El Gobierno recela de la reforma constitucional: “No queda ningún americano vivo que votara la suya”

Este martes, Mariano Rajoy sostuvo ante el pleno del Congreso de los Diputados que el Gobierno sólo iba a acatar aquellos mandatos de la Cámara que esté obligado a acatar. Es decir, las proposiciones de ley. Será este el caso de la iniciativa de reforma de la Constitución anunciada para las próximas semanas por el Grupo Parlamentario Socialista este miércoles, justo al mismo tiempo que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comparecía ante la Comisión Constitucional de la Cámara baja para detallar las directrices de su departamento para esta legislatura.

En este contexto, y ante el acuerdo de todos los grupos a la hora de señalar que ha llegado el momento de abrir el debate de la reforma constitucional, la mano derecha de Rajoy en el Gobierno admitió que ese diálogo debe hacerse con "prudencia" para no derribar lo conseguido. En todo caso, ni Santamaría ni los portavoces del Partido Popular en la citada comisión ocultaron que este debate no les apasiona nada. "No creo que quede ningún americano vivo que votara la suya [su Constitución] y no les va mal", llegó a decir Santamaría en respuesta al portavoz de En Podem Comú en el Congreso, Xavier Domènech, que había hecho hincapié que cada vez había más gente en España y en Cataluña que no había votado la Constitución de 1978.

"La última enmienda de la Costitución de los Estados Unidos fue de 1992 [...] ¿Saben cuándo fue presentada? El 25 de septiembre de 1789. Tardaron 203 años en aprobarla", mantuvo. Siguiendo con la Constitución americana como ejemplo, la vicepresidenta consideró que "hay que hacer las cosas con cierta solera porque una Constitución no es un reglamento de circulación". "Lo que hagamos, hagámoslo para mejorar más que abrir aquí debates que no sepamos cómo cerrar", añadió.

Santamaría evitó concretar una fecha o marcar a los grupos unos plazos sobre esta cuestión, una demanda que le había hecho el portavoz socialista Gregorio Cámara. El dirigente del PSOE defendió una reforma constitucional para buscar una solución a la situación en Cataluña y, como réplica, se encontró con una petición de Santamaría de que aclarase qué quiere cambiar para que el Estado de las Autonomías tenga el "perfil federal" que demanda el PSOE y si lo que defiende es un "federalismo simétrico o asimétrico".

La vicepresidenta aseguró que, a tenor de las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios se puede deducir que no hay "mucho consenso" en cuanto a las soluciones, algo que consideró esencial. A su juicio, es imposible hacer una reforma de la Carta Magna a la carta de un partido político concreto porque no hay sólo un partido político. Según subrayó, la Constitución "tiene que servir a 46,5 millones de españoles". En este sentido, insistió en que hya que ser "prudente". "Hay que ir construyendo poco a poco, paso a paso", subrayó.

"No puede ser un fin en sí mismo"

En un sentido similar a la vicepresidenta se pronunció el portavoz del PP en la citada comisión parlamentaria, Francisco Martínez. Para el dirigente conservador, una posible reforma de la constitucional "no puede ser un fin en sí mismo".

"La Constitución es un texto vivo, no lo podemos convertir en un arma política", dijo, al tiempo que reclamó al resto de grupos que "no frustren las expectativas de los ciudadanos con falsos anuncios ni traten de suplantar la acción política con una quimérica invocación de la reforma constitucional ni sustituyan la labor hermenéutica del TC que tiene que ver con la condición viva del texto constitucional". Fue la respuesta del PP a todos los portavoces de la oposición que, con diferentes argumentos, habían defendido la necesidad de que esta legislatura sea la de la reforma.

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"No debemos promover una reforma constitucional para resolver un problema territorial, sino para generar un consenso sobre el Estado en el que queremos vivir", aseguró.

Fuera ya de la reforma de la Carta Magna, Santamaría anunció la voluntad del Gobierno central de "reducir la litigiosidad" del Ejecutivo con las comunidades autónomas. 

La noticia llega en un momento en el que el PP necesita del Partido Nacionalista Vasco para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y en el que los nacionalistas vascos han puesto como condición para empezar a hablar que esto cambie.