Accidente de tren en Santiago

El Europarlamento exige a la Comisión Europea que abra una investigación independiente sobre el accidente del Alvia

Concentración de las víctimas del Alvia.

Los representantes de las víctimas del Alvia Jesús Domínguez y Teresa Gómez-Limón han regresado este martes al Parlamento Europeo para exponer ante la Comisión de Peticiones sus demandas respecto al accidente ferroviario que en julio del 2013 remató con la vida de 81 personas y dejó a más de 140 heridos. Las víctimas han denunciado el incumplimiento de la normativa europea por parte del Estado español y la existencia de publicidad engañosa en la inauguración de la línea de alta velocidad en el tramo entre Ourense y Santiago, donde se produjo el siniestro. Tras la exposición de sus argumentos, el Parlamento Europeo ha concluido en la necesidad de abrir de manera urgente una investigación independiente que arroje luz sobre los aspectos que rodearon a la catástrofe. "Es la obligación de la Comisión Europea iniciar una investigación que cumpla con todos los requisitos de independencia y aborde como mínimo las debilidades señaladas", ha remarcado la presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström.

El presidente de la Asociación de Víctimas, Jesús Domínguez, subrayó durante su intervención que la investigación realizada por el Estado español "no fue independiente", tal y como señala el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, ya que el equipo que lo elaboró incluía a las empresas implicadas y a "los mismos responsables que desconectaron el sistema de seguridad porque generaba retrasos". Además, Domínguez criticó que no se diera voz a las víctimas y que no se ahondara en "las causas profundas, las que atañen a las empresas públicas de Renfe y Adif".

Domínguez denunció asimismo la ausencia de constancia en la homologación del tren en su conjunto y la falta de garantías de interoperabilidad, incumpliendo una vez más la normativa europea. "Necesitamos a Europa y que se abra una verdadera investigación independiente", reclamó el presidente de las víctimas, "ya que cuando falla un Estado sólo nos queda Europa, y si Europa falla la UE no tiene sentido".

Por su parte, Gómez-Limón denunció las prácticas publicitarias en las que se presentaba la llegada del tren de alta velocidad cuando "no contaba con tales características". "En la web oficial se anunciaba la línea dotada del sistema se seguridad ERTMS –Sistema Avanzado de Seguridad–, cuando la realidad es que no estaba instalado", censuró. En conclusión, "nos dijeron a los consumidores que era una línea segura con todas las garantías, se omitió información esencial sobre la seguridad, y no se nos advirtió de que la seguridad dependía del maquinista, que no contaba con ayuda técnica", algo que Gómez-Limón entiende como una "práctica comercial agresiva cuyo autor fue el propio Gobierno".

Apoyo prácticamente unánime

La eurodiputada conservadora Rosa Estaràs evitó respaldar la petición de las víctimas al recordar que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela tiene "en marcha una investigación judicial" para dirimir la existencia de responsabilidades penales. Además, señaló que las conclusiones del informe de la CIAF –Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios– y las del informe europeo "son contradictorias", y por ello entiende que "la petición para que se sepa la verdad tiene que continuar abierta" pero "es el legislativo el que tiene que efectuarla" porque, considera, no se trata de una cuestión política.

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Lidia Senra (Anova) recalcó que "si las autoridades españolas hubieran actuado con responsabilidad y a favor de los derechos y la seguridad de las personas por encima de los intereses económicos, no estaríamos hablando de este accidente". Por tanto, pidió una comisión de investigación independiente para "que se conozca realmente la verdad".  También el europarlamentario Javier Nart (Ciudadanos) apoyó a las víctimas, y censuró que las comisiones de investigación en España "además de enterrar muertos entierran responsabilidades", algo que tachó de "extremadamente grave". Otros diputados europeos como Marina Albiol (IU), Beatriz Becerra (independiente) o Sergio Gutiérrez (PSOE) mostraron su apoyo a las demandas presentadas por la Asociación.

Finalmente, y tras la intervención de los representantes de la Agencia Ferroviaria Europea y de la Comisión Europea, la presidencia de la Comisión de Peticiones del Europarlamento sentenció que la Comisión Europea debe conducir una investigación independiente, ya que la obligación de indagar en las raíces que causaron el accidente no fue cumplida por el Estado español.

La portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, que acompañará a las víctimas en su encuentro este miércoles con la Agencia Ferroviaria Europea, celebró en conversación con infoLibre lo que entiende como "una contundente victoria de las víctimas del Alvia". Con la petición abierta, es "la Comisión Europea quien tiene que mover ficha" y además contemplar la posibilidad "de abrir un nuevo procedimiento de infracción al Estado Español", ya que actualmente "empresas como Adif, Renfe y Eneco continúan en la comisión". Por otro lado, Miranda considera "sorprendente que la Comisión Europea lleve seis meses sin moverse", algo que interpreta como consecuencia de "presiones políticas", que quedaron evidenciadas con el tardío acceso al informe.

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