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Corrupción

La jueza remite al TSJ el 'caso Auditorio' al hallar indicios de criminalidad en el presidente de Murcia

  • Al ser Sánchez aforado, el órgano competente en caso de admitir a trámite la acusación y declarar a Sánchez como investigado es el TSJ
  • Los presuntos delitos que se le atribuyen son los de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial o público.

Publicada 02/12/2016 a las 12:54 Actualizada 02/12/2016 a las 13:31    
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El alcalde de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

El alcalde de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

E.P.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la exposición razonada del caso Auditorio, al considerar que existe indiciariamente responsabilidad penal del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en las obras de construcción y entrega de esta infraestructura de Puerto Lumbreras cuando era alcalde del municipio.

Al ser Sánchez aforado, el órgano competente en caso de admitir a trámite la acusación y declarar a Sánchez como investigado es el TSJ, que ahora deberá designar a los tres magistrados que integren la Sala, así como el instructor del caso.

Los presuntos delitos que se le atribuyen, y que aparecen reflejados en el auto, son los de prevaricación continuada, malversación, fraude y falsedad en documento oficial o público.

La magistrada tomó esta decisión a instancias del escrito del fiscal de Delitos Urbanísticos de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, quien pidió que se investigue al presidente murciano al considerar que queda demostrada su participación "en todos y cada uno de los hechos relatados a lo largo de este informe, siendo por ello perfecto conocedor de los mismos".

Igualmente, la juez ordena abrir una pieza separada, denominada Pieza separada número 1, para simplificar y activar el procedimiento en aras a investigar la posible comisión de delito de fraude a la administración pública y de malversación de caudales públicos y a sus posibles autores.

En su exposición razonada, la jueza sostiene, para empezar, que el concurso de ideas del proyecto se configura como la solución "para poder legalizar una situación previa, donde el alcalde ha seleccionado personalmente al arquitecto, y contratado con el mismo sin tramitación de expediente".

En el auto se constata que los hechos "ponen de manifiesto fuertes indicios de que los fondos provenientes de la subvención cambiaron de destino o aplicación".

Considera necesario acreditar si los fondos dispuestos y destinados a pagos ajenos a la ejecución de la obra para construir el Auditorio lumbrerense "lo fueron a aplicaciones públicas o privadas, y quien autorizó las disposiciones en su caso".

En su exposición razonada, la juez de Lorca afirma que se había tanto certificado como abonado con cargo a la subvención que se había recibido la totalidad del presupuesto de licitación de la obra, pero "había un gran número de partidas de obra no ejecutadas e incluidas en el Proyecto Básico y de Ejecución".

"La obra objeto básico del concurso y de la subvención recibida estaba sin terminar, ni poder ser utilizada, y aunque se había certificado al 100% del presupuesto de adjudicación, la obra estaba ejecutada sólo al 61,96 %", subraya.

Un extremo que se intenta justificar por la existencia de un proyecto modificado de obra que fue "innecesario, superfluo, infundado, inútil y exagerado".

La juez constata que el arquitecto encargado de realizar la obra y el representante de la mercantil comunicaron al Ayuntamiento lumbrerense que la obra estaba terminada, "en buen estado y de conformidad a las prescripciones previstas, dándose comienzo al plazo de garantía".

Sin embargo, el libro de incidencias recoge que la obra del Auditorio "está incompleta según proyecto modificado aprobado en pleno municipal, pasando a ser responsabilidad del Ayuntamiento".

En el auto, la jueza explica que su exposición razonada delimita el alcance "objetivo y subjetivo" de los hechos, los "indicios racionales de criminalidad" que los sustentan, los indicios que podrían acreditar su atribución a la persona aforada, y su calificación jurídica, todo ello "a los estrictos efectos de esta exposición y con el carácter de provisional que preside la fase procesal instructora en que se encuentra la causa".

La propuesta, según la magistrada, se eleva "respetuosamente", tanto en relación con la persona aforada como a las personas investigadas no aforadas, al estimarse que "no parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación de los segundos".


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4 Comentarios
  • Merm Merm 02/12/16 20:13

    Mira otro caso aislado

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  • Ciro2 Ciro2 02/12/16 17:14

    Por eso querían quitar la palabra imputado, por lo mal que suena. Por eso el presidente de Murcia se agarra a lo aséptico del término investigar, que la justicia solo quiere investigar y le parece bien. Pero lo cierto, estimado presidente, es que a mí no me investigan, le investigan a usted por razonables sospechas de que está usted sucio, y no hace falta que le desnuden para que usted se vaya de la política. Basta con que la jueza tenga indicios más que fiables de su criminalidad para que usted, por dignidad, haga mutis por el foro.

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    • irreligionproletaria irreligionproletaria 02/12/16 20:29

      No se irá, al igual que el edil y diputado de la Asamblea de Madrid, -que en funciones de direccion de educadores catolicos, y a fuer de misoginia, consideró que, las mujeres: sometidas, carñosas, silenciosas y utiles de su tea party o, "feministas" rabiosas, frustradas, amargadas y hasta traslado su problematica existencial y nos definió "fracasadas" debe cesar en su representacion de los ciudadan@s en cualquier cargo público (Asamblea de CA MADRID Y ALCALDE DE ALCORCON) Al edil le debe contratar la iglesia católica; lo borda. Este personaje publico de Murcia que alega "irregularidades administravas" en cuanto malversacion de fondos públicos, directamente, embargo de bienes que alcance el importe malversado, el interes legal y la multa correspondiente al delito "investigado" en concepto de fianza; e inhabilitacion de ambos, para cargo publico.

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  • P. González P. González 02/12/16 14:24

    ¡Ojo al parche!; Porque parece que, a estas alturas, el nuevo fiscal General del Estado ya está tomando severas medidas para apagar todos estos "incendios" mediante el sencillo trámite de liquidar a los fiscales (superiores y rasos) que tienen el atrevimiento de investigar y acusar a los políticos del Partido Popular. Y lo grave del caso es que, aunque sea una palmaria indecencia, es perfectamente "legal", ya que estatutariamente la fiscalía es una institución jerárquica a las órdenes del gobierno de turno. Por ese motivo, más nos vale que la prensa informe de todas estas maniobras, que los partidos políticos las denuncien públicamente en el Congreso y que los ciudadanos salgamos a la calle en apoyo de los jueces y fiscales independientes. Es mucho lo que nos jugamos, si consentimos que los golfos más notorios se terminen yendo "de rositas". Saludos.

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