Las diferencias territoriales dificultan el acceso al aborto en condiciones de igualdad

A mediados de 2010 entró en vigor la actual ley de plazos que consolida el aborto como un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo, durante las que puede abortar sin alegar ninguna razón. Esa norma plantea también que las interrupciones del embarazo deben realizarse en centros de la sanidad pública o vinculados a ella. Sin embargo, casi siete años después de su entrada en vigor, esta ley no ha logrado que todas comunidades apuesten por practicar estas intervenciones en sus centros públicos. Esa desigualdad también se manifiesta de forma muy clara en el método utilizado de forma mayoritaria para interrumpir el embarazo. 

En el total estatal, el 12% de los abortos se realizaron en 2015 en la red pública. Los datos oficiales que publica el Ministerio de Sanidad muestran una panorámica por territorios desigual, con autonomías en las que el aborto sigue siendo un derecho al que se accede únicamente en hospitales privados, aunque subvencionados. De hecho, en diez comunidades más del 95% de las intervenciones se practicaron en 2015 en centros concertados. Es el caso de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Madrid o Murcia. 

En algunas de ellas, como en Andalucía, existe un sistema de conciertos que está en vigor desde 1985 y con el que su sanidad pública financiaba ya el 70% de los abortos antes de que la actual incluyera esta prestación dentro de la cartera básica. Con este modelo los centros privados facturaban directamente el coste de la intervención entre los 350 y los 400 euros al Servicio Andaluz de Salud cuando en otras comunidades la mujer tenía que pagar por adelantado. Desde 2010, ya no ocurre así en ningún territorio. 

Para justificar que apenas se realicen abortos en la red pública, estas comunidades exponen los problemas de conciencia que alegan sus profesionales. Lo confirma a infoLibre un portavoz de la Consejería de Sanidad madrileña, que asegura que durante 2015 sólo se realizaron en centros públicos ocho interrupciones voluntarias del embarazo sobre un total de 16.139 porque "los médicos ejercen su derecho a la objeción de conciencia". 

Sin embargo, las cifras de las comunidades citadas contrastan con las de otras como Baleares, Cataluña o La Rioja, donde más de un 40% de estas intervenciones se realizan en centros de la red pública. ¿Tiene sentido tanta disparidad territorial a la hora de alegar objeción de conciencia? La ginecóloga Isabel Serrano, que fue presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, tiene claro que no. Y atribuye estas diferencias a las decisiones de los responsables políticos, que en la mayoría de comunidades no han apostado por fomentar que en sus hospitales públicos realicen abortos. 

"Las diferencias por territorios evidencian que algo pasa. En Cataluña, a partir 2010, la consejería se dio cuenta de que es mucho más razonable, rápido y saludable atender estas intervenciones en los servicios primarios de salud públicos y por métodos farmacológicos a través de la píldora abortiva RU-486. No tiene sentido que, en 2015, en la Comunidad de Madrid sólo un centro público declarara haber realizado abortos y que en Cataluña fueran 54", señala esta especialista. 

A preguntas de este diario un portavoz del Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña explica que desde 2010 se iniciaron una serie de acciones para incorporar esta prestación dentro de la cartera de servicios públicos con especial énfasis a la intervención mediante métodos farmacológicos, que se realiza en las 33 Unidades de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) en el ámbito de la atención primaria de salud.

"Se creó un protocolo clínico y varios documentos que sirven como recursos de soporte a la práctica profesional, además de una serie de trípticos informativos para las mujeres", añade este mismo portavoz. En Madrid, sin embargo, confirman que la Consejería de Sanidad no ha puesto en marcha ningún proyecto de formación en ninguna de las técnicas existentes sobre interrupciones voluntarias del embarazo para profesionales del sector sanitario público.

Métodos

Las cifras oficiales también reflejan que ese panorama de desigualdad también se reproduce en relación al tipo de método utilizado. Los datos globales del conjunto del país muestran que la técnica instrumental o quirúrgica, a través de una aspiración intrauterina con bomba de vacío bajo anestesia local o general, supuso en 2015 más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo. El aborto farmacológico con pastillas, que se supone que es más barato y menos invasivo, apenas supuso el otro 20%.

Sin embargo, hay unas enormes diferencias por comunidades que según la ginecóloga Isabel Serrano están generando un problema de "inequidad" para las mujeres de distintos territorios. Por ejemplo, en Baleares el 56,7% de las intervenciones se realizaron con píldoras que inducen el aborto y que en la mayoría de los casos no precisan después de un legrado o intervención médica. En el País Vasco, esta técnica se utilizó en el 48,2% de los casos; y en Cataluña, en el 43,5%. En Extremadura, sin embargo, sólo se utilizó este método en el 0,2% de las interrupciones; en Canarias en el 0,3% y en Madrid en el 1,6%. 

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Existe cierto consenso entre los expertos en que el método farmacológico, que se legalizó en el año 2000, es más barato y más sencillo, aunque también se alarga más en el tiempo. No es válido para todas las mujeres –es importante que puedan estar acompañadas en sus domicilios durante los días que el fármaco hace su efecto– y sólo se puede utilizar hasta la novena semana de gestación. Este método es utilizado de forma mayoritaria en países como Portugal, Francia, Escocia o Finlandia. 

En cualquier caso, sigue extrañando esa diferencia por territorios. Más aún teniendo en cuenta que el 70% de las mujeres que abortaron en España en 2015 lo hicieron antes de la octava semana de gestación. En Madrid, por ejemplo, de las 11.338 mujeres que interrumpieron sus embarazos cuando aún podían usar este método farmacológico, sólo accedieron a él 265 (el 2,3%). En Cataluña, sin embargo, de las 14.081 que abortaron en ese período, tomaron la píldora abortiva 8.045, el 57,1%. La consejería madrileña se limita a explicar a este respecto que los criterios que siguen los centros privados acreditados son "el periodo de gestación y la indicación clínica". 

La ginecóloga Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), se queja de que el aumento de intervenciones en la red pública en comunidades como Baleares o Cataluña se esté realizando a costa de que las mujeres "no puedan decidir entre todas las técnicas existentes". "Nosotros apostamos porque haya una formación de los profesionales, desde la universidades, en todas las técnicas específicas de aborto provocado, que tiene bastantes particularidades respecto a lo que es un aborto en curso", sentencia.