Caso Gürtel

¿Hay una ley del silencio en los partidos para no destapar la corrupción?

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, declara este lunes ante el juez.

La declaración este lunes del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en el juicio del caso Gürtel, desveló varias novedades con respecto al escándalo de corrupción que afecta a los conservadores. Una de las revelaciones más relevantes afecta al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que según Bárcenas fue avisado en 2004 de las actividades "ilícitas" que llevaba a cabo el líder de la trama corrupta, Francisco Correa. El extesorero afirmó en su declaración que Rajoy decretó entonces que el PP nacional cortase cualquier relación con Correa, pero el mandatario no acudió entonces a los tribunales a denunciar estas supuestas actividades irregulares.

¿Estaba obligado Rajoy a poner a la justicia sobre aviso en relación a estos ilícitos? Los expertos consultados por este diario no ofrecen una respuesta tajante al respecto, pero sí que dejan claro que los partidos españoles tienen tendencia a encerrarse en sí mismos y a protegerse de los casos de corrupción que ocurren en su seno a través del silencio. Esta actitud es común a otros países, pero en España se da con especial intensidad, explican los expertos, que señalan además que estas dinámicas contribuyen a magnificar la sensación de que la corrupción no se paga.

"Está claro que estas actitudes refuerzan la sensación de impunidad", sostiene Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo y especialista en asuntos de corrupción. Lapuente explica que es una actitud típica de los partidos políticos en todos los países atrincherarse ante los casos de corrupción que ocurren entre sus filas, pero señala que "en España, las formaciones políticas tienen un componente de agencia de colocación más importante que en otros lugares", lo que hace más complicado que una denuncia pueda venir desde dentro.

"No denunciar los casos de corrupción internos no es algo que únicamente ocurra en España, pero es verdad que aquí pasa más porque hay más personas que tienen sus perspectivas laborales unidas al destino del partido", sostiene el experto, que sin embargo insiste en que "ser delator suele ser un mal negocio en todas partes". Por su parte, Elena Costas, investigadora postdoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona y también experta en corrupción, menciona otro elemento característico del sistema político español que lo hace especialmente sensible a que se aplique la ley del silencio en los partidos con los casos de corrupción: la fortaleza de las formaciones políticas.

"En España los partidos son muy fuertes, porque el sistema político está diseñado para que se vote no tanto al candidato sino al partido", explica Costas. La diferencia con otros sistemas como el británico, donde el candidato tiene una relación mucho más cercana con el electorado al que representa –cada parlamentario es escogido individualmente por los votantes de su distrito–, "incentiva que aquí los partidos se protejan a sí mismos". En el mismo sentido se pronuncia Lapuente: "En España la ciudadanía tiende adjudicar la corrupción al partido y no al individuo, por lo que los partidos son muy sensibles a cualquier noticia que dañe su reputación" y eso supone un incentivo para tratar de tapar las actividades turbias.

¿Tenía que denunciar Rajoy?

Pero, más allá de estas consideraciones, si la declaración de Bárcenas ante el juez fuese cierta, ¿estaba obligado Rajoy a denunciar a Correa ante la justicia? Los expertos consultados por este diario no ofrecen respuestas tan tajantes al respecto, aunque sí explican que, en cualquier caso, un eventual delito de encubrimiento cometido por el presidente del Gobierno en 2004 estaría prescrito.

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"Hay que tener en cuenta que es muy habitual que, en los procedimientos, los acusados echen balones fuera, y la línea de defensa de Bárcenas parece ser la de incriminar a otras personas", plantea de inicio Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia. No obstante, el magistrado explica que "si fuera así", es decir, si Rajoy hubiera conocido en 2004 que Correa se dedicaba a realizar "actividades ilícitas" en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, "tendría que haberlo denunciado" en base a lo que indica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que indica que quien conozca que se está cometiendo un delito debe ponerlo en conocimiento de la justicia.

"Pero es divagar, porque en primer lugar no sabemos si lo que dice Bárcenas es o no verdad", afirma González Vega. En ese extremo coincide con él Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que explica que es "complejo" ofrecer una respuesta a la pregunta pero que, no obstante, señala que la "implicación" podría ir más allá que el mero encubrimiento. "Si al PP se le termina imputando alguna responsabilidad, no podría hablarse de encubrimiento, porque ese es un delito que sólo se puede aplicar a una persona ajena" al caso y no a alguien involucrado en el mismo, explica el fiscal.

En cualquier caso, Pallarés se muestra cauto a la hora de pronunciarse sobre si Rajoy debería haber acudido a los tribunales al conocer las "actividades ilícitas" en las que, según declaró Bárcenas este lunes, había incurrido Correa. "Para tener una prueba directa de un delito hace falta más que una mera sospecha", señala el portavoz, que afirma que es arriesgado "tirarse a la piscina" e ir a denunciar si no se manejan más que "sospechas" y no hechos contrastados.

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