Asesinato mujeres

Violencia machista: las expertas reclaman centrar la protección de las víctimas en una mayor vigilancia de sus agresores

Violencia machista: las expertas reclaman centrar la protección de las víctimas en una mayor vigilancia de sus agresores

La mujer asesinada a hachazos en la localidad de León se ha convertido, la noche del jueves, en la víctima número 39 de violencia machista en lo que va de año. Sobre su agresor, un hombre de aproximadamente 60 años del que se estaba separando, pesaba una orden de alejamiento de 250 metros

No se trata de un caso aislado, sino un ejemplo más de cómo la justicia no siempre logra garantizar la protección de una víctima en riesgo. Del total de mujeres asesinadas este año, 16 habían presentado denuncias –el 41%–, mientras que once habían solicitado medidas de protección, aunque sólo seis de éstas permanecían en vigor, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La orden de protección está recogida de forma expresa en la Ley Integral de Violencia de Género, que obliga al juez que recibe la solicitud a decidir si la estima en un plazo de 72 horas tras una audiencia urgente de la víctima, el supuesto agresor y el Ministerio Fiscal. La finalidad es que pueda adoptar, desde el inicio de la instrucción, las medidas que considere pertinentes para el amparo de la víctima. Estas medidas van desde la protección física a la regulación provisional de aspectos de índole civil como el alejamiento inmediato del agresor, que ha de salir de la casa compartida, la concesión de la custodia de los hijos o el establecimiento de una pensión de alimentos. Además, establece que todas las mujeres que han sido agredidas por su pareja tienen derecho a servicios sociales de atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral.

El Ministerio del Interior, por otro lado, asume la responsabilidad de realizar un seguimiento integral de las víctimas, a través del diseño de un sistema informatizado y poniendo en marcha un protocolo de valoración del riesgo de las mujeres que han formalizado una denuncia. El sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, VioGén, prevé proporcionar a la víctima un Plan de Seguridad Personalizado con "medidas de autoprotección" que, por definición, excluyen las acciones reclamadas por expertas feministas respecto a una mayor vigilancia del agresor, y no de la víctima.

Según el nivel de riesgo de cada mujer, dicho plan contempla medidas obligatorias y complementarias. Si el nivel de riesgo es "bajo", algunas de las actuaciones obligatorias consisten en mantener contactos telefónicos esporádicos con la víctima, o comunicar al agresor que la mujer dispone de un servicio policial de protección. En caso de un riesgo "medio", el plan establece vigilancia ocasional y aleatoria en el domicilio y lugar de trabajo, o facilitarle un terminal móvil. En cuanto al riesgo "alto", se procederá a una vigilancia frecuente y aleatoria o a un control esporádico de los movimientos del agresor, entre otras acciones. Finalmente, si la amenaza es "extrema", las autoridades vigilarán de forma permanente a la víctima, realizarán un control intensivo de los movimientos del agresor, y atenderán la entrada y salida de los hijos en los centros escolares. Según el informe estadístico de octubre del 2016 elaborado por Interior, de las 402.774 mujeres que son consideradas víctimas de violencia de género en España, 31.828 se considerada que corren un riesgo "no apreciado", 17.466 un "riesgo bajo", 3.432 un "riesgo medio", 142 un "riesgo alto" y 17 un "riesgo extremo". Del total, 12.141 cuentan con un Plan de Seguridad Personalizado con algunas de estas medidas de autoprotección.

Precisamente, tal y como informó la Cadena Ser, la mujer asesinada en León era objeto de vigilancia por parte de la policía. Según la subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, las autoridades habían efectuado una llamada a la víctima horas antes del suceso, sin que se hubiera advertido ningún riesgo para la mujer. 

Focalizar los esfuerzos en el agresor

Pilar López Díez, experta en Comunicación y Género, se muestra categórica: "No hay que inventar nada, ya lo tenemos todo". Ante el interrogante que cuestiona los motivos por los que fallan las medidas impuestas, López Díez señala que la raíz del problema surge en la formación jurídica. Existen "jueces y juezas que no consideran que los problemas de las mujeres sean lo suficientemente graves para tomar medidas drásticas", apunta la experta. Demanda, en este sentido, dedicar una mayor cantidad de recursos destinados a la formación de magistrados, incrementar el número de agentes policiales y dedicar el presupuesto necesario para ello.

Por otro lado, apuesta por mejorar un sistema de vigilancia que está directamente enfocado al control policial del agresor. "El que tiene que llevar un policía al lado es él, quienes tienen que estar controlados son ellos", zanja.

La abogada experta en cuestiones de género Violeta Assiego, advierte que, en ocasiones, "aunque pongas todos los medios" una situación de maltrato tiene como desenlace el asesinato. Se muestra, por ello, prudente a la hora de valorar el sistema judicial para evitar dar "una sensación de indefensión", aunque, matiza, "es verdad que el sistema falla".

Assiego considera que la protección, "entendida como la atención integral destinada a garantizar sistemas para que las mujeres estén atendidas", no cumple con las necesidades que se requieren. "Lo que está claro es que la mujer necesita estar arropada", señala, al tiempo que lamenta la ineficacia de toda una serie de planes mecanizados, que no garantizan la "supervisión total las 24 horas del día". A juicio de la letrada, el objetivo fundamental no debe basarse en proteger "interrumpiendo la normalidad de la víctima", sino también en vigilar a los agresores. "Se está olvidando, en los juzgados, comisarías y en los protocolos, vigilar y tener controlados a los agresores" en lugar de centrar todo el peso de las acciones en las mujeres.

Solicitudes y quebrantamientos

Un 25N contra todas las formas de violencia machista

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Los datos oficiales del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, señalan que durante el segundo trimestre del 2016, un total de 10.845 solicitaron medidas de protección en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y en los Juzgados de Guardia. En los primeros –donde se formalizan la mayor parte de las demandas– fueron denegadas el 36%, mientras que los segundos rechazaron el 28%, porcentajes prácticamente idénticos al primer trimestre de este año. Los datos anuales del 2015, asimismo, indican que fueron registradas un total de 41.757 solicitudes, de las que el 43% fueron denegadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y en los de Guardia el 30%.

El problema para las mujeres víctimas de violencia machista, lejos de esfumarse, se mantiene en caso de obtener la aplicación de medidas protectoras. Entre los delitos instruidos durante el segundo trimestre del 2016 –que sumaron 38.496 casos–, 3.001 tuvieron como objeto central el quebrantamiento de medidas, y 2.478 el quebrantamiento de penas. La peor consecuencia de esta violación es, tal y como aconteció con la mujer asesinada en León, el feminicidio.

"Este año más del 40% de las mujeres asesinadas habían denunciado, y eso es inadmisible", censura Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, que a su vez señala como clave la valoración del riesgo y la adopción de medidas alternativas como las pulseras, "que apenas se usan". Esta vía consiste en brazaletes telemáticos que controlan la aproximación del agresor a la víctima en caso de existir una orden de alejamiento. Aunque 3.000 ejemplares fueron adquiridos en el 2009, únicamente 742 se encontraban activos el pasado año. 

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