El Gobierno defiende la vigencia de las medidas contra la corrupción pactadas con Ciudadanos

La muerte de Rita Barberá, a la que el PP forzó a renunciar a su carné de militante el pasado 4 de septiembre por su implicación en el caso Imelsa, ha dejado en estado de shock al Gobierno y al Partido Popular. Desde que se conoció la noticia sectores del partido y del Ejecutivo mostraron su incomodidad por la forma en la que se había gestionado la pérdida de militancia de la exalcaldesa y senadora. Y no fueron pocos los que, en privado, cuestionaban que se había ido demasiado lejos firmando un pacto con Ciudadanos según el cual un cargo público debe dimitir de sus responsabilidades al ser imputado en escándalos de corrupción. Este viernes, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, puso voz a este malestar asegurando que "a lo mejor" había que dar "una vuelta" dar "una vuelta"al pacto de investidura. Pero el Gobierno corrió a sofocar el incendio: "Los pactos están para cumplirse".

Así se pronunció en rueda de prensa en el palacio de la Moncloa el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros que presidió Mariano Rajoy. En Moncloa habían podido escuchar la reacción de José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos a las palabras de Hernando: "Es una posición [ante las imputaciones] que se debe seguir aplicando. No la vamos a revisar", respondió.

No obstante, el también titular de Educación señaló que, a su juicio, "sería bueno que entre todos los partidos políticos" se buscara una posición común. "Conjugar una querella con la presunción de inocencia", añadió. En este sentido, el portavoz del Gobierno, que señaló que las exigencias de Ciudadanos en materia de regeneración democrática eran la condición "para sentarse" a negociar la investidura, recordó que el PP siempre ha preferido esperar a que se abra juicio oral para apartar a un político. Esto es, a su juicio, una forma de mantener el "equilibrio" entre el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a presentar una denuncia o querella.

El Gobierno sabe que no está en circunstancias de reescribir su pacto con Ciudadanos. Pero en el entorno de Rajoy no ocultan que sería bueno un gran acuerdo, más allá del firmado con la formación de Albert Rivera, que fijase de forma clara en qué momento debe apartarse un cargo público de sus responsabilidades cuando es imputado en un caso de corrupción.

El pacto entre el PP y Ciudadanos va mucho más allá de los estatutos de la formación conservadora. "El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial. Asimismo, se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos", puede leerse en el punto 93 del pacto.

Mientras, los estatutos del PP establecen la expulsión de la formación en el momento en el que exista una sentencia condenatoria "firme". Y la apertura de expedientes por parte del Comité de Derechos y Garantías en el momento de la apertura del "juicio oral". Como práctica general, el PP ha estado apostando estos meses por apartar a los cargos públicos cuando se abría el juicio oral. A esto, de hecho, se comprometieron en el programa electoral con el que Rajoy concurrió a las generales: "todos los cargos del Partido Popular suscribirán una Declaración de Compromiso que significará la adhesión a nuestros principios éticos y tendrán la obligación de dimisión y serán suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral y derivado de una causa de corrupción".

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En una línea similar, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió, también este viernes, la vigencia del pacto de legislatura alcanzado entre el Partido Popular y Ciudadanos y en concreto en lo que se refiere a apartar de sus cargos a aquellos políticos imputados en casos de corrupción pese a que algunas voces de su formación han pedido que se revise este punto y se pidan responsabilidades una vez se abra juicio oral.

Antes de participar en unas jornadas organizadas por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, el ministro de Justicia sostuvo que está "muy conforme" con el acuerdo de 150 medidas firmado con la formación naranja, del que ha dicho que "está en vigor y goza de muy buena salud".

"Será en el momento procesal (en el que las personas sean declaradas imputadas) cuando deban abandonar sus responsabilidades. por lo tanto queremos poner de manifiesto que cuando existan indicios y el juez considere que hay alguna formalidad, en ese momento se puede exigir algún tipo de responsabilidades", afirmó, según informa Europa Press.