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Ley de Seguridad Ciudadana

El Gobierno se enfrenta al tercer freno a sus políticas en el Parlamento

Rajoy y los ministros Catalá y Dastis escuchan al portavoz del PSOE, Antonio Hernando (de espaldas).

Hace dos semanas fue el turno de la ley de educación, la Lomce. La semana pasada el PP se quedó solo rechazando la subida del salario mínimo a propuesta de Podemos. Y este martes es el turno de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza. El Partido Popular vivirá de nuevo en el Congreso de los Diputados una situación inédita en la X legislatura (2011-2015), cuando su más que sobrada mayoría absoluta le permitía sacar adelante iniciativas sin el consenso de los grupos parlamentarios. Unas iniciativas que van siendo cuestionadas sesión parlamentaria a sesión parlamentaria.

El pleno de la Cámara baja debatirá este martes una moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno "para garantizar el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos".

La moción de los socialistas está integrada por cinco puntos. Mediante el primero de ellos el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a "adoptar las medidas necesarias para derogar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como 'ley mordaza' por su incidencia directa y negativa en el ejercicio y desarrollo de los derechos fundamentales previstas en la Carta Magna, que asegure garantías y proporcionalidad en las sanciones de aquellas conductas que lesionen efectivamente o atenten contra la seguridad ciudadana".

Las mociones son acuerdos sin carácter normativo. Son un mandato de la Cámara para que el Gobierno actúe en una determinada dirección. No obligan al no tener carácter legislativo. Pero tienen un importante significado político al trasladar al Ejecutivo la voluntad de los representantes de los ciudadanos. La luz verde a esta moción sería otro golpe al núcleo legislativo de las políticas de Mariano Rajoy.

Si se mantiene la postura de los grupos parlamentarios del pasado mes de abril la iniciativa saldrá adelante significando, además, la tercera gran derrota de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados desde que es presidente del Gobierno con plenos poderes. Es decir, desde que fue investido. En esta ocasión, el Grupo Parlamentario Popular votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.

El PP y su pacto con Ciudadanos

Precisamente el PP y Ciudadanos tienen firmado en el pacto que permitió a Mariano Rajoy contar con los votos del partido naranja en la investidura darle una vuelta a la polémica ley. "Con el fin de conseguir la mejora del marco normativo dedicado a proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y a garantizar la seguridad de los ciudadanos, se promoverá una revisión de la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana para mejorar diferentes aspectos de su regulación, 40 intensificando las garantías y promoviendo una mayor eficacia, especialmente frente a las amenazas más graves", puede leerse en el punto 150, el último del acuerdo.

¿Implica esto que Ciudadanos se abstendrá como hizo en abril? Fuentes del Grupo Parlamentario de la formación que lidera Albert Rivera consultadas por infoLibre no supieron precisar cuál va a ser el sentido del voto. En la formación naranja subrayaron que dada la posibilidad de presentar enmiendas al texto original de los socialistas no fijarán su posición hasta conocer cómo queda redactado el texto de forma definitiva.

Por su parte, fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular recordaron su disposición a "modificar todo lo que sea mejorable". Pero mantuvieron su rechazo a derogar el texto. "Hablemos de qué puntos se pueden mejorar", sentencia un parlamentario.

En todo caso, el Parlamento sí podría llegar a acuerdos en otros de los puntos de la moción de los socialistas si, en lugar de ser votada en bloque se solicita permiso a la presidencia de la Cámara para votarla por separado. 

Además de la derogación de la ley, el Grupo Parlamentario Socialista reclama al Ejecutivo "promover la reforma del nuevo Código Penal Militar", "garantizar las plantillas necesarias en Instituciones Penitenciarias, tanto para los que actualmente están en funcionamiento como las que están ya acabadas y sin funcionamiento por falta de efectivos". También demandan al Gobierno "un compromiso inequívoco con la seguridad pública como instrumento esencial para garantizar la confianza de los ciudadanos" que suponga un incremento de las plantillas policiales con mejores medios. Y promover las reformas necesarias "para asegurar que el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros sea una medida restringida a supuestos imprescindibles".

La Lomce: primera derrota

La primera gran derrota de Rajoy en lo que va de legislatura tuvo lugar hace dos semanas en la toma en consideración de una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la suspensión del calendario de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, también conocida como ley Wert. La iniciativa salió adelante con 208 votos a favor, 133 en contra y dos abstenciones.

La decisión del hemiciclo supuso un mazazo al PP si se tenía en cuenta que la iniciativa legislativa que se votó suspender fue concebida por los conservadores como uno de los ejes de la X Legislatura (2011-2015), algo similar a lo que ocurre con la llamada ley mordaza. Pero también por lo que anticipó: un periodo en el que sus políticas van a ser cuestionadas en el Parlamento y en el que van a tener escaso margen de maniobra. Ya no cuentan con los 186 diputados que les permitían sacar adelante sus proyectos legislativos en solitario. El famoso "rodillo parlamentario" que criticó la oposición en pleno en la pasada legislatura.

Ahora, el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos han empezado a dar los primeros pasos recurriendo a una subcomisión parlamentaria para sustituir esta ley. A efectos prácticos, supone el punto de partida para consensuar una ley educativa desde el principio.

Este mismo lunes, la Conferencia Sectorial de Educación, que reunió al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y a todos los consejeros de cada Comunidad Autónoma, concluyó con un acuerdo casi unánime en torno al borrador del proyecto de real decreto ley que introduce cambios en las evaluaciones finales de la LOMCE, más conocidas como reválidas. Según explicó el ministro no sólo que se suspenden los efectos académicos de las reválidas de ESO y Bachillerato, sino también que tanto la de Primaria y ESO va a ser muestral y no censal como establece la Lomce, ya que "la finalidad es diagnóstica".

La evaluación de Bachillerato será, como se había anunciado, sólo para acceder a la Universidad, informa Europa Press.

La semana pasada el PP se quedó solo votando en contra de iniciar la tramitación de una proposición de ley relativa a la subida del salario mínimo interprofesional a 800 euros mensuales para el año 2018 y a 950 euros para el año 2020, contabilizando 14 pagas. Ciudadanos se abstuvo.

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PP y Ciudadanos llegan a este pleno tras haber vivido algunos choques en los últimos días. El último, el que tiene que ver con las negociaciones del techo de gasto, un paso previo a los Presupuestos Generales del Estado. El anuncio por parte del presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, de que su formación podría llegar a aprobar el techo de gasto en el Congreso despertó los recelos en Ciudadanos. Desde la formación naranja salieron a asegurar que no darán luz verde a ninguna iniciativa que no se haya negociado previamente con ellos.

También se dispararon todas las alarmas cuando el viernes, dos días después de la muerte de Rita Barberá, el portavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando, se mostró partidario de "dar una vuelta" al pacto anticorrupción firmado con Ciudadanos. Desde el Gobierno, que sigue necesitando los 32 escaños de Ciudadanos para los Presupuestos, entre otras iniciativas, se intentó cortar de raíz la polémica asegurando que el pacto está plenamente vigente y los acuerdos están para cumplirse.

El pleno de este martes se cerrará con una moción de Ciudadanos sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscal, concretamente sobre las medidas que ha adoptado el Ejecutivo para que los ciudadanos que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 tributasen el 10% por las cantidades afloradas, tal y como exigía la ley. Esta cuestión también ha generado no pocas tensiones entre Ciudadanos y el Gobierno. Para mantener el pacto a salvo el Ministerio de Hacienda ha remitido cartas a los beneficiarios de la amnistía fiscal recordándoles que la Agencia Tributaria puede investigar el origen de los capitales declarados, que estos no prescriben. Expertos en la materia aseguran que las cartas no tienen ningún tipo de efecto y que Hacienda se enfrenta a una avalancha de demandas si inicia ahora investigaciones.

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