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Cambio climático

España planea no reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero de cara a 2020

  • Más de 400 organizaciones denuncian la poca ambición del Ejecutivo al respecto y proponen una batería de contenidos para la futura ley de cambio climático
  • El Ejecutivo pretende llegar a casi 400.000 kilotones de contaminación en 2020. En 1990 fueron 300.000

Publicada 13/12/2016 a las 14:04 Actualizada 13/12/2016 a las 15:38    
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Ministra de Medio Ambiente: ���No se puede ratificar el Acuerdo de Paris��� porque el Gobierno esta en funciones

La ministra de Medio Ambiente, Isabel Garcia Tejerina.

Europa Press
España no propone, por el momento, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cara a 2020. Las intenciones del Gobierno pasan por aumentarlas y, aun así, llegar al objetivo que le propone la UE. Lo denuncia Alianza por el Clima, una unión de más de 400 organizaciones de la sociedad civil –entre ellas, todas las grandes ecologistas– que ha elaborado un informe de propuestas (consúltelo aquí) para la ley de cambio climático, prometida por la ministra de Medio Ambiente y por el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy. La coalición exige una proyección decreciente de gases contaminantes para poner al país "en la trayectoria adecuada" y cumplir con los compromisos firmados a largo plazo.

La primera meta que hay que alcanzar es la impuesta por el Objetivo Europeo 2020, incorporado a la legislación en 2009, que establece la necesidad de reducir los GEI un 20% con respecto a 1990. Eso implica una reducción del 14% con respecto a los niveles de 2005, según recoge el Segundo Informe Bienal de España, que comunica a la ONU los avances de nuestro país en materia de cambio climático. Llegar a ese 14% no implica reducir los gases contaminantes, ya que 2005 fue el año en el que se batieron todos los récords de emisiones en España. Los planes del Ejecutivo a cuatro años vista pasan por un crecimiento moderado de los gases emitidos.

Así, el Segundo Informe Bienal plantea un escenario en el que se toman medidas adicionales de mitigación del efecto invernadero, tanto planteadas por España como por la Unión Europea, y propone llegar a entre 350.000 y 400.000 kilotones (miles de toneladas) de GEI en 2020. En 2005 se acercaron a las 450.000, pero en 1990 eran menos de 300.000. Y en la última medición que recoge el documento, de 2013, emitimos alrededor de 300.000 kilotones.

En concreto, con respecto a los sectores difusos (transporte, vivienda, agricultura…), regidos por la política de reparto del esfuerzo del club comunitario, los planes son similares. Con las medidas tomadas actualmente, y tomando los datos de 2005 como el 100%, las emisiones alcanzaron en 2012 el 80% y en 2020 llegarían al 84%. Con medidas adicionales el Gobierno plantea seguir en la misma línea del 80% en los próximos años, sin decrecimiento.

Alianza por el Clima considera que no tiene sentido que, si se quiere llegar a un "futuro energético descarbonizado" como el Acuerdo de París imagina en 2050, la reducción de emisiones no comience ya. Para mitad de siglo, según los compromisos adquiridos, los GEI expulsados a la atmósfera deberían representar entre el 80% y el 95% de los emitidos en 1990. "Dejar gran parte del esfuerzo de nuestro país para después de 2030 supondría mayores costes económicos, ecológicos y sociales para el conjunto de la población", advierte la coalición.

Propuestas para la futura ley

Las políticas de mitigación del GEI ocupan gran parte de las propuestas de Alianza por el Clima, pero las organizaciones van más allá. La futura ley de cambio climático debe reorientar el sistema fiscal para "favorecer los productos, servicios y actividades en los distintos sectores que contribuyan a una economía descarbonizada", así como reactivar el Plan de Fomento de las Energías Renovables con "un marco de transición justa" para los trabajadores que pudieran resultar afectados.

Con respecto al transporte y la movilidad, las organizaciones apuestan por aprobar una ley de movilidad que debe tener por objetivo "la planificación de una movilidad sostenible" que garantice y fomente "los desplazamientos a pie y bicicleta" y el transporte público.

La norma no debe permitir, consideran, que los agentes responsables de las emisiones puedan compensarlas por medio de las plantaciones forestales: "Los únicos mecanismos de compensación posibles serán los referidos por la recuperación de zonas degradadas", matizan. También plantean, entre otras muchas medidas, la modificación de las políticas agrarias y de desarrollo rural para adaptarlas a las medidas de mitigación del cambio climático, sistemas más eficientes para la recogida de basuras que eviten el metano que se desprende de los vertederos, y limitar la expansión residencial y de zonas empresariales alejadas de centros urbanos –para sortear el aumento del tráfico–.

Alianza por el Clima aborda la problemática con una urgencia que, a su juicio, se contrapone a la calma que parecen desprender las medidas de mitigación españolas. "España, al ser una península y estar situada en la cuenca mediterránea, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Ya estamos percibiendo sus efectos", advierten.


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