Madrid deniega becas a estudiantes de FP por "no existir crédito presupuestario disponible"

La Comunidad de Madrid ha denegado las becas de hasta 2.600 euros anuales para estudiar Formación Profesional (FP) de grado superior a alumnos que ya habían estudiado el primer trimestre de este curso 2016/2017 "al no existir crédito presupuestario disponible para cubrir la totalidad de las ayudas solicitadas". Estos jóvenes se ven ahora en la tesitura de tener que abonar los meses que adeudan y el resto del curso sin un dinero con el  que ya contaban. 

Ante el "agotamiento de los fondos", la Consejería de Educación ha optado por denegar las becas a los alumnos que, aun cumpliendo los requisitos de la convocatoria, tienen una renta familiar per cápita superior a 9.071,67 euros (36.286,68 euros de ingresos brutos para una unidad familiar de cuatro miembros), tal y como recoge la orden definitiva [consultar aquí], que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el pasado 28 de diciembre. 

Los afectados son estudiantes de FP en centros privados autorizados de la región que presentaron sus solicitudes en el segundo plazo establecido, que tenía un presupuesto total de 2,2 millones de euros. El tope de 9.071,67 euros corresponde al último beneficiario al sí le llegó la financiación. El primer período de presentación de solicitudes contó con un crédito de 19,8 millones de euros. En total, la Comunidad de Madrid destinará este curso 22 millones de euros a su controvertido sistema de ayudas a la FP de grado superior, que rechazan tanto las patronales del sector como los representantes de la educación pública.

La convocatoria [ver, aquí] establece que si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas solicitadas, estas se otorgarían "siguiendo el orden inverso a la magnitud de la renta per cápita familiar, hasta agotar los fondos destinados a estas becas".

A preguntas de infoLibre, un portavoz de la Consejería de Educación madrileña recuerda que se han agotado los 22 millones de euros presupuestados y pone en valor que se haya priorizado el criterio de renta para garantizar la ayuda "a quien más lo necesita". Asegura que este año la consejería ha concedido alrededor de 9.000 becas en un contexto de aumento de alumnos matriculados del 38% (de alrededor de 10.800 a 15.000). En el curso pasado los beneficiarios de ayudas para hacer FP de grado superior fueron 6.329. En el curso 2014/2015 habían sido 5.281 y en el 2013/2014, el primero con este modelo, 2.451. 

No obstante, la denegación de las becas a estos estudiantes también contrasta con la defensa de este modelo de ayudas directas que han hecho diversos representantes del Gobierno regional en los últimos años. En 2014, el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reiteró que este sistema garantizaba "que ningún estudiante de la región se quede sin cursar estas enseñanzas por falta de recursos económicos".

La convocatoria establece que los alumnos con una renta per cápita familiar de hasta 6.455 euros obtengan becas de 2.900 euros en el primer curso y de 2.320 euros en el segundo; los de ingresos por miembros de la unidad de entre 6.455,01 y 9.318 euros anuales, 2.600 euros en el primer curso y 2.080 euros en el segundo; y los de rentas per cápita de más de 9.318 euros, 2.300 euros en el primer curso y 1.840 euros en el segundo. Las cuantías más altas, de hasta 3.500 euros, se reservan para los estudiantes pertenecientes a familias perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, víctimas de la violencia machista y refugiados. 

Cambio de modelo 

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El Gobierno regional puso en marcha a partir del curso 2013/2014 un cambio de modelo en estos estudios. Eliminó los conciertos que tenía con determinados centros e implantó un sistema de becas para que los estudiantes que así lo quisieran acudieran directamente a centros 100% privados. Al mismo, tiempo duplicó el precio que los estudios de FP superior tienen en centros totalmente públicos, que pasaron a costar de 150 a 400 euros por curso. 

Los representantes de la educación pública rechazaron este cambio de modelo al considerar que, en algunos casos, podía resultar incluso más barato estudiar en centros privados que en públicos, donde habían subido las tasas y no existe la posibilidad de obtener ayuda alguna por parte de la Comunidad. Tampoco gustó el plan a las patronales del sector, que se quejaron de la inseguridad de un modelo ligado a las periódicas convocatorias de becas, que expuestas a los vaivenes presupuestarios frente la mayor estabilidad que, a su juicio, generaba el sistema de conciertos. 

La Comunidad de Madrid, sin embargo, siempre ha defendido que este sistema favorece la libertad de elección del alumno para escoger donde quiere cursar sus estudios y genera un incentivo en los centros educativos para adaptar sus programas formativos a lo que demandan los alumnos y las empresas, así como para enfocar las titulaciones ofertadas a las necesidades del mercado de trabajo, lo que "redunda en una mayor inserción laboral de los alumnos".