Los abusos de la banca

La Audiencia de León mantiene la imputación de Martínez-Maillo y otros exconsejeros de Caja España

Imagen reciente de Fernando Martínez-Maillo.

La Sección Tercera de Audiencia Provincial de León ha desestimado los recursos del vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, y otros trece investigados en el procedimiento abierto por la supuesta administración desleal de los exconsejeros de la antigua Caja España, por lo que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León, Rocío González Boñar, continuará con sus diligencias, según un auto de 9 de enero, al que ha tenido acceso infoLibre.

El Juzgado de Instrucción número 5 de León había imputado a catorce integrantes del consejo de administración de Caja España en 2009. Entre los investigados figuran, además de Martínez-Maillo, los también conservadores Javier García-Prieto y Artemio Domínguez González.

En las filas del PSOE están siendo investigados Begoña Núñez, el histórico político socialista Zenón Jiménez-Ridruejo o el exalcalde de León Francisco Fernández. También Miguel Ángel Álvarez, de la UGT, y el secretario autonómico de Asaja de Castilla y León, José Antonio Turrado.

Los magistrados han confirmado la legitimidad del Ministerio Público para investigar el caso y en el auto aseguran: "El delito societario investigado que afecta a miembros de sus órganos directivos, no es ajeno al interés general, cuya protección incumbe al Ministerio Fiscal, de conformidad con el artículo uno de su Estatuto Orgánico. La conclusión de lo expuesto no puede ser otra más que reconocer la legitimidad del Ministerio Fiscal para ejercer la acción penal en el caso de autos, y en consecuencia la pretensión de los apelantes para que se deje fuera a dicho órgano en la investigación del delito de que se trata, debe merecer un rechazo absoluto".

La Sección Tercera de la Audiencia leonesa también rechaza que el delito haya prescrito, tal y como reclaman las defensas: "Es por ello que desde la comisión del presunto delito atribuido a los apelantes por el Ministerio Fiscal en su denuncia hasta la fecha de la citada providencia no han transcurrido los cinco años de prescripción del delito citado, y en consecuencia no puede hablarse de prescripción alguna, ya que la expresada resolución, como es la providencia citada para recibir declaración a los imputados, supone que se ha dirigido el procedimiento contra los mismos, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 132 del Código Penal, e impidiendo el tener por prescrita la acción penal para la persecución del delito de que se trata".

La jueza remitió hace dos meses a la Audiencia Provincial el sumario del caso Caja España, en el que está imputado el actual vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, para que decidera si archivaba la causa, como pretendían este cargo y el resto de investigados en sus recursos, o por el contrario mantenía viva la misma, tal y como han reclamado las acusaciones populares de Izquierda Unida de Castilla y León y Ecologistas en Acción y la propia Fiscalía.

La magistrada también dictó el pasado 21 de junio un auto en el que desestimaba los recursos de reforma interpuestos por los investigados en los que aseguraban que los delitos que investiga la Fiscalía ya están prescritos. 

Afecta a los intereses generales

Según la Fiscalía, que denunció a Martínez-Maillo y al resto de integrantes del consejo de administración de Caja España el 20 de mayo de 2013, los créditos concedidos por la entidad financiera al que fuera presidente de la entidad entre junio de 2006 y octubre de 2012, Santos Llamas, y a empresas del grupo económico familiar afectaron a los "intereses generales", en la medida que la entidad Caja España, luego Banco Ceiss, recibió ayudas públicas del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (Frob).

"Se trata de operaciones aprobadas durante los años 2010, 2011 y el 26 de enero de 2012, que tenían por finalidad la refinanciación o restructuración de deudas sin aportación de nuevas garantías eficaces, efectuadas una vez que había vencido el plazo de carencia de pago de intereses y principal que se había concedido el 8 de enero de 2009, y que ponían de manifiesto la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus compromisos de pago en las fechas de su vencimiento", completa la resolución de la Sección Tercera..

El Ministerio Público considera que podrían haber cometido "el delito de administración desleal en el que podrían haber incurrido los miembros del consejo de administración de la Caja de Ahorros Caja España y Caja Duero hasta su fusión en el mes de octubre de 2010 y que luego formaron parte de la nueva entidad creada como consecuencia de la fusión, Banco CEISS, creado el 5 de diciembre de 2011", explica el auto de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León.

En concreto, el caso de Caja España se inició con la denuncia de la Fiscalía, basados en los informes del Banco de España, en el que advertía irregularidades en la concesión de créditos al entonces presidente de la entidad financiera, Santos Llamas. La denuncia le dirigió el Ministerio Público contra los miembros del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de Caja España y Caja Duero, entre los que se encontraba Martínez-Maillo.

Operaciones de riesgo

El responsable del Ministerio Público recuerda en sus escrito "la grave situación de déficit que atravesaba la entidad debido a las operaciones de riesgo que se habían acometido, entre ellas las del Grupo Santos Llamas, según se desprende claramente de la documentación aportada por el Frob [...] en la que se puede constatar la existencia de un importante volumen de apoyos públicos (1.129.000.000 euros) concedidos al Banco Ceiss", al mismo tiempo que el Frob ha absorbido perdidas en la entidad por importe de 525.000.000 euros.

"Por tanto, si se tuvo que inyectar 1.129.000.000 euros en ayudas para evitar la quiebra de Caja España y Caja Duero, luego Banco Ceiss, como consecuencia de las operaciones de riesgo asumidas y, entre ellas, las derivadas de las concertadas con las sociedades del grupo Santos Llamas (al menos 29,6 millones según el informe de los peritos del Banco de España, sin contar con el importe total impagado de los créditos concedidos, muy superior), esto supone un impacto relevante no sólo para la economía nacional sino, especialmente, para los intereses de la provincia, hasta el punto de que el Banco Ceiss tuvo que ser finalmente absorbido para evitar su desaparición, con las consecuencias económicas y laborables que ello ha supuesto para la provincia", completa el fiscal.

Tal y como consta en un auto de 2 de diciembre del año pasado, la jueza, en concordancia con la Fiscalía, acordó librar un oficio a la Junta de Castilla y León para que le remita todo el expediente sobre Caja España. En concreto, reclama al Gobierno de Valladolid una copia íntegra de todas las actuaciones e informes y de la resolución que cerró la investigación del Ejecutivo autonómico.

Expedientes administrativos

Pero también la magistrada solicita los expedientes administrativos tramitados a instancia de Caja España para la autorización de los acuerdos del consejo de administración en los que se renovaban, concedían o prorrogaban los créditos al presidente de la Caja desde el 8 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012.

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Además, la instructora ha acordado librar un oficio a Caja España a fin de que remita las actas de la comisión de control de la entidad desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012. "Así como una relación individualizada de todas las operaciones de renovación de préstamos a promotores inmobiliarios desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de dos mil trece, especificando si en esas operaciones ha existido condonación de intereses moratorios y plazos de carencia".

Y finalmente, la jueza acuerda volver a llamar a declarar a los peritos del Banco de España para que expliquen su opinión de los créditos investigados. Rocío González Boñar les cita como testigos después de haber anulado la primera comparecencia, después de que los investigados explicaran que estos funcionarios habían prestado testimonio sin estar los imputados presentes.

En su auto de junio pasado, la jueza Rocío González Boñar advierte de que las "irregularidades" cometidas en la instrucción ya han sido subsanadas "y ahora no se argumenta de forma adecuada la gran indefensión que haya podido producir la práctica de la prueba de los peritos con la intervención de partes que en principio fueron admitidas como tales, aunque posteriormente no hayan sido consideradas legítimas, teniendo en cuenta que la pericial se va a repetir íntegramente y que el resto de la prueba es documentación, como hemos dicho, invariable".

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