Una organización pro Dependencia calcula que en cinco años más de 125.000 personas murieron sin ayuda

Casi 10 años han transcurrido desde la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, dirigida a reconocer los derechos de las personas en situación de dependencia y de aquellas que se encargaban de su cuidado, que normalmente renunciaban a su puesto de trabajo y a su desarrollo personal y social para atender a un familiar. Con la norma, se empezó a cotizar por la figura de los cuidadores para que tuviesen acceso a una pensión de jubilación.

En la actualidad, tal y como denuncia la Coordinadora Estatal de Plataformas de Dependencia, la situación es muy distinta. En los últimos cinco años han fallecido más de 125.000 personas en situación de dependencia con una prestación o servicio ya reconocido y que nunca llegó a recibir. 

Esto se debe en gran parte, según asegura la Coordinadora, a que el Gobierno Central "alargó los plazos para crear retroactividad hasta los tres años, con el único fin de que la "evolución vegetativa" (muerte) les ahorrara costes y al mismo tiempo redujera la lista de espera", una reducción, aseguran, que debemos buscar "en los cementerios de todo el país".

Aunque la ley nació con algunas "lagunas" –"la financiación no era clara, los servicios no cubrían las necesidades de todas las personas en situación de dependencia (no se había tenido en cuenta a los miles de niños que se debería atender, ya que estaba pensada casi solo para ancianos) y muchas comunidades autónomas eran reticentes a su implantación"– la Plataforma vincula el fracaso de la norma con la llegada al Gobierno del Partido Popular en 2011 y con la máxima de Rajoy, "la Ley de Dependencia no es viable".

Con el decreto de enero de 2012, denuncian desde la Coordinadora, "se dio el primer golpe a esta ley", con la eliminación y el recorte "hasta la mínima expresión" del nivel mínimo y el acordado con las distintas comunidades. En julio de ese mismo año, aseguran, "se le dio el hachazo mortal" con el recorte del 15% en las prestaciones y la expulsión de la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar.

A raíz del último Decreto la cotización a la Seguridad Social pasó a ser de carácter voluntario y a correr por cuenta del cuidador. "Esto llevó a que más del 90% renunció a cotizar, ya que era dinero que tendrían que quitar a su familiar con dependencia". Desde la Plataforma pronostican que esta medida traerá "un inmenso ejército de mujeres pobres (el 93% de los cuidadores son mujeres) a las que el Estado deberá dar respuesta".

La Coordinadora también denuncia que los presupuestos para ayudas a la dependencia se han reducido en más de 3.000 millones de euros durante los últimos años. Además, en la actualidad el Gobierno aporta un 18% –menos que los propios dependientes, que aportan un 19%– y el resto, las comunidades, "asfixiadas por el cumplimiento del objetivo de déficit", a pesar de que la Ley de Dependencia fija que el Gobierno debería aportar el 50% y las comunidades el otro 50%.

El Gobierno sólo aporta uno de cada cinco euros del presupuesto total para atender a los dependientes

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"Una sociedad que no atiende a los más débiles, es una sociedad enferma"

"Necesitamos que esta situación se revierta; necesitamos recuperar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar; necesitamos recuperar los niveles mínimo y acordado; necesitamos unos presupuestos realistas; necesitamos que se unifiquen los criterios de valoración: no se puede ser gran dependiente en Valencia y moderado en Madrid", exigen desde la Coordinadora.

Con casi un millón y medio de personas se encuentran en situación de dependencia, personas con las que el Gobierno, asegura la Plataforma, "tiene una obligación", ya que "una sociedad que no atiende a sus ciudadanos más débiles es una sociedad enferma".