Nueve altos cargos de Rajoy y Cifuentes participaron en el troceo de contratos para la trama 'Gürtel'

Nueve altos cargos de los gobiernos de Mariano Rajoy y de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, figuran en la lista de potenciales testigos que deberán explicar en el juicio del caso Gürtel el porqué de su participación en la tramitación de contratos fraccionados por la Comunidad de Madrid para la trama de Francisco Correa. Entre esos altos cargos se cuenta el secretario de Estado de Deportes, José Ramón Lete, que firmó dos facturas emitidas el mismo día de abril de 2007 y que se correspondían con el mismo acto institucional: el de apertura del II Memorial Jesús Gil, organizado por el Ejecutivo regional en diciembre del año anterior como homenaje al expresidente del Atlético y exalcalde de Marbella.

Ninguno de esos nueve cargos, que trabajaban para la Comunidad de Madrid cuando se produjo el fraccionamiento, está procesado ni llegó nunca a verse imputado. Aunque la Fiscalía Anticorrupción considera irrefutable que el troceo de facturas constituía una práctica habitual destinada a ocultar las adjudicaciones a dedo y que reportó a la red más de tres millones del erario madrileño, sostiene que sólo hay un responsable penal: el exviceconsejero madrileño de Presidencia Alberto López Viejo, quien, al parecer, habría usado su cercanía orgánica a Esperanza Aguirre para desplegar gran autoridad y "ascendiente" sobre decenas de altos cargos y funcionarios de departamentos distintos al suyo y sobre los que formalmente carecía de potestades. Las facturas y los documentos oficiales que acreditan la participación administrativa de esos nueve altos cargos en el fraccionamiento de contratos están incorporados al sumario. La presencia de Esperanza Aguirre en los actos financiados con esa fórmula -expresamente prohibida por la Ley de Contratos- era el nexo común.

Los nueve altos cargos avalaron el gasto o directamente firmaron una o varias de alguna serie de facturas diferentes que se correspondían con el mismo concepto y cuya emisión permitió camuflar más de un centenar de contratos a dedo. ¿Para qué se emitían facturas distintas? Para que ninguna de ellas superase los 12.000 euros, importe máximo que hasta la nueva ley de contratos públicos de 2007 podían las administraciones adjudicar a dedo y sin licitación pública. Son los llamados contratos menores, cuyo límite máximo se sitúa ahora en 18.000 euros.

De la Cámara de Cuentas a la comisión de vigilancia de las contrataciones...

Entre esos nueve altos cargos figuran personalidades como el ya citado secretario de Estado de Deportes, José Ramón Lete, exdirector general de Promoción Deportiva de la Comunidad de Madrid; el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, elegido para el cargo a propuesta del PP y que fue viceconsejero de Asistencia Sanitaria; la directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dolores Limón, exgerente del instituto regional homólogo del que ahora dirige; el portavoz de Economía del PP en la Asamblea de Madrid y miembro de la comisión de vigilancia de contratos, Álvaro Ballarín, que fue director general de Archivos, Museos y Bibliotecas; la viceconsejera madrileña de Políticas Sociales y Familia, Belén Prado, que ostentaba el mismo cargo pero en Sanidad cuando se fraccionaron los contratos; y el director general de Cartera de Servicios Básicos del Ministerio de Sanidad, Agustín Rivero, que ocupaba el cargo de director general de Salud Pública. Completan la relación la directora general de Formación Profesional de Madrid, Guadalupe Bragado; la interventora general de la Consejería de Empleo de Madrid, Cristina Torre; y el secretario general técnico de Educación de esa misma comunidad, Alfonso González. 

En la relación hay, además de los nueve cargos citados, dos subdirectores generales de la Administración regional madrileña que oficialmente no poseen el rango de altos cargos aunque ocupan puestos de responsabilidad que se cubren por libre designación. Asimismo, participó en el fraccionamiento de contratos el hoy concejal madrileño del PP Fernando Martínez Vidal, que fue director general de Relaciones Externas de la Comunidad. En el cómputo de altos cargos efectuado por este diario no se incluye a ninguno de los tres.

... Y un concejal de Aguirre

Martínez Vidal es uno de los antiguos altos cargos de Madrid que personalmente firmaron dos facturas fechadas el mismo día y relativas al mismo acto, además de las respectivas memorias explicativas del gasto. En su calidad de director general rubricó la aceptación de las dos facturas emitidas por los trabajos desarrollados por Down Town Consulting durante la celebración del Día de la Constitución de 2004. Total, 24.000 euros. O sea, el doble del importe máximo permitido para los contratos menores. Este diario no logró localizar la tarde de este martes a Martínez Vidal ni a nadie que pudiera ofrecer su versión.

La relación de los 57 testigos originalmente propuestos por el PSOE va encabezada por Esperanza Aguirre e Ignacio González, su sucesor en la Presidencia de Madrid. Pero la inclusión de Aguirre en la lista corta está descartada dado de que, de cualquier forma, ya está citada como testigo. Y tampoco es seguro que el nombre de Ignacio González acabe incorporado.

Todos ellos aparecen en la lista de 57 altos cargos y funcionarios que participaron en alguno de los trámites administrativos previos al pago de las facturas fraccionadas por parte de la Comunidad de Madrid y cuya declaración testifical pidió al inicio de la vista el PSOE al tribunal que juzga el caso.

La semana pasada, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, accedió a la prueba solicitada por los socialistas madrileños, que ejercen una de las tres acusaciones populares. La decisión se produjo después de que varios acusados, entre ellos el propio Correa, su lugarteniente Pablo Crespo o su antigua subordinada Isabel Jordán, apuntaran a que la Comunidad de Madrid les daba instrucciones para trocear las facturas. Pero el juez impuso una condición: no comparecerán los 55 sino solo 10. Será el abogado del PSOE, Wilfredo Jurado, quien elabore -aún no lo ha hecho- esa lista corta de 10 testigos. 

El secretario de Estado subraya que está fuera de sospecha

infoLibre trasladó ayer a la Secretaría de Estado de Deportes, al Ministerio de Empleo, al de Sanidad y a la Comunidad de Madrid la presencia de diversos altos cargos de esas administraciones en la lista de potenciales testigos del fraccionamiento de contratos. Solo respondió el equipo del secretario de Estado de Deportes. Los portavoces de José Ramón Lete subrayaron dos cosas: que, como parte de la tramitación ordinaria, se limitó a firmar dos facturas correspondientes a un acto que ya se había celebrado antes de que el hoy presidente del Consejo Superior de Deportes accediese a la Dirección General de Promoción Deportiva de la Comunidad de Madrid; y que la instrucción del caso, desarrollada a lo largo de varios años, le ha dejado fuera de sospecha.