'El último paso', una iniciativa para mejorar la Ley de Memoria Histórica

Hace nueve años el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ponía en marcha la Ley de la Memoria Histórica, "por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura". Hoy, tras nueve años de labor continua por parte de las organizaciones memorialistas, el Parlamento ha admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular bautizada como El último paso, cuyo objetivo principal es servir de mejora y actualización de la normativa vigente.

La iniciativa fue registrada el 31 de octubre, día en que inició su recorrido la nueva legislatura y, aunque tuvo que pasar por dos correcciones, finalmente este jueves el Congreso ha dado luz verde para iniciar los trámites pertinentes en el Senado. La propuesta impulsada por el abogado Eduardo Ranz cuenta, desde que así lo autorice la Junta Electoral Central, con nueve meses de plazo para conseguir 500.000 firmas que la avalen.

"La intención es reformar la ley actualmente en vigor, como resultado de los procesos legales de memoria histórica que he llevado como abogado", explica Ranz en conversación con infoLibre. "España tiene avances en según que leyes, pero no en memoria histórica, derechos humanos y cerrar heridas, y así no se puede avanzar", denuncia.

Equilibrar la memoria

La finalidad de esta norma radica en "la reconciliación de una sociedad a la altura de las circunstancias, para conseguir que el desequilibrio de la memoria no tarde en desaparecer", reza el texto sobre el que se asienta la iniciativa, y que aspira, en última instancia, a la puesta en marcha de una ley complementaria que plantea el desarrollo de supuestos para una rápida aplicación.

Entre las cuestiones que contempla la propuesta, se encuentra como prioridad la legitimación para iniciar expedientes de localización, exhumación e identificación en suelo público y privado, regularizando además el personal a pie de fosa –lo que incluiría formalización de contratos, seguros y contribución a la Seguridad Social– . La petición podrá ser llevada a cabo por el cónyuge de la víctima o por sus descendientes hasta cuarto grado –actualmente la ley lo delimita hasta el segundo–, sus ascendientes y sus colaterales, aunque también por parte de las asociaciones de memoria histórica que tengan en cuenta los fines de exhumación en sus estatutos. Además, la administración pública tendrá que aportar los recursos pertinentesen la organización de los medios necesarios para efectuar con agilidad todos los trabajos al respecto, y sancionará las infracciones en materia de memoria histórica respecto a aquellos que rechacen el cumplimiento de la norma.

Asimismo, el proyecto obliga a la retirada de simbología de exaltación de la guerra civil española y la dictadura franquista, por parte de los ayuntamientos, el Arzobispado, obispados y cementerios. Igualmente, se solicita el pleno acceso a archivos militares o parroquiales, "sin la menor hostilidad y en ejercicio de transparencia y verdad". Poder disponer de este tipo de documentación, señala Ranz, "significa obtener la información más valiosa para desarrollar un ejercicio de verdad y también disponer de un fondo documental para empezar a trabajar sobre las exhumaciones".

La regulación propuesta formula, además, los pasos para la constitución de una Dirección General o un órgano colegiado que "sirva de oficina y gestione como procedimiento administrativo" las tareas de exhumación, así como el tratamiento de exiliados, militares republicanos, niños de la guerra y descendientes de los tres grupos sociales.

Eduardo Ranz incluye igualmente una regulación respecto al Valle de los Caídos, que camine hacia su resignificación como lugar de la memoria de todas las víctimas de la guerra y la dictadura, de sus familiares, y de la sociedad en su conjunto. Es necesario, para ello, la creación de un lugar de "identificación, dignificación y homenaje", así como la publicación oficial del nombre de todas las víctimas, información sobre "su sentido original y actual" y su fácil acceso en cumplimiento con la ley de transparencia.

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Por otro lado, se impulsará un reconocimiento especial a las víctimas de homofobia como grupo identificado por su sexualidad, "que sufrió persecución desde el Estado, por razón de su orientación sexual, que los declaraba peligrosos". En este sentido, Ranz subraya también la importancia de reconocer desde una perspectiva de género la represión ejercida sobre las mujeres, su intimidad y su propia imagen, "siendo ultrajadas, violadas, encarceladas, vejadas, paseadas, rapadas, obligadas a ingerir aceite de ricino o asesinadas".

Finalmente, la iniciativa prevé fijar el 31 de octubre, fecha en que se aprobó la Constitución en las Cortes y en que se registró la propuesta en el Congreso, como día oficial de recuerdo y homenaje "a todas las víctimas sin apellidos".

A juicio del autor de la iniciativa, "es el momento de cerrar heridas". Heridas que, lamenta, llevan "abiertas desde 1936 , que durante años han sido cerradas en falso" y que "tienen que ser cicatrizadas mediante el respeto, la solidaridad y comprensión de una sociedad española digna del siglo XXI".