debate público las consecuencias de la pobreza energética, el concepto que define la incapacidad de un hogar para satisfacer un mínimo de servicios con los que cubrir necesidades básicas domésticas como la climatización de la vivienda, cocinar o asearse. Las quejas ciudadanas por el alcance del fenómeno llevaron a las administraciones a reaccionar, aunque los expertos vienen quejándose de que son parches que no resuelven el problema en toda su magnitud. 

Una de esas iniciativas puestas en marcha en los últimos años son los convenios firmados con las tres principales comercializadoras de electricidad –Endesa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola– y que, en la práctica, consisten en que la administración en cuestión (ayuntamiento, diputación, comunidad autónoma...) paga a la compañía eléctrica el recibo que no puede abonar el cliente que está en situación de vulnerabilidad. 

De estos convenios pueden beneficiarse las personas a las que los servicios sociales municipales han concedido una prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social. El compromiso que asumen las eléctricas es no cortar el suministro a dichos clientes mientras se gestiona la concesión de la citada prestación económica. Eso sí, una vez que la reciben, tienen que destinar ese dinero a satisfacer la deuda contraída

Las eléctricas sostienen que estas fórmulas contribuyen a "proteger" a los clientes en situación de vulnerabilidad porque se establecen mecanismos para no suspender el suministro por impago, lo que también evita los sobrecostes derivados del reenganche. Defienden que también sirven para asegurar su inmediato restablecimiento en el caso de que ya se haya procedido a la suspensión.

Endesa es la compañía que más acuerdos de este tipo ha suscrito, un total de 155. Según explica a preguntas de infoLibre un portavoz de la empresa, de esos acuerdos se han beneficiado, en lo que va de año, un total de 35.000 clientes. La eléctrica que dirige Borja Prado ha suscrito convenios con cinco comunidades autónomas (Aragón, Cantabria, Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid), así como con 148 ayuntamientos y dos diputaciones. 

La segunda que más ha firmado es Iberdrola, que ha suscrito 65. Entre ellos, con los gobiernos de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Galicia, Euskadi, Madrid, Murcia y Navarra; así como con 58 ayuntamientos, 36 de ellos del área metropolitana de Barcelona. La compañía que lidera José Ignacio Sánchez Galán, sin embargo, declina dar la cifra de cuántas personas se han beneficiado de estos convenios.  

Gas Natural Fenosa, por su parte, ha firmado acuerdos con 51 administraciones públicas: ocho con comunidades autónomas (Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Euskadi, Galicia, Madrid y Navarra) y 43 con ayuntamientos, entre los que están los 36 del área metropolitana de Barcelona y los de otras grandes ciudades como Sevilla, Zaragoza o A Coruña. 13.586 clientes se ha beneficiado de estos convenios hasta el momento, según datos de la compañía que preside Isidro Fainé

Incendio en Reus 

Precisamente Gas Natural Fenosa está en el foco estos días después de que se conociera que era la empresa que suministraba la electricidad a la anciana que falleció este lunes en Reus (Tarragona). La mujer, a la que la eléctrica había cortado la luz hace dos meses, murió tras el incendio provocado por una de las velas que utilizaba para alumbrarse. La compañía reaccionó este miércoles anunciando la suspensión de la ejecución de todos los cortes de luz en el municipio catalán para analizar exhaustivamente cada caso.

En Cataluña está en vigor desde julio una ley que obliga a las empresas a comunicar a los servicios sociales los cortes de suministro. Precisamente a esa norma se acogió el Ayuntamiento de Reus cuando anunció el martes que llevará a la Fiscalía a la eléctrica por haber dejado sin luz a la mujer y no haber avisado al Ayuntamiento. También el presidente Carles Puigdemont culpó a la compañía. "Si la comunicación se hubiera producido, no estaríamos lamentando esta muerte", dijo.

En un comunicado difundido a última hora de este miércoles, Gas Natural Fenosa culpó a la Administración. Admitió que la ley prevé que se haga esa comunicación, si bien aseguró que, para poder hacerlo, debe establecerse el reglamento de aplicación que contemple el protocolo de comunicación y actuación con los servicios sociales municipales. La empresa señala que, a día de hoy, ese procedimiento no ha sido aprobado y que, por lo tanto, "la ley no está en condiciones de ser aplicada en este punto".

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653.772 cortes de luz 

Las tres eléctricas que copan la gran parte del mercado minorista español –Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola– realizaron 653.772 cortes de suministro por no abonar las facturas durante 2015. Estos números contrastan con los millonarios beneficios de las compañías que, en conjunto, alcanzaron 5.010 millones de euros durante el pasado ejercicio. Ambas cifras pueden ser el paradigma de uno de los grandes escollos de la salida de la crisis: la desigualdad.

Las empresas suelen defender que gran parte de los cortes de luz no responden a situaciones de pobreza energética porque el suministro se restablece en menos de 48 horas. Según las cifras que las citadas compañías hacen públicas en sus informes así ocurrió en 396.564 de los 653.772 cortes efectuados durante 2015, es decir, en el 61% de los casos. Sin embargo, los números oficiales también constatan que 83.429 clientes (13%) estuvieron más de un mes sin electricidad en sus domicilios.

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