El Gobierno maniobra de nuevo para impedir que el Congreso tumbe la Lomce

El Gobierno del PP sigue dando la batalla por mantener viva la Lomce. Tres días después de que el Congreso de los Diputados respaldase la toma en consideración Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de la también conocida como Ley Wert, el Consejo de Ministros ha acordado dirigirse de nuevo a la Mesa de la Cámara baja para que reconsidere la decisión de levantar el veto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, entonces todavía en funciones, trató de imponer a la iniciativa socialista hace un mes. Y amenaza con acudir al Tribunal Constitucional si no acepta los argumentos y revoca su acuerdo.

A mediados de octubre, el Gobierno recurrió a la posibilidad de veto recogida en los artículos 134.6 de la Carta Magna y 126 de la normativa del Congreso de los Diputados. Así, trató de frenar una decena de proposiciones de ley justificando que producían una desviación presupuestaria de más de 5.000 millones de euros. Entre estas iniciativas se encontraba la de los socialistas sobre la ley educativa. El Ejecutivo alegaba que un freno de la Lomce supondría una pérdida de fondos comunitarios de más de 600 millones de euros.

Sin embargo, tras analizar los argumentos del Gobierno, la Mesa decidió dar luz verde y levantar el veto a las iniciativas del PSOE para la suspensión del calendario de implantación de la Ley WertLey Wert y para la modificación del Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de garantizar las condiciones laborales de los subcontratados –en este caso señalaban que esta reforma mermaría los ingresos en 43 millones de euros–.

Ahora, tal y como ha anunciado este viernes el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el Ejecutivo volverá a intentar que la Mesa reconsidere su decisión de rechazar el veto. "[La Mesa] no apreció correctamente ese derecho constitucional", señaló en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. En este sentido, afirmó que "es una cuestión de trasfondo político" y recalcó que se encuentran ante una controversia jurídico-constitucional que hay que resolver.

Un nuevo conflicto en el Constitucional

Tras el anuncio de Méndez de Vigo, el Gobierno emitió un comunicado en el que tildaba de "menoscabo contrario al derecho de potestad que el Ejecutivo tiene atribuida" la decisión de la Mesa de admitir a trámite la toma en consideración. En este sentido, alertan que desestimar de nuevo la petición "abocaría al Gobierno al planteamiento del conflicto ante el Tribunal Constitucional". En este sentido, ponen sobre la mesa la sentencia del TC 223/2006 que señala que la Mesa de la Cámara baja no puede "emitir un juicio sobre el carácter manifiestamente infundada o no de tal oposición".

Si llega al Constitucional, sería el segundo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en los últimos meses. El pasado mes de junio, la Cámara baja –compuesta por los diputados que salieron de las urnas en diciembre de 2015– denunció al Gobierno ante el TC por negarse a ser controlado alegando estar en funciones.

Lomce: primera gran derrota del PP

La toma en consideración de la iniciativa ley del PSOE para paralizar el calendario de aplicación, que se debatió y aprobó el martes en el pleno del Congreso, supuso la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo del PP en minoría en esta legislatura. La iniciativa salió adelante con 208 votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones.

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La decisión del hemiciclo supuso un mazazo al PP si se tiene en cuenta que la iniciativa legislativa que se votó suspender fue concebida por los conservadores como uno de los ejes de la X Legislatura (2011-2015). Pero también por lo que anticipa: un periodo en el que sus políticas van a ser cuestionadas en el Parlamento y en el que van a tener escaso margen de maniobra. Ya no cuentan con los 186 diputados que les permitían sacar adelante sus proyectos legislativos en solitario. El famoso “rodillo parlamentario”.

Se dio también la circunstancia de que la primera derrota parlamentaria de Rajoy como presidente con plenas funciones se ha producido con un tema al que él recurrió en su discurso de investidura como muestra de que era consciente de que en la nueva legislatura iba a hacer falta mucha mano tendida y mucho acuerdo entre fuerzas políticas. En señal de lo que parecía que iba a dar pie a un nuevo clima político, el jefe de los conservadores anunció la suspensión de las reválidas hasta que se firmase un pacto por la educación.

Para hacer algo menos dura la foto de la derrota, los conservadores ofrecieron al resto de grupos frenar la iniciativa y debatir los cambios de la ley en una subcomisión parlamentaria en la que se trabajará para lograr un pacto por la educación, una de las asignaturas pendientes del sistema español. La oferta fue lanzada desde la tribuna de oradores por la portavoz del PP, Sandra Moneo.